jueves 29 de octubre, 2020

UNA BOMBA DE TIEMPO

Publicado el 18/06/08 a las 1:30 am

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Sobre la ronda de consejos de salarios.

Las pautas no aseguran el cumplimiento del compromiso de recuperación, aumentan la conflictividad y ponen en riesgo el resultado electoral.

Escribe: Joge Notaro.


EL COMPROMISO DE RECUPERACIÓN

Para volver al nivel del salario real del sector privado de 1998 o si se quiere tomar un punto de referencia más amplio, de 1997 – 2001, se requiere una aumento entre 10 y 12% por encima del IPC. Quedan por lo tanto cuatro aumentos semestrales y en cada uno, el porcentaje de aumento debería ser igual al promedio del IPC esperado para el semestre más un dos o tres por ciento. La situación es distinta según los grupos y por ejemplo, la Enseñanza y la Salud son los que están más lejos y requieren aumentos mayores, mientras que las Industrias de Alimentos y Bebidas y las Curtiembres están muy cerca. Los indicadores de la capacidad de pago de aumentos muestran la viabilidad en general, con excepción de las industrias textil, vestimenta y calzado.

Las pautas generan incertidumbre sobre el logro de las metas por el porcentaje de recuperación, el momento de corrección y lo más importante, la forma de estimar la inflación futura. Los porcentajes son menores a los necesarios para que los trabajadores salgan de la pobreza, aún para los salarios más bajos. La postergación de la corrección hasta el 1 de julio de 2010 lleva a que si la inflación supera la proyección, los salarios reales estarán por debajo del nivel de recuperación.

Finalmente, la inflación será superior a la que propone el MEF. Hace más de dos años que las proyecciones del MEF presentan errores persistentes, subestimando el crecimiento del PBI, la inflación y la recaudación. Llama la atención en un equipo con tantos PhD ya que si bien equivocarse es humano, sorprende la reiteración de los pronósticos siempre por debajo de lo cumplido. Algunos consideran que está fríamente calculado como forma de guardar una carta en la manga, pero las consecuencias son salarios y gasto público menores de los que permitirían proyecciones más realistas.

Los aumentos del salario mínimo y para los salarios hasta $3.900 en un 20%, así como el 16% para el tramo de $3.901 y 4.250, es una buena idea, pero tardía e insuficiente. Tardía, porque esa política debería haberse aplicado durantes los últimos 5 ajustes; el único período en que se redujo en forma significativa la pobreza y el empleo de mala calidad fue durante el segundo semestre de 2005, con la reestructura de las escalas de salarios. Insuficiente, porque esos niveles quedan fijos hasta setiembre de 2009 y si los pronósticos de inflación son superados, al final del período el aumento real será escaso.

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS

Nunca trabajaron tantas personas, aproximadamente un millón y medio en todo el país, pero los ingresos son tan bajos que hay más personas pobres que en 1997 – 1998 y aún que en 1999- 2001 ¿son suficientes los excepcionales resultados de crecimiento de la economía y la inversión, de gestión de la deuda externa y las cuentas públicas? ¿o por el contrario, dichos resultados deberían ser un instrumento para que la población más castigada por la crisis recupere las mejores condiciones de vida?

Se requieren algunas modificaciones en las pautas. En primer lugar, como alternativa a la propuesta del MEF se puede tomar un reciente informe de la consultora CINVE, que ha nutrido y seguirá nutriendo de técnicos al actual gobierno, que pronostica un aumento del IPC de 7.48% para 2008 y 7.26% para 2009.

Segundo, entre la aspiración del PIT – CNT de aumentar un 100% el salario mínimo y la propuesta del MEF de un 20%, hay un camino intermedio, fijar el salario mínimo en la línea de pobreza e indexarlo a la misma, de modo que un trabajador que lo perciba no sea pobre por decreto del gobierno; en mayo el INE la estimó en $5.375 por persona por mes en Montevideo y de $3.364 en el resto del país urbano. Se podría discutir la posibilidad de salarios mínimos por región, adaptando la experiencia del laudo para hoteles y restaurantes, dado que por una parte una misma cantidad de pesos no significa la misma remuneración en términos de capacidad de compra y por otra, la capacidad de pago de las empresas también es distinta.

