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Partido por la Victoria del Pueblo ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD

Elecciones, elecciones, elecciones
Por
Immanuel Wallerstein

Las elecciones se han vuelto el lugar común del mundo moderno. Casi todas las naciones las realizan, y en repetidas ocasiones. Además, casi todo país afirma ser una democracia. Cuando la mayoría de las personas usan la palabra democracia, lo primero a lo que se refieren es a las elecciones, pero no cualesquiera, sino las que llaman elecciones libres. Según casi todas las definiciones, una elección libre es supuestamente aquella en la que candidatos alternativos, representativos de distintos puntos de vista, pueden presentarse a los electores, comunicarse con ellos con libertad y ser electos por el voto libre de ellos. Se supone que el resultado de tal elección libre es una decisión legítima respecto de quién gobernará una unidad política (o, en el caso de un referendo, qué decisión tendrá fuerza de ley). Si una elección es libre, se espera que el bando perdedor reconozca la derrota con honestidad y, por tanto, que acepte los resultados como voluntad de la mayoría.

Existe un número enorme de presunciones en esta descripción típica. Puesto que en muchos casos, quizá en la mayoría, los comicios son importantes, los electores a menudo se apasionan con ellos -antes, durante y después- y con mucha frecuencia no aceptan pasivamente los resultados. Es decir, denuncian que el proceso no se fue imparcial o que incluso fue fraudulento y, por tanto, los resultados son ilegítimos. Esto ocurre muy a menudo. Si uno piensa en las elecciones recientes o las próximas en el mundo, ha habido una serie de ellas con resultados en disputa, por ejemplo en Irán, Venezuela, Estados Unidos, Georgia y Ucrania en 2004, y Palestina e Irak, programadas en 2005 y bajo impugnaciones por adelantado. Es importante hacer notar que no todos los resultados electorales son controvertidos. Muchos países las llevaron a cabo este año sin que hubiese dudas serias sobre su legitimidad, por ejemplo Canadá, España, Uruguay e India.

Es esclarecedor, por tanto, repasar las dudas que se han planteado respecto de las elecciones impugnadas, y las razones por las cuales no se celebraron con la tersura suficiente para que nadie se molestara en escribir sobre ellas, excepto para analizar por qué los ganadores obtuvieron el triunfo. Debemos comenzar por asumir que en toda elección hay ciertas prácticas que no siguen las reglas teóricas de legalidad e imparcialidad. Por lo regular sólo se hace mucho escándalo cuando la disputa es tan cerrada que tales prácticas pueden afectar los resultados anunciados.

La primera cuestión, tal vez la más elemental, es quién tiene derecho a votar. El concepto de elecciones libres y justas asume por lo general que todos los ciudadanos de cierta edad (por lo común de 18 a 21 años) son elegibles para votar. Hoy, sólo una elección en la que haya sufragio universal de hombres y mujeres se considera libre. Puesto que tales disposiciones tienden a ser legales en la mayoría de los países y están en vigor desde cierto tiempo antes de la elección, la pérdida de derechos electorales por lo general no se presenta como tema vigente. Pero precisamente se le planteó en las elecciones de Estados Unidos, donde, como las reglas varían según los estados individuales, la cuestión de si los reos de delitos graves pueden votar es una consideración importante. Sólo dos de los 51 estados permiten votar a los presos. Y algunos estados privan para siempre de sus derechos a tales delincuentes, incluso cuando hayan purgado su sentencia. Puesto que los reos provienen en forma desproporcionada de grupos minoritarios, en ciertos estados el efecto es reducir en forma significativa el derecho de voto de los negros. Y esto, dado el sistema de colegio electoral, puede afectar en forma decisiva el resultado. Por ejemplo, George W. Bush hubiera perdido en 2000 si los reos de delitos graves no hubiesen estado privados del derecho a sufragar en Florida. No está claro en qué medida haya afectado esto los resultados en 2004.

¿Quién puede postularse a un cargo? Este asunto tuvo gran importancia en el caso de Irán. En el sistema actual, existe un órgano oficial que debe certificar el derecho de todo candidato a postularse. Dicha estructura está controlada por una de las principales facciones partidistas, la cual se negó a certificar a gran número de candidatos de la otra facción, que así quedaron excluidos de las boletas. En las próximas elecciones palestinas, ¿permitirán los israelíes que Marwan Barghouti, actualmente en prisión, se postule para presidente, haga campaña y sea electo al cargo?

