Espectadores o protagonistas

Publicado el 12/05/08 a las 2:30 am

Escribe: Pablo Anzalone, dirigente del PVP- Frente Amplio

Concebir al gobierno como el único actor, al cual requerir las soluciones a todos los problemas, y colocarse en el rol de espectador o demandante, es una configuración cultural negativa para las transformaciones del país. Los espectadores podrán ser conformistas o críticos, confiarán en el gobierno o se sentirán desilusionados, serán apoyos o fiscales, pero no se construirán como protagonistas.

Varios mecanismos arraigados en el Estado y la sociedad confluyen para crear esta disposición de los actores ciudadanos. Algunos provienen del propio Estado, cuya lógica reproduce la distancia entre gobierno y gobernados, y continúa la gestión estatal sin democratizar sus líneas de fondo. La inercia del Estado rechaza la gestación de mecanismos de participación ciudadana en relación con las políticas públicas. El gobierno progresista ha dado pasos en algunas áreas para revertir esta dinámica, pero en muchas otras no se ha planteado o no ha podido comenzar a gestar un vínculo distinto.

Otros factores tienen que ver con debilidades profundas del campo popular, en muchos casos provenientes de derrotas históricas sufridas o de cambios en el funcionamiento social que van recluyendo a las personas en un espacio individual progresivamente más estrecho.

Desde algunas corrientes se ha teorizado a favor de estos procesos como parte de una nueva cultura, donde los medios de comunicación masivos y particularmente la televisión aparecen como el único nexo entre las personas. Un tipo de vinculación que homogeiniza a la sociedad pero también la fragmenta en individualidades, que sólo se unen para conformar la “opinión pública”.

Este tipo de concepciones no permite hacer visibles procesos y luchas donde la sociedad se reorganiza y se gestan formas de participación muy diversas y heterogéneas. Menos aún definir líneas de acción política y social que jerarquicen estos procesos y los potencien.

Esta problemática tiene consecuencias sobre muchos aspectos, desde la acción gubernamental, a la participación social, y aún a la concepción de la lucha política. Para señalar uno de esos aspectos, la subestimación de la militancia política, en comités de base y coordinadoras frenteamplistas, y la tendencia a subsumir la política en la labor institucional han sido revestidas como el necesario “aggiornamiento” a estas nuevas reglas de juego.

La realidad muestra una amplia gama de procesos distintos, contrapuestos, sobre los que se influye por acción o por omisión.

Pasada ya la mitad del primer período de gobierno progresista, cuando quedan todavía capítulos sustantivos del programa para llevar adelante, y cuando comienza a elaborarse el proyecto político para plantear a la ciudadanía, resulta importante incorporar las batallas culturales y la dimensión ideológica de las cuestiones en juego.

Profundizar la aplicación del programa exige construir protagonismo a favor de los cambios. Pasar de un Plan centrado en la emergencia social a uno cuyo eje es la equidad, requiere cambios culturales en la sociedad y en cada uno de los actores. Proponerse descentralizar el Estado en todo el país, entendiendo por tal la transferencia de poder a la sociedad civil es una estrategia imposible sin una cultura de la participación.

Instancias como el Presupuesto Participativo surgen del ámbito municipal pero deberían ser parte de una estrategia nacional de democratización de las políticas públicas. Acercar dichas políticas a la gente, abrir posibilidades de propuestas, de obras, de avances en la calidad de vida, es un compromiso político de dimensiones nacionales. Las experiencias de decisión directa de los ciudadanos sobre aspectos sensibles de las políticas públicas vinculadas con su realidad cotidiana, generan un aprendizaje democrático. Una participación de este tipo en la construcción de la vida comunitaria confronta con el individualismo y el aislamiento ciudadano. Al mismo tiempo el proceso de Comuna en Debate es una gran oportunidad para reflexionar sobre la experiencia realizada en Montevideo, con la decisión firme de profundizar la descentralización. Montevideo puede insertarse en un proceso de formación de municipios sustituyendo las 18 Juntas Locales por Consejos Municipales en cada una de las tres regiones. Puede ampliar la participación de los jóvenes bajando la edad de votación. Puede innovar en los mecanismos de consulta directa a la población. Puede fortalecer los consejos vecinales como expresión de la comunidad, ensanchando sus vínculos con la trama social , liderando las consultas a la población, ampliando las instancias asambleísticas. Vacunarse contra la tentación burocrática de aislarse entre cuatro paredes, y no dejarse absorber por los trámites administrativos. De esta forma el aporte a la ley sobre Transformación Democrática del Estado desde Montevideo se gesta con una metodología participativa que hace a los contenidos que se buscan con dicha ley.

En el acto de homenaje a sus mártires realizado el 23 de abril en la Plaza Libertad, el PVP en la palabra de Luis Puig, lanzó la iniciativa de construir un gran movimiento hacia una Convención Nacional Constituyente. La necesidad de una reforma constitucional ha surgido de la realidad política actual en varias ocasiones. La integración de los organismos de contralor, del Tribunal de Cuentas y la Corte electoral genera permanentes bloqueos a todo proceso transformador. El voto de los uruguayos en el exterior ha sido impedido sistemáticamente por minorías blancas y coloradas. Hasta la propia definición de la Salud Pública en el texto constitucional es restrictiva y debe corregirse. La actual normativa electoral que establece el balotage fue gestada hasta en sus detalles para impedir el triunfo del Frente Amplio. ¿Hasta cuando se la dejará intacta?

Hemos visto como los sectores privilegiados han utilizado la constitución para dejar de cumplir con normas legales con sentido redistributivo. Primero fue el IRPF y lograron montar un dispositivo jurídico que consiguió la declaración de inconstitucionalidad en varios casos con la colaboración de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia. Envalentonados ahora quieren impugnar la reforma de la contribución inmobiliaria. El argumento para ello es una pieza ejemplar de posición de clase: la constitución no permite la redistribución de la riqueza en el plano municipal. La argumentación es falaz, porque la constitución asigna la contribución inmobiliaria al ámbito tributario municipal y no establece cómo implementarla, dejando dicha materia a la legislación departamental. Pero desnuda una actitud de clase. Y reafirma la necesidad de cambiar esta constitución construida desde el pensamiento conservador.

Sobre todo el imperativo para reformar la constitución está en la democratización del Estado, en la extensión de la descentralización.

No es la primera vez que distintos actores plantean este tema. Rubio en un momento, Nin Novoa en otro, el propio Tabaré Vazquez lo ha señalado recientemente. El Congreso Liber Seregni del FA aprobó en su primera etapa una resolución donde se consigna la necesidad de una reforma constitucional con carácter global en el próximo período.

Sin embargo no se ha avanzado con esta iniciativa, para darle cuerpo político, para recoger adhesiones, para difundirla en la ciudadanía. Y sobre todo definiendo un instrumento idóneo para esa reforma constitucional. Ese instrumento es la Convención Nacional Constituyente, electa junto con las elecciones nacionales o departamentales, con participación de toda la sociedad uruguaya, que delibere durante dos años y luego someta a la ciudadanía el o los proyectos alcanzados.

Cuando decimos toda la sociedad uruguaya, no podemos restringirnos a los partidos políticos, sino que debe abrirse cauce para una intervención amplia de la sociedad civil, que discuta, elabore y proponga.

Se trata de construir protagonistas y no espectadores.