Argentina: el cuadro actual

Publicado el 24/06/08 a las 1:40 am

Escribe: Guillermo Almeyra

No se discute solamente un impuesto sino el derecho a limitar el “mercado”, o sea, el predominio del lucro y del interés privado sobre el carácter social de la producción de alimentos y sobre la propiedad de la tierra.

I

¿Cuáles son los principales datos del conflicto en Argentina?

–Por un lado, la deuda externa que, según el Financial Times, alcanza ya el nivel de 2001 (pese al descuento unilateral y al pago al FMI, tan cacareados por el gobierno), ya que está cerca de los 185 mil millones de dólares y aumentará este año por lo menos en 5 mil millones más, porque su pago está ligado al índice de la inflación. Por eso, dicho sea de paso, las estadísticas oficiales mienten sobre dicho índice, pues si diesen las cifras reales del aumento de los precios, los intereses de la deuda aumentarían a 10 mil millones. Esa deuda externa sigue siendo impagable, pero el gobierno no sólo la reconoce, sino que también aceptó la escala móvil de intereses en dólares como regalo al capital financiero.

–El control de la renta extraordinaria: en cuanto a la petrolera, ya el gobierno renovó los contratos con las empresas extranjeras por 40 años (hasta después de cuando, según los expertos, se acabará el petróleo argentino) y garantizó así a esos pulpos. A la gran minería extranjera no sólo no le tocan las ganancias extraordinarias ni le hace pagar el deterioro ambiental, sino que además la subsidia. Tampoco cobra impuestos a las ganancias financieras ni toca con las retenciones (el impuesto a la exportación) a las grandes trasnacionales que controlan el sector granero y que, en los cinco meses recientes, ganaron 63 por ciento más que en el mismo periodo de 2007 exportando, a pesar del llamado paro agrario, por valor de casi 11 mil millones de dólares. La mayor retención a la exportación de soya (para que ese cultivo no elimine el de maíz, oleaginosas, trigo –que se corre el peligro de tener que importar– ni la ganadería vacuna) asegura a los productores una ganancia mayor, después del impuesto, a la de años anteriores. Siguen pues produciendo y exportando ilegalmente sin que el gobierno intervenga con medidas reales, como podrían ser una ley sobre los contratos de arriendo, la supresión de la ley de la dictadura contra los jornaleros agrícolas (que no gozan de derechos legales y cobran salarios de miseria) y, sobre todo, la creación de una junta reguladora de granos oficial y la comercialización en el exterior, por el Estado, de las cosechas y los productos del campo.

El gobierno, por otra parte, sigue con la más injusta política impositiva. El grueso de las contribuciones al fisco proviene de la aberrante concepción según la cual el salario sería renta, y del IVA de 21 por ciento sobre alimentos, en vez de basarse en la tasación a los especuladores y los más ricos.

–La disputa por la renta y por la orientación productiva del país: el capital financiero mundial se apodera de la producción de alimentos, del agua y de los recursos naturales, y tiene una visión estratégica mundial dentro de la cual Argentina, vasta, poco poblada, con tierras fértiles y llanas y mucha agua, es una pieza importante. No es posible desvincular el conflicto actual en este país de la tendencia a la desvalorización a escala mundial de los bienes industriales ante la masificación de la producción y, por el contrario, al costo cada vez mayor de los alimentos (con las consiguientes hambrunas masivas y la desaparición física de los más pobres).

El capital financiero mundial (con el cual están integrados los grandes capitales rurales argentinos) no acepta la política del gobierno de Buenos Aires basada en un dólar caro para frenar las importaciones industriales y agrícolas, y proteger así un mercado interno para los industriales cuyas exportaciones son favorecidas al mismo tiempo por ese tipo de cambio.

El gobierno está también interesado en mantener los productos-salarios, como los alimentos, a un precio bajo para que el costo de la mano de obra no suba y las ganancias patronales sean altas y estables y, por tanto, al control de precios une los subsidios a las grandes cadenas vendedoras de alimentos y a los servicios (transporte, luz, gas domiciliario, etcétera).

El capital financiero cree que eso es despilfarro y demagogia, al igual que los grandes productores de soya, a los cuales no les importa sino lo que podrían ganar exportando, aunque el país se quede sin carne, ni maíz ni trigo o caiga en la miseria 20 por ciento más de los pobladores por no poder cubrir sus necesidades elementales. Tampoco les importa que el Estado se quede sin poder financiar las escuelas, los servicios básicos, los hospitales. Ese es el fondo de la lucha: el interés del capital financiero y rural contra el gobierno que no quiere abandonar a la industria productora de bienes de consumo (y que da trabajo) ni abandonar a su suerte a su base popular.

Los cortes de ruta, por consiguiente, buscan doblarle la mano al gobierno para que el control de la renta agraria esté en poder del capital financiero y para que Argentina sea exclusivamente productora de las materias primas agrícolas que determine el “mercado” (es decir, cuatro o cinco oligopolios). Constituyen un “golpe blanco” y un chantaje político para imponer una política antipopular, para concentrar aún más el ingreso en manos de los capitalistas. Forman parte de un movimiento dirigido por el capital financiero y por las grandes soyeras, que arrastró a los medianos y pequeños capitalistas rurales.

El problema principal consiste en ver por qué, dado ese carácter de clase, no sólo no encontró respuesta de los trabajadores, sobre todo urbanos, sino que también despertó simpatía en algunos sectores de éstos. Trataré de explicar eso en mi siguiente artículo.

Tomado de La Jornada, 15-6-08.

