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EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS Y EL MODELO DE DESARROLLO COSTARRICENSE
Por Rafael Cuevas Molina*

 

Un aporte de interés para la peripecia uruguaya resultó ser el análisis de la experiencia de Costa Rica y el TLC en Centroamérica. Costa Rica, en un proceso que viene del siglo XIX presenta una serie de analogías con el proceso uruguayo. Al decir de Rafael Cuevas Molina, de la Universidad de C. Rica, “A partir de este momento (1948), el Estado costarricense amplía sus actividades hasta ámbitos entonces circunscritos a la esfera de lo privado, lo que trae como consecuencia la extensión de las fronteras del capitalismo y la emergencia de nuevos sectores sociales integrados por burócratas y tecnócratas. Esta expansión responde, básicamente, a las necesidades de acumulación del capital; pero también, en buena medida, a la urgencia de responder a las demandas provenientes desde abajo, de las clases subalternas, que la crisis de los años 30 y los conflictos de los 40 habías colocado en la agenda social. Es decir, que la necesidad de legitimación del orden político juega un papel importante en la refundación del Estado costarricense a partir de 1948.

Se desarrolla así una serie de instituciones denominadas genéricamente Estado de Bienestar, que estuvo estrechamente asociada a un proceso de democratización política en la medida que, con ellas, se buscó poner fuera del alcance de los sectores plutocráticos los órganos estatales y eliminar, de este modo, las prácticas instrumentales de la oligarquía cafetalera. (…) Este proceso obedeció a la conformación de una ideología intervencionista que se concretó en un conjunto de proyectos: un sistema competitivo de elecciones, confiable en lo que se refiere a los resultados; una serie de políticas reformistas que se construyó sobre una amplia red de instituciones autónomas, principalmente de carácter social; el impulso de políticas estatales de inspiración keynesiana y la conformación de partidos pluriclasistas.

 

Antecedentes

En Costa Rica, el Estado ha presentado uno de los grados más elevados de legitimación de la región centroamericana y, posiblemente, de América Latina[1].  Las explicaciones que se han dado respecto a la especificidad de la formación social costarricense remontan sus causas al período colonial, y enfatizan la pobreza, la ausencia de comercio y la índole laboriosa y pacífica de los costarricenses que habitaban en el Valle Central del país[2] en los años de la independencia. En esas condiciones se habría conformado una especie de «democracia rural», cuyas bases fundamentales serían la legitimidad y el consenso las cuales, sin embargo, habrían recorrido un camino no exento de dificultades, avances y retrocesos. Aunque la democracia costarricense, como se conoce hoy, sería un fenómeno reciente, el balance a favor del consenso en detrimento de la represión puede rastrearse desde, por lo menos, el siglo XIX, cuando se va perfilando, paulatinamente, una cultura política basada en el respeto a las libertades básicas de un régimen de derecho típicamente liberal (libertades ciudadanas, derechos electorales institucionalizados, sistemas de partidos, alternabilidad en el poder, proliferación de grupos de presión, baja represión política, etc.). Es el período cuando, además, se van sustituyendo los mecanismos autoritarios de dominio societal por otros controles más sutiles, indirectos e invisibles, basados en la educación, el legalismo, cierta tolerancia y capacidad de negociación, cierto pragmatismo ideológico y un nacionalismo compartido por amplios contingentes sociales. Todo esto ha constituido un repertorio de mecanismos de legitimación a disposición de las clases dominantes y del Estado. Esta cultura político-ideológica se pudo alimentar y retroalimentar con relativa facilidad, y limar sus asperezas y contradicciones, en función de la relativa homogeneidad cultural  de la población, y a su también relativa concentración geográfica en el Valle Central, donde casi ha florecido una «Ciudad-Estado»[3]. 

En la década de 1940, ante la crisis del modelo estatal liberal, en Costa Rica se recompusieron las bases del Estado.  En 1942, el gobierno del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944) estableció una alianza con la jerarquía de la Iglesia Católica y los comunistas expresados en el Partido Vanguardia Popular (PVP). Apoyándose en ella, impulsó una serie de reformas: la promulgación del Código de Trabajo, la creación del seguro social (Caja Costarricense de Seguro Social), la reapertura de la Universidad (creación de la Universidad de Costa Rica), etc. Tales medidas provocan el alejamiento de los sectores  más  poderosos  de  oligarcas  cafetaleros,  rentistas  y hombres de negocios conservadores.  