¿Quién tiene acceso a los medios? Aquí se trata de quién los controla, sea el gobierno o el dinero. En algunos casos -de manera notoria en Georgia, Irán y potencialmente Irak-, el gobierno ha tenido férreo control de los medios, con lo cual priva a la oposición de la capacidad de presentar sus argumentos en ellos. En el caso de Palestina, Israel controla los medios, y tendremos que ver cuál será el impacto de ese control. El tema del dinero y de su impacto en los medios, los cuales venden su espacio, ha sido materia de discusión durante mucho tiempo en Estados Unidos.

Sin embargo, todos estos temas se presentan, por decirlo así, antes de la elección real. Por lo regular la mayoría de las quejas serias se dan respecto de ésta. La primera es la intimidación de votantes, la cual puede adoptar varias formas. Existe el efecto de movilizar a los votantes con métodos de mano dura o, en sentido inverso, de impedirles acudir a las urnas. La oposición lanzó esta acusación en Venezuela. Este será, sin duda, un asunto importante en Irak. Pero existen formas más sutiles de intimidación. Se alega que en Estados Unidos cobró la forma de poner en duda sin fundamentos el derecho de voto de ciertos ciudadanos o esparcir rumores sobre ese derecho. Se teme que la presencia continua de militares israelíes en zonas palestinas afecte o dificulte el voto de los palestinos, y sin duda las campañas de algunos candidatos.

La cuestión más importante siempre es el recuento final de votos, el cual fue punto de disputa en Venezuela, Estados Unidos, Georgia, Ucrania y lo será muy probablemente en Irán y Palestina. En Venezuela, la oposición objeta el recuento hasta la fecha, pero grupos de observadores internacionales avalaron el conteo y hoy los resultados son aceptados por la generalidad. En Estados Unidos aún se impugna, incluso en tribunales, el recuento en algunos estados. Una queja, resultado de la tecnología avanzada, es que se manipularon resultados generados por computadora en lugares donde no existe registro en papel. La evidencia, dispersa por toda la Internet, procede de una serie de cálculos que muestran que algunos resultados son sumamente improbables en términos estadísticos. En Georgia, por efecto de la rebelión en las calles, el gobierno reculó y de hecho reconoció que los resultados anunciados en un principio eran fraudulentos. Estas cuestiones siempre se complican a causa de las reglas referentes a los resultados, y de las decisiones de los tribunales (que en sí mismos están sujetos a impugnaciones, como en Venezuela, Estados Unidos y Ucrania).

Y luego está el asunto de si se pueden tener elecciones justas y libres en situaciones de disturbios políticos y militares. Este es el tema central respecto de las próximas elecciones en Irak. Por ejemplo, la combinación de la insurgencia y el llamado a boicotear o posponer las elecciones que realizan la mayoría de los partidos políticos sunitas y las autoridades religiosas, ¿significará que la participación sunita en la elección será mínima, y en tal caso los resultados podrán considerarse legítimos?

Por último está la cuestión de la interferencia externa. El gobierno venezolano acusó a Estados Unidos de dar apoyo irrestricto a la oposición. En Georgia, Ucrania, Irak y Palestina es evidente que fuerzas externas no sólo están interesadas en los resultados, sino ejercen activamente su influencia para afectarlos o para influir en el debate poselectoral respectivo.

En general, existe buena dosis de hipocresía cuando se invoca el concepto de elecciones libres y justas. Se supone que los comicios deciden resultados políticos, pero muy a menudo la flecha de la causalidad apunta en la otra dirección: la política decide los resultados oficiales, y a menudo, en los comicios disputados, un acuerdo político tras bambalinas afecta la probabilidad de que los resultados se consideren legítimos o no.

No es que las elecciones no deban ser libres y justas: lo que ocurre es que estamos muy lejos de asegurar que realmente lo sean en todo el mundo. Norte y sur. Y una vieja máxima nos dice que quienes viven en casa de cristal deben abstenerse de arrojar piedras, o por lo menos hacerlo con mucha prudencia.

Traducción: Jorge Anaya.

Tomado de La Jornada, 12/12/2004.