La Izquierda y los impuestos

Publicado el 16/07/08 a las 1:00 am

Por Constanza Moreira

Durante la pasada semana se hicieron públicas algunas declaraciones de voceros del FA y de representantes del PIT-CNT sobre el IRPF. Las demandas sobre su corrección son variadas.

Recapitulemos: una de las más conocidas es la del aumento del mínimo no imponible; es decir, que el impuesto se cobre no a partir de los poco más de ocho mil pesos, sino a partir de ingresos superiores a esa suma. Esta demanda está, posiblemente, entre las más simples de administrar técnicamente. Una segunda, más compleja de solucionar técnicamente, es la de tomar en cuenta el núcleo familiar y no el ingreso individual de las personas, a la hora de aplicar deducciones o fijar nuevos parámetros. Algo de ello está comprendido con relación a los menores de dieciocho años, pero buena parte de los hogares uruguayos tiene adultos en situación de dependencia que no perciben ninguna remuneración y que deberían ser incluidos en esta perspectiva.

Una tercera, que en estos momentos no está tan a la orden del día, pero que ocasionó críticas «por izquierda» al IRPF, es lo poco exigente que resultaba con el capital, dado que la composición de lo que se recauda está básicamente compuesta por lo que aportan salarios y jubilaciones. Por último, las controvertidas sentencias sobre la inconstitucionalidad del IRPF para los pasivos, le han colocado un problema «desde afuera», y el gobierno ensaya soluciones posibles.

Todo ello debe ser colocado en la perspectiva temporal de las distintas instancias que la población ha vivido en relación al IRPF, desde su anuncio hasta su implementación. A pesar de ya existir un clima de opinión sobre el mismo, no muy positivo, desde sus anuncios, este se consolidó cuando el impuesto comenzó a ser aplicado. Allí se hicieron sentir las críticas más importantes y la población comenzó a «sentir» el impuesto en carne propia. Un segundo momento lo constituye el actual, donde los contribuyentes concurren con su declaración a la DGI y allí enfrentan la situación de si pagaron más o menos (en general menos), con los consiguientes enojos de aquellos que aún están debiendo (a pesar de los descuentos que se les efectuaron). A ello se suman los aportes del Fonasa, que comenzaron a hacerse sentir recientemente sobre los trabajadores formales. El clima de opinión registra estos distintos hitos del IRPF y las críticas mencionadas más arriba deben inscribirse en este contexto.

Algunos estudios que se realizaron sobre las distintas agendas de gobiernos «socialdemócratas» (es decir, de izquierda) y «conservadores», muestran que en general, los gobiernos de izquierda tienden a tener una política impositiva más exigente, mientras gobiernos más «liberales» tienden a tener una política impositiva menos exigente. Al mismo tiempo, los mismos estudios muestran que los gobiernos «de izquierda» o «progresistas» exhiben una mayor preocupación por las cuestiones sociales y tienden a priorizar las cuestiones de empleo y salarios. Los gobiernos liberales, a su vez, tienden a ser más «neutrales» en la cuestión social y adoptan una postura de menor intervencionismo estatal.

El estudio llevado a cabo por Carles Boix: «Partidos políticos, crecimiento e igualdad» en 1996, muestra que «los partidos de izquierda alientan la intervención del sector público en la economía: aumentan significativamente sus impuestos para financiar sus esquemas intervencionistas, reclaman para el Estado un importante papel en la provisión de capital físico y humano, y establecen mecanismos e incentivos fiscales y legales para modificar las decisiones de agentes privados sobre ahorro e inversión». El mismo estudio señala que «los gobiernos socialdemócratas han tendido a fijar tipos impositivos muy altos sobre los beneficios de las empresas junto con extensos incentivos a la inversión para canalizar estos últimos hacia actividades productivas».

Puestas así las cosas, parece que el conjunto de medidas impulsadas por el actual gobierno, incluyendo su política impositiva, su política laboral y sus planes y programas sociales, se encuadra en lo que es la característica de un gobierno «de izquierda», o, en el lenguaje de Boix, «socialdemócrata». ¿Cómo explicar el malestar que se vive, ya no sólo del lado conservador del espectro político, sino de la propia izquierda, en relación a estas medidas? Sin duda, el malestar está básicamente concentrado en el IRPF. Los estudios en elites y opinión pública muestran que las políticas sociales (Plan de Emergencia, reforma de la salud) y las laborales (Consejos de Salarios) son en general bien evaluadas por la mayoría. El IRPF es, del conjunto de medidas «socialdemócratas», volviendo a Boix, el que mayores problemas causa.

Varios factores colaboran a ello. En primer lugar, el más básico, es que las políticas impositivas, cuando aumentan la presión impositiva en algunos sectores de la población, causan malestar en estos sectores. Si estos sectores son el 20% de la población, y están concentrados en los sectores medios, se entenderá el impacto político de este malestar. Así, a pesar de las reiteradas declaraciones sobre que no habría aumento de la «presión tributaria», y de la defensa del IRPF como un impuesto «ordenador» más que redistributivo, la población no lo vivió así.

Esto tiene que ver con otro factor, que es la suma del IRPF más el IVA, que sigue siendo muy alto en nuestro país (y se aplica hasta a las tarifas públicas). El IRPF sustituyó a algunos de los impuestos anteriores, pero el IVA, que es el impuesto «recaudador» por excelencia, permaneció básicamente incambiado.

Un tercer factor, que viene pesando en estas consideraciones, es la combinación entre los bajos sueldos que se pagan en nuestro país y el aumento de los precios. Aunque los niveles salariales mejoraron, siguen siendo extremadamente bajos, y a pesar de que hubo un impulso a la formalización del empleo y se crearon nuevos empleos, la informalidad es alta. La combinación de la suba de los precios con la escasa recuperación económica de los que más sufrieron con la crisis de 2002, no contribuyen a que se consolide entre la población una situación de mejoría económica, como la que muestran los indicadores. Al decir de Sanguinetti hace unos años, la «sensación térmica» de la opinión pública no es todo lo positiva que debiera ser, a juzgar por los indicadores que se divulgan frecuentemente. En el ánimo de la gente, «apenas nos recuperábamos de la crisis de 2002», y ello debe contarse entre los factores contextuales que hacen que las nuevas políticas impositivas sean vistas como un afán recaudador del gobierno y no como una medida de justicia social.

Pero hay otros dos factores, que deben ser mencionados. Uno primero, es que a diferencia del IRP, que siempre fue considerado «provisorio», y se aplicó progresivamente, esta es una política estructural, que vino para quedarse, y no llegó progresivamente, sino de golpe. Esto tiene que ver con la forma en que se aplican estas políticas: los tiempos en que se hacen, y especialmente, la forma en que se justifican y legitiman ante la población. El segundo factor tiene que ver con esto último, y volvemos al tema de Boix.

La política impositiva no causó una protesta encendida de los grandes empresarios (como en Argentina), sino, además de la ya esperable de los partidos de oposición y sus simpatizantes, de la clase media y de los jubilados. Y el discurso que legitima estas medidas mezcla argumentos contradictorios: el de que «pague más el que gana más» (un discurso al que difícilmente alguien podría oponerse) y el que hace énfasis en el «clima de negocios» y las políticas de incentivo a la inversión (que en el caso de algunas extranjeras, supusieron cero carga impositiva, como lo es la concesión de zonas francas). Esta contradicción en el discurso hace que la política impositiva cause escozor tanto por izquierda como por derecha. Ya se están instalando modificaciones y probablemente veamos más en el futuro.

Tomado de La República, 14/7/08.