La coalición de estos sectores (junto a otras fuerzas opositoras pertenecientes a la naciente socialdemocracia costarricense) inclina la balanza política, en 1948, a favor de los sectores medios «suboligárquicos» de profesionales y empresarios reformistas, frente a los que sólo queda una oligarquía dispuesta a transar con tal de mantener su nada despreciable poder financiero[4]. A partir de este momento, el Estado costarricense amplía sus actividades hasta ámbitos entonces circunscritos a la esfera de lo privado, lo que trae como consecuencia la extensión de las fronteras del capitalismo y la emergencia de nuevos sectores sociales integrados por burócratas y tecnócratas. Esta expansión responde, básicamente, a las necesidades de acumulación del capital; pero también, en buena medida, a la urgencia de responder a las demandas provenientes desde abajo, de las clases subalternas, que la crisis de los años 30 y los conflictos de los 40 habías colocado en la agenda social. Es decir, que la necesidad de legitimación del orden político juega un papel importante en la refundación del Estado costarricense a partir de 1948.

Se desarrolla así una serie de instituciones denominadas genéricamente Estado de Bienestar, que estuvo estrechamente asociada a un proceso de democratización política en la medida que, con ellas, se buscó poner fuera del alcance de los sectores plutocráticos los órganos estatales y eliminar, de este modo, las prácticas instrumentales de la oligarquía cafetalera. Se propulsó, por lo tanto, un proceso de difusión de hegemonía. Este proceso obedeció a la conformación de una ideología intervencionista que se concretó en un conjunto de proyectos: un sistema competitivo de elecciones, confiable en lo que se refiere a los resultados; una serie de políticas reformistas que se construyó sobre una amplia red de instituciones autónomas, principalmente de carácter social; el impulso de políticas estatales de inspiración keynesiana y la conformación de partidos pluriclasistas.

La prosperidad resultante del incremento en los precios del café en la posguerra permitió impulsar exitosamente este modelo durante las décadas de 1950 y 1960, pero empieza a evidenciar sus límites a principios de los años 70.  A estas alturas, sin embargo, el país muestra claras diferencias con el resto de los países de la región, tanto en la forma como se manifiestan las presiones populares, como en la de solucionarlas. A esto hay que agregar otros elementos: una estructura social sin brechas dramáticas, una «cultura política de compromiso», que le otorga gran estabilidad al sistema, y un «inmenso esfuerzo de movilización organizada desempeñada por el sistema político»[5].

El Estado de Bienestar impulsó una serie de políticas sociales que apuntaron, en lo fundamental, a la consolidación de la legitimación del nuevo grupo social dominante, y se encaminaron a la ampliación de las capas medias con miras al surgimiento de una sociedad mesocrática de corte socialdemócrata. El aparato de bienestar se amplía, en las décadas de 1950 y 1960, en dirección de la satisfacción de demandas provenientes de los sectores obreros urbanos y campesinos. En la década de 1970 se observa el crecimiento del aparato encargado de orientar políticas hacia otros sectores sociales[6].

El aumento de la importancia de las políticas sociales deriva de la concepción político-ideológica que les concede facultad terapéutica y anticipativa en la resolución de los conflictos sociales.

Surge así toda una serie de órganos directos de mediación, encargados de la organización del consenso, de satisfacer (a través de políticas específicas) necesidades diversas que se entrecruzan: las de la reproducción del capital, las de sectores corporativos específicos de la sociedad civil y las que tienen un carácter agregado y que, por lo tanto, no responden necesariamente a demandas específicas. Durante este período, se le da importancia al impulso de estas políticas sociales, las cuales atraviesan un momento de génesis entre 1950 y 1960, uno de desarrollo expansivo entre 1960 y 1980, y uno de crisis política y social a partir de finales de la década de 1970[7]. Estas cumplen funciones determinadas en el proceso de difusión de la hegemonía y de organización del consenso, y deben asociarse a una nueva forma de relación Estado-sociedad civil, cuya base esta dada por la activación de complejos y difundidos procesos de cooptación, a partir de los que se imprime una dinámica determinada a los diferentes campos de la sociedad costarricense.

Las políticas sociales del Estado costarricense se inscribieron así den­tro de un programa general de promoción social. El principal impulsor de este tipo de desarrollo fue el socialdemócrata Partido Liberación Nacional. Entre 1950 y 1980, las políticas sociales del Estado siguen, en lo fundamental, las directrices de este partido. De acuerdo con esa perspectiva  ideológica, el Estado debía promover políticas y programas que contribuyeran a disminuir la brecha que existe entre las clases sociales, no sólo por razones de responsabilidad, sino con el propósito de conservar la estabilidad política del país[8]. Estas políticas reformistas tuvieron un impacto sustancial en el mejoramiento de las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad, en la ciudad y en el campo. En estos años se inicia una serie de tendencias que caracterizará, por lo menos, los siguientes treinta años: un constante crecimiento de la matrícula, sobre todo en la enseñanza primaria, pero también en la secundaria y la universitaria[9]; un aumento de la expectativa de vida y la disminución de la mortalidad infantil; un mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado y, por ende, una mejora de las condiciones higiénicas de la población; un crecimiento constante de los salarios reales; una distribución del ingreso más equitativa, sobre todo en los sectores medios de la población[10], que aumentó del 34% al 44%[11]. En la década de 1950 se inicia, por lo tanto, y teniendo como antecedente y sustento las reformas de la década el 40, un mejoramiento de las condiciones de vida de la población costarricense. En buena medida, este período de crecimiento y mejoramiento de las condiciones generales de vida de la población, que duró hasta 1978, fue la forma como Costa Rica logró aprovechar la coyuntura de auge económico del sistema capitalista mundial, que se inicia en 1940-1945, y dura hasta 1967-1971.

