VIEJOS Y NUEVOS TEMAS DE LA POLITICA LATINOAMERICANA
Publicado el 19/08/08 a las 12:01 am
Por Constanza Moreira
Por cuarenta y ocho mil votos se perdió en Costa Rica el referéndum contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una diferencia ajustada, luego de una agotadora campaña donde los del «No» tenían todos los poderes en contra, incluyendo el llamado «cuarto poder»: los medios de comunicación. Así, y a pesar de todas las resistencias, Costa Rica se sumó a los otros países de Centroamérica que ya habían firmado el Tratado.
El TLC aún no entró en vigor, pero el Parlamento se apresura a aprobar una Agenda de Implementación, para poderle mostrar a Estados Unidos que «hemos cumplido con todos los requisitos y que el Tratado puede entrar en vigencia en el mes de setiembre», aseveró el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, el jueves 14 de agosto. Entre las muestras de la buena fe de Costa Rica se encuentran prontas a ser aprobadas algunas de las normas que aquí, en Uruguay, cuando se discutió el TLC con Estados Unidos, despertaron las mayores resistencias: la liberalización de los servicios gubernamentales y las normas sobre propiedad intelectual.
Las normas que regulan la propiedad intelectual ya se encuentran a consideración del Parlamento de Costa Rica, y prontas para ser aprobadas. También se han dado importantes pasos en la apertura del mercado de las telecomunicaciones, o sea, la tan mentada «privatización», que en Uruguay fue impedida, también por referéndum, en 1992. Asimismo, se incluyen aspectos relativos a la regulación del sistema financiero.
Así, Costa Rica puede ser usado como un buen ejemplo de cómo el TLC contiene en realidad una agenda «interna», que más allá del Tratado, habilita a los gobiernos a abrir sus mercados de bienes estratégicos, cuando éstos aún son públicos, como las telecomunicaciones, la energía u otros. Recordemos que Costa Rica es un país donde aún resiste un Estado de bienestar construido trabajosamente a lo largo de décadas de democracia y responsable por los buenos indicadores sociales y políticos que exhibe ese país en el continente. La firma del TLC ha servido para vencer las resistencias que se oponían a una agenda de modernización liberalizante y aperturista, que sigue tan en pie hoy en América Latina como lo estaba en la década de los noventa, aun cuando creamos que el «neoliberalismo» acabó.
Los buenos indicadores sociales de Costa Rica, sin duda ya están sufriendo el impacto de la crisis de Estados Unidos: algo que en Centroamérica se vive en forma bastante más dramática que en nuestros países. La suba del precio de los alimentos, la mayor inflación en dos décadas y el costo del petróleo, son tres de los factores que impactarán más negativamente sobre las poblaciones más pobres. En Costa Rica ya se han hecho estimaciones. El cambio en la meta de inflación para 2008 anunciada por el Banco Central genera una previsión de un aumento de la pobreza de hasta 3% y 4%. El propio BID anunció que la causa de este aumento de la pobreza es el aumento en los precios de los alimentos, que impactará en las familias más pobres, que destinan un 45% de sus ingresos a la comida. Mientras tanto, el gobierno anuncia ajustes en la política social, dado los recortes presupuestarios que se hará necesario realizar, de cara a las previsiones sobre el desempeño económico de este país en el corto plazo.
Libres del TLC, los problemas para los países del «eje progresista» no son menores, sin embargo. Viejos temas de la política latinoamericana de izquierda, o «populista», están a la orden del día hoy, como hace treinta años: defensa de la soberanía de los recursos estratégicos, reforma agraria y nacionalización y estatización de empresas y bancos, siguen siendo hitos en la política regional. Venezuela se apresta a nacionalizar el Banco de Venezuela, en medio de profundas críticas de quienes no dudan en tachar viejas medidas soberanistas (como la nacionalización o la estatización) de «comunistas». Asimismo, ha lanzado una nueva moneda que servirá como medida para los emprendimientos de la economía «solidaria». Aunque la reforma constitucional que contenía el articulado respecto a estas nuevas formas de la propiedad social no fue aprobada, el gobierno cuenta con los medios legales como para impulsar dichas iniciativas. Si bien es claro que las mismas no tienen la menor condición de desafiar la estructura de relaciones de producción capitalista de Venezuela, las críticas no escatiman en usar adjetivos para estos tímidos intentos, que harían sospechar que en Venezuela el Estado ha expropiado los medios de producción. Nada más alejado de la realidad.
Mientras tanto, Evo fue ratificado en su cargo con una mayoría tan abrumadora (68%: casi catorce puntos más de los que obtuvo en la votación que lo llevó a la Presidencia), que la lectura de que esta votación «no arregla nada» parece sospechosa. Para empezar, lo primero es lo primero. Evo Morales es el presidente con la mayor legitimidad electoral que se haya registrado en toda la historia democrática de Bolivia. Para seguir, lo segundo es lo segundo. Aunque se ratificaron los prefectos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz, la llamada «media luna», fueron removidos de sus cargos dos prefectos que estaban en la oposición al gobierno, en los dos principales centros económicos, políticos y urbanos del país: La Paz y Cochabamba. En especial, la revocación del mandato de Manfred Reyes, en Cochabamba, debe leerse, en su cabal trascendencia, a la luz de los sucesos de la historia política reciente de este país. Refresquemos la memoria. En los enfrentamientos del «enero negro» de Bolivia, en 2006, entre los movimientos llamados «cívicos» y los campesinos, que registraron centenares de heridos y dos muertos, se libraba una batalla por la destitución de este prefecto. Los campesinos pidieron por su destitución y pagaron con muertos y heridos. Hoy, este prefecto se apresta a irse no sólo de la política, sino también del país. La revocación de Manfred Reyes es entonces para Bolivia un acontecimiento de la mayor importancia. Y si no, baste registrar que, a la vista de estos resultados, los prefectos reelegidos de la «media luna» ahora sí se aprestan a negociar con el gobierno, porque, ¿qué autoridad se anima a desafiar a un presidente con más de las dos terceras partes del país a su favor? Claro está que los viejos temas de América Latina, están presentes también en Bolivia. Uno de los aspectos más críticos de la nueva reforma constitucional es aquí, como en Venezuela, el de la propiedad privada. La determinación de la superficie de los latifundios expropiables constituye uno de los temas que registran el mayor desacuerdo. La vieja bandera de la reforma agraria, en una América Latina que ha visto concentrarse la propiedad de la tierra década tras década y siglo tras siglo, aún sigue vigente.
Y para quien siga haciendo hincapié en mencionar la fragilidad y el cortoplacismo de las nuevas alianzas en América Latina, vale la pena registrar quién acudió y quién no al acto de asunción de Lugo en Paraguay. Todo el «club progresista» estuvo ahí. Para que no queden dudas.
Tomado de La República, 18/8/08.
