La peor salida. El caso Dancotex

Escribe: Samuel Blixen

Todos salieron perdiendo: los trabajadores de Dancotex que quedan sin fuente de trabajo y sin cobrar sus créditos laborales; el empresario Soloducho, que logró sacar sus máquinas de la planta pero enfrenta embargos y el castigo del BROU por sus deudas de 10 millones de dólares; y la justicia, que aparece como culpable de desbaratar la solución de un conflicto difícil y complicado.

Daniel Soloducho, dueño de la textil Dancotex, esperaba agazapado: la negociación para superar el conflicto laboral y lograr el levantamiento de la ocupación de la planta de la calle Veracierto prosperaba trabajosa pero firmemente. Sus asesores, él mismo, la diputada Ivonne Pasada (MPP), los dirigentes sindicales Juan José Ramos, en representación del PIT-CNT, y Miguel Olivera, del Congreso Obrero Textil, el ministro de Trabajo Eduardo Bonomi y el director de Trabajo Julio Baraibar, fueron acordando en las últimas semanas la complicada fórmula que permitiría mantener la fuente de trabajo para más de 200 obreros y a la vez facilitar la aspiración del empresario de trasladar la textil a la antigua planta industrial de Sudamtex en Colonia. El acuerdo general estaba aceitado y sólo restaba fijar un detalle: el número de cuotas para saldar los créditos laborales. En ese contexto de solución, Soloducho dilató una respuesta hasta que sobrevino la decisión de la jueza civil Lilian Morales accediendo al reclamo del empresario de retirar ocho líneas de máquinas para trasladarlas a Colonia. Y en ese instante se derrumbó todo.
Es posible que la magistrada no tuviera otra opción desde que otra jueza, Elisa Lizaso, había levantado el embargo que pesaba sobre esas maquinarias por un reclamo de 17 mil dólares. Pero la resolución cayó en el peor momento y habilitó la maniobra de Soloducho. Días antes de que se produjera la resolución, el empresario comunicó al Ministerio de Trabajo que no tenía dinero para pagar las deudas laborales, aun con las facilidades que se le habían concedido en la negociación. El propio Soloducho estuvo presente, en la gélida mañana del miércoles 16 cuando, en medio de un despliegue policial, medio centenar de trabajadores contratados por Soloducho, cumpliendo las indicaciones de ingenieros y técnicos, comenzaron a desmantelar las ocho líneas de máquinas. Los policías no tuvieron que reprimir ningún desacato, porque la única reacción de los obreros que mantenían una guardia gremial en la planta consistió en algunos gritos de reproche para aquellos que estaba desarmando la maquinaria y lágrimas incontenibles de algunas trabajadoras. Los más duros en los reproches fueron los sindicalistas Ramos y Olivera, que cuestionaron la decisión judicial, y el director de Trabajo Baraibar, que cuestionó la decisión de Soloducho. Después de 92 días de conflicto, el empresario textil se salía con la suya. Pero era, en todo caso, una victoria pírrica.

UN CONFLICTO DIFÍCIL.

Los meses siguientes dirán si la opción de Soloducho al final de esta etapa fue la mejor de las posibles para sus intereses o si, por el contrario, tuvo la misma impronta desacertada del inicio del conflicto cuando, intempestivamente, al concluir un turno de trabajo, convocó a los trabajadores en el comedor de la planta para anunciarles que trasladaba la fábrica para Colonia y cerraba la de Montevideo.
Parece cierto que desde el punto de vista de la rentabilidad la mudanza era aconsejable: la actividad industrial de Dancotex le proporciona a Soloducho un beneficio anual de unos 250 mil dólares; apagando la caldera de Montevideo y utilizando exclusivamente la de Colonia –que permite multiplicar la producción–, Soloducho duplica sus ingresos exclusivamente por ahorro de combustible. La medida tiene otro costado de beneficio porque al montar su cuartel general en Colonia puede monitorear otros intereses, inmobiliarios y comerciales relacionados con un importante proyecto de shopping.
También es cierto que la decisión unilateral, a la que indudablemente tiene derecho, provocaba una verdadera tragedia social, porque enfrentaba a los trabajadores al desarraigo y a la fractura familiar. Es comprensible que los trabajadores resistieran la oferta y se lanzaran al conflicto para defender sus intereses, y a la vez la fuente de trabajo.
Soloducho sabía que su decisión era impopular, pero es un empresario acostumbrado a la impopularidad porque no goza de la estima de sus colegas –como no goza de la confianza de sus trabajadores–; si en este conflicto recibió un respaldo empresarial, ese apoyo circunstancial proviene de aquellos empresarios que han hecho de la resistencia a las ocupaciones la línea Maginot de su lucha de clases.
Tan razonable como el derecho del empresario a trasladar su planta a más de 170 quilómetros es el de los trabajadores a ocupar la fábrica para defender la fuente de trabajo y el entorno cotidiano de su vida. Esta ocupación no fue, por cierto, de aquellas que se imputan a un apresuramiento o una inexperiencia sindical. Cualquiera, salvo los fundamentalistas del beneficio puro y duro, puede comprender lo que significa radicarse en un medio que no ha sido elegido, alejado de la familia, obligado a un desplazamiento permanente para mantener los vínculos cotidianos.

EL ACUERDO DESCONOCIDO.