En 1978, las condiciones externas empeoran con rapidez: se da el estallido de la crisis de la deuda externa y el acelerado proceso de deterioro de las relaciones de intercambio entre las naciones industrializadas y las naciones en vías de desarrollo, lo cual deja al descubierto la fragilidad del estilo de desarrollo seguido hasta ese momento. Las expectativas de la población con respecto a un mejoramiento continuo en su calidad de vida se vieron frenadas e interrumpidas abruptamente ante la depresión; se abre así una nueva etapa, que catalogaremos como de crisis, en la cual se inicia paulatinamente el tránsito hacia un estilo de desarrollo de corte neoliberal, el cual se inaugura a partir de 1982 con los llamados Programas de Ajuste Estructural (PAE), que en el caso costarricense fueron tres. El tránsito hacia la implementación de este nuevo modelo se realizó de forma paulatina y relativamente poco violenta, dado 1) el apoyo que recibió el Estado costarricense por parte de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) y 2) la oposición que tales medidas tuvieron por parte de la sociedad civil costarricense.

El apoyo económico norteamericano durante la década de los 90 y el deterioro de la calidad de vida

Las condiciones políticas de la región centroamericana durante la década de los ochenta, con una Nicaragua en la que había triunfado la Revolución Sandinista y avanzaban con ímpetu los procesos revolucionarios en Guatemala y El Salvador, favorecieron a una Costa Rica que declaró su neutralidad perpetua frente a estos conflictos, lo cual no le impidió que se hiciera de la vista gorda de los campamentos de la Contra en el Norte del país, que favoreciera la instalación de una radioemisora de la Voz de América en la misma zona, y que tolerara la presencia de los cabecillas de la llamada Resistencia Nicaragüense. Esta posición, complaciente con la geoestrategia norteamericana de estrangular a la Revolución Sandinista, y derrotar a las fuerzas revolucionarias de los otros países de la región, le valió que la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) abriera generosamente sus arcas, de tal forma que se calcula que la subvención que recibió el Estado en esos años fue de aproximadamente un millón de dólares diarios. Esto le otorgo estabilidad económica y fortaleció su balanza de pagos[12]. Los avances en materia de estabilización llevaron a plantear la posibilidad de avanzar en el proceso de apertura externa, lo que se vislumbró como una alternativa sostenible para superar la etapa crítica de la economía.

Lo que se está describiendo no constituye ninguna novedad para cualquier latinoamericano. Se trata de la implementación de las políticas elaboradas e impulsadas por los organismos financieros internacionales, especialmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en el contexto de la exigencia del pago de la deuda externa de acuerdo a las estipulaciones del llamado consenso de Washington.

A pesar de todo, la ayuda norteamericana no pudo evitar el deterioro de las condiciones de vida de la población. La crisis de la década de los ochenta tuvo ondas repercusiones sobre el desempleo abierto, que creció del  5.9% al 9.4%, y sobre el salario real, que tuvo un descenso próximo al 35%, muy por encima de la caída de la productividad que bordeó el 7%[13]. Este proceso de deterioro continuó durante toda la década del ochenta, y se acentuó a partir de la segunda mitad de la década de los noventa. Así, la encuesta Nacional de Hogares dio cuenta que, en el año 2006, la sociedad costarricense se encuentra cada vez más polarizada, y se ahonda paulatina pero firmemente, la brecha entre pobres y ricos. Para este año, los indicadores muestran un desempleo abierto del 20,2%, mientras empeora la distribución del ingreso ya que el promedio de hogares con más recursos superó en 10 veces el de los más pobres[14].

En donde los sectores dominantes costarricenses se han encontrado con un valladar, ha sido en el intento de desmantelar las instituciones que fueron creadas en los años del llamado Estado de Bienestar.

La creciente oposición de la sociedad civil

El desmantelamiento del aparataje institucional que estuvo en la base de este tipo de Estado, se ha topado con la decidida oposición de la sociedad civil costarricense. Las mayores movilizaciones de masas de los últimos tiempos han estado asociadas a las beligerantes muestras de rechazo frente los intentos de desmantelar el sistema de pensiones, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros y otras instituciones similares.

