¿Desmonopolizar que…?
Publicado el 09/06/08 a las 1:39 am
Escriben: Gabriel Portillo y Enzo Coppes.
Introducción:
Arribamos a la actual situación de crisis energética en lo estructural, como consecuencia de la aplicación en el sector de políticas neoliberales por parte del los gobiernos colorados y blancos posteriores a la dictadura.
La aplicación de estas políticas produjo un gradual debilitamiento y desmantelamiento de los Entes del Estado orientado hacia su privatización.
En el subsector eléctrico se manifestó claramente en 15 años sin realizar inversiones en generación, en la gestación del marco regulatorio y en la ausencia del diseño de una política nacional energética de mediano y largo plazo tendiente a garantizar el suministro en forma segura y sustentable fomentando el uso racional y eficiente de la energía e introduciendo la matriz fuentes alternativas autóctonas. Esto se complemento con una apuesta irresponsable al modelo argentino (privatizaciones) el cual se suponía iba a resolver todas las necesidades energéticas que Uruguay requiriera. Tras el rotundo fracaso del modelo privatizador de apertura indiscriminada del mercado no hubo inversiones que garantizaran el suministro de gas y electricidad, hoy Uruguay sufre los cortes del suministro y el aumento de tarifas en gas y en electricidad desde Argentina (tres gasoductos por los que no pasa gas y un contrato de compra de electricidad UTE-CEMSA no cumplido sistemáticamente por la trasnacional que esta detrás de este negocio) .
Visto las declaraciones de prensa y en sala de diputados debemos realizar una explicación necesaria que pensamos ya no hacia falta porque ya se había dado el debate durante la campaña contra la Ley de Marco Regulatorio siendo esta ley armada durante el apogeo de las políticas neoliberales en la región:
En cuanto a la desmonopolización de UTE debemos aclarar para los que no lo saben que en 1977 las dictadura militar lanzo lo que se llamo decreto Ley Nacional de Electricidad, donde se echaba por tierra el monopolio de UTE.
No suficiente con esto, blancos y colorados votan en 1997 la actual Ley 16832 de Marco Regulatorio del Sector Eléctrico que profundiza aquel decreto estableciendo lo que ha provocado las crisis mundiales en materia de suministro seguro de electricidad o sea se le quita a la generación de electricidad el carácter de servicio publico, quedando como una activad libre (esto es: cualquiera puede establecerse como generador de electricidad) entre otros de los puntos que cuestionamos de la citada ley.
Si no se ha profundizado en Uruguay la crisis (díganse apagones como los sufridos por Argentina, California, Brasil y Chile, en el marco del paradigma que el merado iba a resolver precio y suministro) es porque el estado a través de UTE hizo las inversiones que los privados no quisieron hacer desde la entrada en vigencia de la ley 16832 (recordemos la polémica Scaglia-Batlle).
Las tarifas de UTE tienen hoy un costo importante para el conjunto de la población. Pero no todos sufren ese costo por igual. Se dice que los uruguayos pagamos un sobreprecio millonario por el excesivo costo de los servicios públicos en manos de empresas estatales. La realidad, como lo muestra el caso de UTE, es que los uruguayos pagamos un sobreprecio para que una minoría de grandes empresas privadas pague menos. Más aún. Gran parte del esfuerzo de inversiones realizado por el país en electricidad fue para que un pequeño grupo de empresas multiplicara su consumo a precios subsidiados.
Veamos como ejemplo como se compone la tarifa para los grandes consumidores.
Se habla de un “costo país”, como una carga que el Estado le impone a las empresas privadas. El verdadero “costo país” es el que asumen UTE y la mayoría de los consumidores, para que un puñado de grandes empresas –los llamados grandes consumidores- paguen apenas solo un porcentaje de la tarifa real de electricidad que consumen. Como ejemplo de esto son los precios que hoy UTE cobra a los grandes consumidores, en promedio la mitad de los costos de producción de UTE, y la cuarta parte del costo de la energía importada. Por otro lado los generadores privados (en su mayoría grandes consumidores) exigen a UTE un pago cada vez mayor por su generación. Esto es, en un mostrador reclaman por pagar menos a costillas de que paguemos más el común de la gente y en el otro mostrador le cobrar a UTE lo que no quieren pagar como consumidores. Esta es la situación real del debate sobre energía, es decir una operativa a los efectos de que el conjunto de los uruguayos financiemos emprendimiento de generación privados a través de la tarifa.
– Por su carácter estratégico se debe considerar
– El estado debe fomentar las inversiones en el sector eléctrico, priorizando:
- Fuentes renovables como ser las biomasas.
- Equipos de origen nacional
- Mano de obra nacional (tanto en fabricación de equipos como en su mantenimiento)
- Desarrollo descentralizado
- Diversificación de fuentes: Petróleo y derivados, hidráulico, eólico, biomasa, biocombustibles, interconexiones internacionales (en general, considerarlas como una fuente mas de energía).
– La política energética (pe) será fijada por el Poder Ejecutivo (PE), a través del MIEM. La pe deberá ser diseñada teniendo en cuenta la opinión de todos los sectores involucrados: sindicatos, partidos políticos, co-generadores, grandes y pequeños consumidores (a través de sus organizaciones), empresas publicas, institutos de enseñanza, etc. Debe procurar que tenga horizonte mayor a un período de gobierno por ejemplo de por lo menos 30 años.
Políticas energéticas que deben apuntar a:
· Diversificar las fuentes de energía,
· Buscar las más económicas,
· Las que menos daño provocan al medio ambiente y, las que tengan una larga sustentabilidad con el tiempo, tanto desde una perspectiva de aprovisionamiento como de acceso a la misma en tiempo y forma.
· La inversión en investigación y formación sobre temas energéticos.