Desde el comienzo de la ocupación –y salpicado por el incidente judicial que pretextó un operativo político de la oposición para enfrentar al gobierno con la justicia, poniendo en la mira al ministro del Interior José Díaz– trabajosamente se fue elaborando una fórmula en la que ambas partes concedían aspectos importantes de sus posiciones. Al comienzo Soloducho había ofrecido mantener en Colonia el contrato de trabajo para todos los operarios de Montevideo. Los trabajadores desconfiaron de esa oferta; presumieron que la intención del empresario era quedarse con aquellos trabajadores que por sus conocimientos y experiencia eran los únicos calificados para operar las ocho líneas de máquinas, que permiten producir cierto tipo de telas –una combinación de lana y seda– que se colocan en el mercado italiano.
Los hechos parecen haberles dado la razón. En un esfuerzo por diseñar una salida, se otorgó a los trabajadores de Dancotex el seguro de paro, una medida muy criticada por la oposición, que argumentaba que con ello se estaba financiando la ocupación; y a la vez los ocupantes ofrecieron a Soloducho producir gratis las muestras de telas necesarias para concretar el negocio en Italia. Después de un análisis exhaustivo de la situación, los trabajadores y Soloducho llegaron a una compleja fórmula, con el arbitrio del Ministerio de Trabajo. La fórmula implicaba lograr la aceptación por una parte importante de los obreros en conficto de su radicación en Colonia; esos trabajadores no cobrarían el despido y mantendrían sus remuneraciones, superiores a las que Soloducho ofrece a los obreros de Colonia. Para resolver los problemas de traslado periódico a Montevideo, y de alojamiento, se obtuvo el compromiso del Banco República (BROU) de que ciertas deudas que mantienen clientes del ramo de hotelería y del transporte se fueran cancelando con servicios a los obreros desplazados. A su vez, el BROU dispondría que, a pesar del cambio de calificación de la deuda que tiene Dancotex, por unos 10 millones de dólares –que implica aumentar los intereses de 6 a 9 por ciento anual–, se mantendrían los intereses de la calificación más benévola. El resto de los trabajadores, que no aceptaban el desplazamiento, cobrarían el despido; una parte pequeña de ellos se beneficiaría con una jubilación anticipada; finalmente, unos 40 operarios montarían una unidad productiva en la planta de la calle Veracierto, en un emprendimiento difícil porque, se sostenía, sin las ocho líneas que se instalaban en Colonia, el resto de la maquinaria es de hecho chatarra. La unidad productiva intentaría consolidarse como fuente de trabajo, con una inversión por vía de una donación, de la que participaba Soloducho, y el compromiso de trabajar à façon para Dancotex.
El momento crítico de la negociación fue el pago de los créditos laborales (aguinaldo de 2005 y la fracción de 2006, licencias, una fracción de salarios adeudados en el momento del inicio del conflicto, y los despidos), una cifra que se eleva a unos 600 mil dólares. En este punto Soloducho adujo que no tenía dinero. Se propuso entonces otorgar a los obreros despedidos una extensión del seguro de paro y arbitrar en cuotas de pago. El empresario ofreció saldar la deuda en 12 cuotas, lo que llevaba a 18 meses la cancelación de la deuda con los trabajadores. Todas las partes en negociación reclamaron de Soloducho un plazo razonable, de tres o cuatro meses, y en eso se estaba cuando surgió la decisión judicial de autorizar el desmonte de las ocho líneas de máquinas.
La negociación cayó, y ahora los trabajadores reclamaron el embargo genérico de todos los bienes de Soloducho, pero por un monto que trepa al millón y medio de dólares, porque contabilizan el pago por despido abusivo, que incrementa notablemente el monto. A la vez, Juan José Ramos anunció que los trabajadores reclamarán ante la justicia por las resoluciones adoptadas. Juan Castillo, dirigente del PIT-CNT, evaluó que el conflicto de Dancotex resultó una derrota para los trabajadores porque “se impuso el derecho del empresario sobre el derecho de los trabajadores al trabajo y a la vida”.

TODOS PIERDEN.

Los abogados de Soloducho han afirmado que finalmente pagarán los créditos laborales, contradiciendo la postura que trancó las negociaciones. Soloducho se ha defendido diciendo que él nunca se comprometió a un acuerdo. La afirmación provocó el malestar del ministro Bonomi, quien afirmó que sí hubo un compromiso de acuerdo. “Pueden suponer que yo miento y que Soloducho dice la verdad –acotó Bonomi–, pero hay múltiples testigos.” La paternidad de la responsabilidad en todo caso no diluye el sentimiento de frustración que embargó a los trabajadores y a los negociadores.
Es dudoso que los cálculos de Soloducho se confirmen en un beneficio para sus intereses. El director Baraibar deslizó una frase sugerente: “Después de esto ¿cómo piensa Soloducho obtener la asistencia financiera del Banco República?”. Se refería a la importante deuda que mantiene Dancotex. Son 10 millones de dólares otorgados por los directores colorados del BROU durante la administración de Jorge Batlle, con condiciones excepcionalmente generosas, en especial en la relación entre el monto de la deuda y las garantías que la sostienen.
Caído el acuerdo, el BROU cobrará los intereses correspondientes a la calificación de la deuda, lo que implica para Soloducho un aumento considerable en el monto de las amortizaciones que, dicho sea de paso, venía cumpliendo. El empresario, en estas condiciones, puede dejar de pagar, con lo cual se le presenta al BROU el problema de pasar el crédito a pérdida. Pero con ello Soloducho difícilmente obtendrá nueva asistencia financiera para la producción de la planta en Colonia, y a la vez se expone a las acciones judiciales del banco, además del embargo de los trabajadores. El traslado de las ocho líneas a Colonia es una operación lenta, que insumirá meses. En estas condiciones, los trabajadores en conflicto pierden su fuente de trabajo, pero Soloducho pone en peligro su proyecto coloniense.
Hay una tenue esperanza de que se reabran las negociaciones. Si los trabajadores aceptaron negociar mientras se procesaba la decisión judicial, bien puede Soloducho reiniciar las negociaciones mientras se procesa el embargo genérico. En caso contrario, todos pierden.

BRECHA, 18/08/2006.

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