Tercero, asegurar el poder de compra de una canasta básica de bienes y servicios de consumo popular. Las gestiones de la OPP, las iniciativas del PIT –CNT y la posibilidad de aplicar detracciones han sido analizadas en el número anterior (Brecha 06/06/08) de modo que aquí nos limitaremos a algunas consideraciones complementarias. Los combustibles de uso popular como el supergas y el kerosén deberían estar entre los primeros a incorporar a esta lista.

Es posible devolver el IVA por las compras de bienes de consumo a los hogares pobres o indigentes, con el uso de una tarjeta, como la que utiliza el MIDES o la que propone la Senadora Lucía Topolanski. Si a los privilegiados que vamos a un restaurante nos devuelven una parte del IVA pagando con tarjeta de crédito, se puede implementar un sistema similar, con un monto máximo por mes y una deducción del IVA en cada compra o una acreditación para el mes siguiente.

El INE podría construir un Índice de Precios de esta canasta de Consumo Popular (IPCP), incluyendo los bienes y servicios con precios acordados, subsidiados o con exoneraciones tributarias. Este índice, complementando al IPC, permitiría visualizar claramente los logros de estas medidas o dar señales sobre la necesidad de ajustes.

Cuarto, la posibilidad de establecer detracciones a las exportaciones de unos pocos productos de consumo popular se apoya en los crecientes márgenes de su producción. Un trabajo de OPYPA estimó que el margen bruto por hectárea en los últimos cinco años pasó de 180 a 252 dólares en el maíz, en los últimos cuatro de 95 a 431 en la soja y en el último año de 340 a 721 en el arroz. A los pequeños productores se les devolverían, considerándolas un adelanto de aportes a la seguridad social, pago de otros impuestos o de créditos de bancos públicos, y si tuvieran un saldo a favor al cabo de un año se les devolvería en efectivo. Esos ingresos no se volcarían a Rentas Generales sino a un fondo dirigido exclusivamente a subsidiar o financiar la exoneración de impuestos a los bienes y servicios de consumo popular. Este instrumento se podría utilizar también para apoyar el perfil del país productivo, por ejemplo con una detracción sobre las exportaciones de soja para constituir un fondo para comprar tierras para pequeños productores.

LA CONFLICTIVIDAD Y EL IMPACTO ELECTORAL

Las Cámaras empresariales calentaron el ambiente antes de empezar las negociaciones, mostrando en la carta al Presidente de la República, mala memoria, incoherencias e ingratitud. Mala memoria, porque en mayo de 2005 suscribieron un documento que organizó los grupos para la convocatoria de los Consejos de Salarios e hicieron cuestión de que el mismo sólo se podría modificar por consenso. Incoherencias, por que su vocación por la negociación bipartita no se manifestó cuando Pacheco la suspendió, cuando la dictadura persiguió a las organizaciones sindicales o cuando en 1985 se convocaron los Consejos. Ingratitud, porque mientras los presidentes desreguladores los dejaron al borde de la quiebra, nunca ganaron tanto como con este gobierno. Se continuarán quejando, pero estas pautas les permiten consolidar los altos niveles de rentabilidad.

En los próximos dos años los hogares de los trabajadores asalariados no sentirán cambios significativos ya que el salario mínimo y aún los que reciben los mayores aumentos en estas pautas, se ubicarán por debajo de la línea de pobreza. Un trabajador con 48 horas semanales y un salario inferior a $5.500 en Montevideo seguirá siendo pobre y por otra parte, los asalariados de ingresos medios no recuperarán el nivel que tenían antes de la crisis.

Con estos resultados el equipo económico arriesga el éxito de la precandidatura presidencial del Ministro Astori y nadie puede objetar que se jueguen pos convicciones. En particular el Ministro Astori en diversas oportunidades ha tomado decisiones que implicaron costos políticos y por ese coraje cívico hice público mi voto a Asamblea Uruguay en las últimas dos elecciones nacionales. Pero esta gestión y estas pautas no las puedo llevar.

No se pretenden cambios instantáneos ni se aspira a lo imposible, pero tampoco es necesario conformarse con menos de lo posible. Al cabo cinco años las condiciones de vida materiales, concretas, cotidianas, de los hogares de más de 800.000 asalariados privados comprendidos por estos Consejos y como consecuencia, los ajustes de las 640.000 pasividades, podrían ser mejores de lo que ofrecen las pautas. Una parte importante de los electores de hogares pobres y de ingresos medios se considerarán empujados a votar a la Asamblea Popular o al Partido Independiente.

Tomado de Brecha, 13/6/08

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