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Partido por la Victoria del Pueblo ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD

 

Un año de Evo

Por Pablo Stefanoni

La Paz/Santa Cruz.- A un año del triunfo electoral del 18 de diciembre de 2005 –cuando llegó a la presidencia con el 54% de los votos– la gestión de Evo Morales presenta más luces que sombras. Al menos así lo revela una encuesta de la firma independiente Apoyo, Opinión y Mercado, difundida ayer por el matutino La Razón, en la que el 62% de los bolivianos aprueba lo hecho por el mandatario indígena. En estos elevados niveles de apoyo inciden los números positivos que muestra la macroecononomía boliviana, que por primera vez en décadas tendrá superávit fiscal, y medidas estrella como la nacionalización de los hidrocarburos, que comenzó a reflejarse en los bolsillos de los más pobres con el bono “Juancito Pinto” –de 25 dólares anuales– contra la deserción escolar. Los sectores campesinos se benefician, además, con alrededor de 2.000 médicos cubanos, dotación de tractores venezolanos, planes de alfabetización, documentos de identidad gratuitos y una relación “cara a cara” con Evo Morales, que viaja a diario a las comunidades más alejadas de la sede de gobierno. 
“Encontramos un país fragmentando, económicamente quebrado, pero ahora este país no pide limosna. En 20 años de neoliberalismo todos los años había déficit fiscal, ahora, por primera vez, tendremos un superávit del 6% gracias a la nacionalización (del gas y el petróleo). Les dimos cátedra de economía a los neoliberales”, dijo el vicepresidente Álvaro García Linera durante el acto de festejo del triunfo electoral, ante decenas de simpatizantes concentrados en el Palacio Quemado. 
Pero este mismo sondeo muestra también la profunda división de Bolivia. Mientras obtiene el 79% de apoyo en El Alto –ciudad de 900.000 habitantes donde el 82% se identifica indígena– y el 62% en La Paz, los niveles de aprobación del presidente socialista bajan a un modesto 35% en Santa Cruz, sede de la actual ofensiva autonomista. 
Estos resultados no son casuales: Bolivia se encuentra sumida en una polarización regional en la que el occidente indígena apoya de manera incondicional el programa de reformas nacionalistas de Evo Morales mientras en el oriente pervive una fuerte hegemonía conservadora, como lo dejó en evidencia el cabildo popular del 15 de diciembre, que congregó alrededor de medio millón de personas bajo el Cristo Redentor de Santa Cruz de la Sierra. Allí se resolvió desconocer la nueva Constitución –que deberá elaborar la Asamblea Constituyente– si no incluye la autonomía para los cuatro departamentos de la denominada “media luna” (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando), un reclamo apoyado masivamente en el referéndum del 2 de julio pasado y que no es independencia sino mayores niveles de descentralización política, económica y administrativa. 
Tarija es la sede de las mayores reservas del gas boliviano –las segundas en América del Sur después de Venezuela– y Santa Cruz es el centro agroindustrial del país. Junto a los dos departamentos restantes, con menor incidencia económica, la “media luna” produce el 43% del PIB nacional y recibe la mitad de la inversión extranjera que llega a Bolivia. Allí están también los latifundios que la reciente ley de Tierras puso en la mira y desató una virulenta reacción de la oposición conservadora que acusa al gobierno de querer hacer tabla rasa con la “seguridad jurídica” y los derechos de propiedad en el país. 
Desde el viernes 15, cuando se reunió el cabildo autonomista, se produjeron violentos enfrentamientos entre oficialistas y opositores en regiones rurales de Santa Cruz, que incluyeron ataques a buses, quema de mercados y sedes del partido de gobierno, y dejaron decenas de heridos. La situación recién se calmó con la llegada de varios contingentes de policías y militares y la firma de un acuerdo de paz. 
Un problema adicional para el gobierno es el empantanamiento de la convención constituyente, que después de más de cuatro meses de sesiones no logra ponerse de acuerdo sobre la forma de aprobación de la nueva Carta Magna. Mientras el oficialismo propone una fórmula mixta basada en la mayoría absoluta, la oposición reclama que sea aprobada por dos tercios de los votos. En caso contrario, sostienen, la oposición sería un convidado de piedra ya que el Movimiento al Socialismo cuenta, con sus propias fuerzas, con más del 50% de los delegados. 
En Santa Cruz –una región de extensas llanuras, alejada de las postales típicas del Altiplano– muchos desconfían del indigenismo de Evo Morales sumado, según ellos, a una desmedida injerencia del venezolano Hugo Chávez. Y esa desconfianza se transforma en discurso bélico en boca de grupos radicales como la Unión Juvenil Cruceñista –una suerte de fuerza de choque del Comité Cívico que encabeza la lucha autonómica. “Evo Morales está llevando a Bolivia a una guerra racial, quiere implantar un gobierno hitleriano, nosotros no tenemos la culpa de los 500 años de sometimiento de los indígenas. Acá gobierna Chávez”, dice David Ceja, uno de los líderes de la organización. Y muchos creen que Morales intentará perpetuarse en el poder mirándose en el espejo del venezolano. 
El martes, el presidente boliviano flexibilizó su posición al convocar a firmar un “pacto por las autonomías” a los líderes regionales y abrir la posibilidad de flexibilizar la posición del MAS en la Asamblea Constituyente. El gobierno se divide entre palomas y halcones a la hora de abordar la cuestión de la “oligarquía cruceña” pero, al parecer, el pragmatismo de Evo Morales lo ha colocado del lado de quienes buscan una salida pactada. Al leer las últimas encuestas, el mandatario indígena se convenció de que la única manera de afianzar su proyecto político es ganar al díscolo oriente boliviano a su causa y de que sólo logrará ese objetivo levantando él mismo la bandera autonómica. Eso sí, “sin que ello implique control local de recursos estratégicos como tierras o hidrocarburos”.

 

Tomado de Sinpermiso.org, 26/12/06

Fuente original: Il Manifesto, 20 diciembre 2006

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