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Partido por la Victoria del Pueblo ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD

 

 

ZONA URBANA - BORDABERRY
Lo que esconden las palabras
Escribe: María Urruzola.

 

El programa Zona Urbana del miércoles 4 desnudó, seguramente de forma involuntaria, más de una lógica que entró en crisis en la actual coyuntura socio-política del país. Lo más importante no estuvo en imágenes ni en palabras.

Los conductores del programa periodístico Zona Urbana intentaron presentar a "un hijo en lucha por la inocencia de su padre", Pedro Bordaberry, carismático y prometedor líder colorado. No estaba en sus planes que Rafael Michelini se presentara sin más en los estudios de Canal 10 (retado al aire por Bordaberry), pero Ignacio Alvarez capeó la situación asumiendo que se trataba de "dos hijos" enfrentados en lucha por la historia de sus padres. Casi un reality show de la peor estopa.

Sólo periodistas devotos de la cultura postmoderna pop, capaces de decir al término del programa "me tiene podrido el pasado" (dixit Gabriel Pereyra), pueden creer que existe un ámbito posible de discusión entre el hijo de un dictador y el hijo de una víctima. Es como si al término de la Segunda Guerra Mundial algún periodista hubiese invitado al hijo de un SS jefe de campos de exterminio y a familiares de algún judío gaseado a "discutir" las razones de cada uno. Si algún error cometió Rafael Michelini esa noche tal vez fue pensar que era posible la lógica del debate en TV para hechos como el asesinato de su padre y de Gutierrez Ruiz. La sociedad del espectáculo no sólo merece críticas; para desterrarla hay que poder rechazar la lógica de la pantalla.

Pero el fondo del asunto es otro.

Pedro Bordaberry no es sólo un hombre profundamente afectado por ser hijo de un dictador que quiere evitar la condena judicial y política de ser además hijo de un criminal. Pedro es, además, neto producto de la lógica de los civiles que participaron de la dictadura y que hasta ahora se sentían muy a salvo de cualquier responsabilidad sobre el pasado. Es más: todos esos civiles, a cuya cabeza figuran Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, hasta podían aceptar que algunos militares fueran responsabilizados por las violaciones a los derechos humanos del pasado, pero jamás ellos. Se sentían verdaderamente intocables. Y lo fueron mientras los gobiernos eran de sus partidos.

Tal vez ésa sea la verdadera razón del por qué Uruguay ha sido el país más lento en levantar el velo de su pasado: porque la dictadura fue cívico-militar y no esencialmente militar como en Argentina, Chile y Brasil- y los civiles han estado en su mayoría en actividad política durante los últimos 20 años. Bordaberry y Blanco son los más notorios exponentes de una larga lista de civiles que ejercieron sus cargos gubernamentales mientras se torturaba, se desaparecía, se asesinaba, se encarcelaba. ¿Son inocentes de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas con su complicidad, por acción u omisión? La ley de Caducidad no los amparó, y ese es el verdadero problema.

Esos civiles, que al estilo de Pablo Millor lograron fabricarse una legitimidad luego de haber ocupado un sillón en el Consejo de Estado del período dictatorial, deberían ser obligados a rendir cuentas, algunas ante la justicia y otras ante la sociedad. El peligro para muchos de ellos es que se rompa la ley del silencio que hasta ahora imperó entre civiles y militares de la dictadura, y algunos militares decidan revelar cómo funcionaba la cúpula dictatorial para no cargar con todo el peso de la responsabilidad. Ese es el fantasma que despierta la acusación ante la justicia de Bordaberry.

La lista de civiles que ejercieron cargos de gobierno durante la dictadura es larga y tal vez sea momento de refrescarla en la memoria colectiva.

Por último, el operativo mediático de Zona Urbana y Pedro Bordaberry es también tributario de una cultura muy uruguaya: sustituir las palabras a los hechos. Por eso el circo de las grabaciones. La justicia debe investigar hechos y la sociedad debe conocer hechos, porque las víctimas, directa o indirectamente, fueron todos los integrantes de la sociedad uruguaya. Lo que piense Rafael y cuales sean sus convicciones íntimas, son un asunto suyo.

En cuanto a Gonzalo Fernández, ya ha demostrado que suele decir cosas sin fundamento, como cuando le dijo a Sara que la versión más probable era que Simón estuviese muerto, o cuando le dijo a Macarena Gelman que la versión más probable era que su madre estuviese enterrada donde decían los mandos militares. El problema no es lo que diga Gonzalo Fernández. El problema es que un señor que maneja con tan poco fundamento cosas tan trascendentes siga siendo el Secretario de la Presidencia.

Tomado de Montevideo COMM, 9/10/2006.

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