En vez de comenzar a romper con la dominación del bloque de poder, el gobierno del Frente Amplio rompió con el programa

Publicado el 06/08/08 a las 10:24 pm

En la noche de hoy la Red de Economista de Izquierda del Uruguay (REDIU) presentó un nuevo libro: «El necesario golpe de Timón». Se trata de una interesante contribución a la polémica de la izquierda nacional.

Publicamos una parte de la Introducción.

Luego de tres años de gobierno, dicho sea con mucho pesar, no es posible sostener, que se haya impulsado un proyecto político, y de política económica diferente. A pesar de algunos cambios necesarios (MIDES, negociación colectiva y libertades sindicales), y de cierto ordenamiento y racionalización de mecanismos de gestión, el cambio esencial diseñado ya desde la constitución del FA y ratificado durante la campaña electoral, no sólo no fue encarado sino que la gestión de gobierno fue en sentido opuesto. No hay estrategia de desarrollo autónomo, tampoco canales de participación ciudadana. El Gobierno, en lo esencial, ha roto con el Programa.

Por sobre todo, ha frustrado las expectativas de participar en una epopeya democrática de construir un país de trabajo, justicia y solidaridad para nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchos jóvenes, demasiados, no han dejado de emigrar o de pensar en hacerlo, pues no sienten que aquí haya espacio para ellos. Para todos los jóvenes, peor que la falta de esperanzas, es la frustración de aquellas en que se creyó y no se concretaron.

Junto con su trámite poco democrático, recorta el alcance ético y estratégico de grandes luchas del pueblo uruguayo, a las que les asigna un valor puramente instrumental y táctico. Conviven en la gestión de gobierno mensajes contradictorios. Por un lado, un enfoque avanzado de derechos humanos en seguridad interna, y en especial en una actitud rupturista en cuanto a su actuación ante conflictos de derechos (huelga y propiedad), y por otro, represión en alguna manifestación pública. A un inicio dinámico en cuanto a la reinterpretación de “la ley de caducidad” y de búsqueda de la verdad, le sigue un intento por restaurar los discursos de “punto final” y la criticada “teoría de los dos demonios”.

En lo que respecta al Estado, éste no se ubica de forma diferente en la economía. Lejos de lo que se esperaba y se detallaba en el programa histórico del FA, el Estado siguió la misma pauta en relación a de intervención en la economía. En este entendido, no cambió en su esencia, no aportó una institucionalidad diferente y tampoco mecanismos que desafiaran el bloque en el poder. Por el contrario, apuntaló la institucionalidad propia de los mecanismos mercantiles y la institucionalidad supranacional que regla el desarrollo capitalista, se crearon organismos, agencias específicas que, a pesar de algunas novedades de forma, guardan una estrecha relación con las prácticas anteriores que expresaban lo consensuado en Washington.

La inserción internacional no presenta las líneas que se desprenden del programa. Peor aún, sin que las estructuras naturales del Frente Amplio, los representantes y, mucho menos el movimiento popular, tuvieran arte ni parte, desde el Gobierno un equipo ad hoc ha llevado a cabo un proceso de subordinación a Estados Unidos, su política y su geopolítica, así como a los organismos multilaterales que la implementan.

El financiamiento de la inversión sigue recostado en la deuda y la inversión extranjera. Se esperaba, desde la lógica programática, que el gobierno tuviera una actitud más autónoma y se ubicara en otro lugar para relacionarse con la institucionalidad multilateral de crédito. Esto no fue así, las negociaciones con el FMI fueron rápidas y expeditas, la estrategia fue convalidar la deuda y cambiar los acreedores multilaterales por tenedores privados de bonos. La gestión de la deuda externa se viste de éxitos muy relativos. Disminuye hoy su peso proporcional en el producto debido al crecimiento dinámico de los últimos cuatro años y la evolución del tipo de cambio; mientras que el nuevo perfil permitió un manejo más holgado de las finanzas públicas en la coyuntura a costa de un endeudamiento mucho mayor a largo plazo. No obstante la decisión del gobierno de adelantar los pagos de deuda al FMI, los flujos de capital externo por concepto de intereses (es lo único que se paga) siguen siendo importantes y exigen una disciplina fiscal que compite con la necesidad de fondos para apuntalar al desarrollo nacional. Es posible sostener que la política de endeudamiento buceó en las condiciones favorables de la caída de tasas de interés y el crecimiento económico basado en el precio de las commodities exportadas. En contrapartida, estas alzas internacionales de precios tuvieron impactos negativos en los precios domésticos de la economía.

La política macroeconómica y de gestión de deuda fue congruente con el impulso que el gobierno le otorga a la inversión extranjera directa. La inversión extranjera sigue usufructuando garantías y privilegios que la nacional no tiene. La reindustrialización de exportación se refugia en las zonas francas con nulo derrame en la economía nacional, el territorio se extranjeriza y se dinamizan las actividades productivas cuestionables para el medio ambiente, se concentran las industrias tradicionales también en manos extranjeras. La reforma tributaria, largamente esperada, no encara la redistribución positiva de los recursos económicos y tampoco abona al control nacional de las decisiones estratégicas de los más desposeídos. Los impuestos directos a los salarios y las jubilaciones y los indirectos que gravan el consumo explican la mayoría de los ingresos del Estado, mientras el patrimonio productivo y la riqueza acumulada no contribuyen a tal financiamiento. El pequeño impacto distributivo entre ingresos, se produce al interior de trabajadores y jubilados.

RESUMIENDO, las acciones del gobierno no fueron a contramano de ese modelo de desarrollo auspiciado y “vigilado” en los años anteriores por la institucionalidad internacional de Bretton Woods. Los tres ejes que se proponían en los noventa, leit motiv de la organización económica para afrontar el proceso de globalización, fueron seguidos sin claudicaciones por el gobierno actual. El Estado no fue articulador privilegiado de la economía ni participó en procesos de redistribución social de los recursos y el poder, siguió los acuerdos con el FMI bajo los mismos parámetros de antaño, a pesar de dilapidar una suma importante para quitarse la presión de la “condicionalidad estructural”, las políticas gubernamentales no se alejaron de las establecidas por tal institución.

La inserción internacional no tuvo un mínimo atisbo de planeación estratégica, se alejó de la región y no se pudo lidiar con problemas fronterizos, se mantuvo una posición internacional de aislamiento y críticas a las posiciones latinoamericanistas. Peor aún, en contraste con el programa histórico de la fuerza política, se estrecharon lazos con la economía norteamericana y sus instrumentos neocoloniales actuales, los TLCs y sus tratados propiciantes.

La economía doméstica siguió abriéndose, se privatizaron con garantías estatales excesivas compañías públicas en el mismo sentido que en los 90′ (i.e. PLUNA), se alentó en un marco de desregulación económica la extranjerización de la tierra y complejos productivos. Esto último obliga al Estado a correr detrás de las consecuencias no queridas que genera la producción extranjera, ya sea en controversias internacionales, en impactos ambientales, en definitiva, en las condiciones de vida de la población.

Tomado del Boletín Informativo de Alternativa Popular 1815.