II

Oficialmente, según sus organizadores, terminó el lock out patronal agrario, que duró 101 días. Sin embargo, eso no asegura automáticamente que cesen los cortes de ruta que han hecho paralizar actividades productivas por falta de combustible, de piezas de repuesto, de materias primas para su elaboración o por la imposibilidad de hacer llegar el producto terminado a su destino final. La guerra económica que tuvo en rehenes a la población pobre de las ciudades y como objetivo político torcerle el brazo al gobierno con la resolución –forzada y tardía– de dejar la papa caliente en manos del Parlamento entra ahora en una nueva fase. En efecto, en los cortes de ruta la dirección estuvo hasta ahora en manos de los más radicales (los antiperonistas furibundos aliados a los maoístas del Partido Comunista Revolucionario, como la dirección de la Federación Agraria Argentina –FAA– de la provincia de Entre Ríos y otros grupitos ultras que ponían sus pocas huestes al servicio de los hacendados que para ellos eran “el campo”). Hoy, en cambio, en el momento de discutir y negociar, pasan a primer plano los más moderados, como el presidente de la FAA, Buzzi, ligado al Partido Comunista, o en primera persona los dirigentes de la rancia y antiperonista organización de los oligarcas terratenientes y exportadores, la Sociedad Rural Argentina. Ya tuvieron que desmentirse el dirigente de la Confederación Rural Argentina, representante de los terratenientes medios, que habló de cerrar el Parlamento si éste no votaba lo que ellos querían, y el dirigente de la FAA entrerriana, quien dijo que, con piquetes, iban a “enseñar a legislar” a diputados y senadores. Y ya “el campo” no califica más de “cagones” a los gobernadores pues de lo que se trata ahora es de separar de la política gubernamental el máximo de diputados, senadores, alcaldes y gobernadores que sea posible. Porque el rechazo del gobierno a cumplir con la Constitución y hacer aprobar por el Parlamento –donde tiene mayoría absoluta en las dos cámaras– el impuesto a la exportación se debe a la conciencia de que una discusión real no sólo dará voz y tribuna en el mismo a críticas y propuestas de izquierda y de derecha, sino que, además, le hace correr el riesgo de que aparezcan tendencias incluso contrapuestas en el heterogéneo bloque oficialista. Y, sobre todo, de que surja un centro de discusión que dé oportunidad a los trabajadores para que empiecen a discutir el fondo de la cuestión, fuera de las instituciones, en las fábricas y en los barrios, y empiecen a pronunciarse directamente (como los electricistas de Córdoba, cuyo sindicato se ha pronunciado ahora por la estatatización del petróleo y el monopolio estatal del comercio de granos).

Porque el gobierno no puede pretender que su propuesta de ley sobre las rentenciones soyeras (también tardía, también impuesta por los cortes de ruta, también improvisada) se apruebe rápidamente y sin discutir gracias al voto aplanadora de la mayoría absoluta oficialista. No sólo porque la agudización del conflicto torna imposible tal medida de fuerza, sino también porque cada diputado, senador, alcalde o gobernador tiene que tener en cuenta la economía, la composición social y las relaciones de fuerzas políticas en su distrito y no puede responder sólo al Poder Ejecutivo, sino que debe rendir cuentas también a su base (y a esto se agrega la lucha interna en el Partido Justicialista, fomentada por el ex presidente Duhalde y por el también ex presidente Rodríguez Saa, que le serruchan el piso a Kirchner). Ya antes de que empiece la discusión en el Parlamento, en efecto, han surgido propuestas entre los parlamentarios de la mayoría de extender la discusión a la política económica y de crear una junta nacional reguladora de granos que, en cierta medida, trate de controlar y planificar la producción agraria según las necesidades del país y no según las ganancias para el capitalista rural.

Ante la inevitable discusión parlamentaria, el gobierno puede tratar de acortarla, de circunscribirla al tema impositivo y a su proyecto de ley sobre retenciones y de blindar así su mayoría, comprando además todos los votos que pueda. La derecha, por su parte, intentará dividir al bloque oficialista, también con ofertas monetarias y políticas, pero sobre todo jugando con las diferencias que existen entre los diversos sectores productivos y entre las diversas zonas rurales y provincias que el gobierno, torpemente, no tuvo en cuenta al hacer su propuesta inicial sobre las retenciones, ayudando así a que los pequeños capitalistas se uniesen al capital financiero y a las trasnacionales, y los propietarios de 40 hectáreas de tierra pobre a los que siembran 130 mil en la pampa húmeda.

Se ha abierto el periodo de las discusiones. Conviene a los trabajadores que dure y se amplíe, porque lo que debe quedar claro es que no se discute solamente un impuesto sino el derecho a limitar el “mercado”, o sea, el predominio del lucro y del interés privado sobre el carácter social de la producción de alimentos y sobre la propiedad de la tierra. Y que no es posible tolerar que el país sea solamente exportador de productos agrícolas, acabando con la industria, un país para un 20 por ciento de sus habitantes, con el 80 por ciento en la pobreza, la miseria y la desocupación, como en tiempos de Menem, la derecha peronista y el neoliberalismo sin trabas. Hay que rediscutir en todas las sedes toda la política impositiva, eliminando el IVA a alimentos, medicinas y productos de primera necesidad y el impuesto a los salarios medios y bajos, que pague el capital financiero, que paguen las trasnacionales y la minería. Hay que frenar la extranjerización del territorio y evitar su soyización y deforestación. Hay que discutir la democratización de la vida política.

Tomado de La Jornada, 22-6-08.