Ha sido el ICE la institución que se ha convertido en el emblema de la oposición a la política de privatizaciones. Fundado en la década del cincuenta, su trabajo ha situado a Costa Rica entre los países con mayor y mejor cobertura telefónica y de energía eléctrica en América Latina. Una ley que pretendía “modernizarlo” fue detenida por las más grandes movilizaciones populares en muchos años en el 2002. Movilizaciones semejantes, sin embargo, no pudieron detener, en 1999, la reforma de la ley de pensiones, que disminuyó los derechos de miles de trabajadores.

Como se puede observar, existe una fuerte conciencia en la sociedad costarricense de que estas instituciones constituyen, hoy en día, la base de la llamada “especificidad costarricense”, que le ha permitido al país exhibir índices de desarrollo distintos a los de sus vecinos de la región.

Varias han sido las instancias de la sociedad civil que han tenido una participación activa en la oposición a las pretendidas reformas de corte neoliberal que se desean realizar. En primer lugar, hay que relevar el papel de los sindicatos del ICE, de empleados públicos y, últimamente, también de manera beligerante, de maestros; pero aunque estas sean las cabezas más visibles del movimiento, aquellos que reciben cada vez con más vehemencia las andanadas de ataques del gobierno y los sectores dominantes costarricenses, debe hacerse justicia y decir que se trata de una gran coalición de los más diversos sectores. Por otro lado, también hay que destacar el papel de las universidades públicas, quienes han hecho una ingente labor de estudio y esclarecimiento.

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC-eucard): estrategia para vender gato por liebre

Ante la fuerte oposición encontrada para llevar adelante las reformas, el TLC-eucard se ha transformado en el principal instrumento que quiere utilizar el gobierno costarricense para consolidar un modelo que institucionalice el modelo neoliberal. Como bien apunta Henry Mora Jiménez, el TLC-eucard lo que menos tiene es de comercio[15], pues, para el caso costarricense lo que más abundan son las cláusulas que obligan modificar la estructura de aquellas instituciones en donde las compañías transnacionales ven la posibilidad de realizar jugosos negocios. Se trata, en primer lugar, del ICE y del Instituto Nacional de Seguros. Al ICE se le exige que abra el área de telecomunicaciones, especialmente el de telefonía celular, el que más rinde económicamente y el cual, en una estructura de tipo solidario como la que actualmente tiene, subsidia otros servicios que tienen poca o ninguna rentabilidad, como es, por ejemplo, la instalación de teléfonos públicos y energía eléctrica en zonas alejadas del área rural. Para ello, se impulsa una ley de ”modernización” que actualmente se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa. Al Instituto Nacional de Seguros (INS) también se le exige “abrirse” a la competencia externa, sobre todo en los rubros rentables como, por ejemplo, los seguros para automóviles.

A lo anterior debe agregarse la problemática de los medicamentos para la Caja Costarricense del Seguro Social, ya que se ponen trabas a la compra de medicamentos genéricos por parte de esta institución. Prácticamente no existe sector de la sociedad costarricense que no sea tocado por este tratado de “tigre suelto contra burro amarrado”: el de los agricultores que deberán “competir” contra la supersubsidiada agricultura norteamericana; el de la educación, que ve abrirse las puertas a la consolidación del ya bien avanzado proceso de privatización; el de los aborígenes y sus conocimientos ancestrales de plantas medicinales; el de los derechos de autor sobre la riqueza biológica de fauna y flora de los bosques del país, etc., etc.

El TLC-eucard es, entonces, una forma subrepticia de consolidar y tratar de tornar irreversibles las reformas neoliberales que vienen impulsándose desde inicios de la década del ochenta. No se trata solamente de un tratado de libre comercio más, sino de una estrategia para terminar de transformar la ya cambiada realidad costarricense. El Tratado viene a convertirse en un sustituto de un verdadero plan nacional de desarrollo, pensado desde los intereses del país, que debería formularse en consenso entre todas las fuerzas vivas de la nación. Como apuntan Amaru Barahona, Mario Fernández y Mª Eugenia Trejos, la euforia con la que los grupos dominantes han acogido el TLC-eucard responde, en muy buena medida, a “la ausencia de un proyecto propio”[16]. Agregan estos autores que “Negociar es primero que todo tener un proyecto, y teniéndolo, construirle viabilidad a través de la negociación. En la experiencia de la negociación TLC-eucard, nos encontramos que una contraparte, Estados Unidos (…), sí tiene su proyecto y le está construyendo viabilidad. La otra contraparte, que expresa los intereses de las oligarquías centroamericanas, no tiene proyecto alternativo”.[17] Su proyecto es precisamente formar parte del proyecto de la otra parte[18]. Es esta una visión absolutamente miope, que ignora, incluso, la importancia que tiene Centroamérica para los Estados Unidos, y negoció como si ésta no tuviera nada que ofrecer, ignorando tanto las ventajas comerciales[19] como las geoestratégicas[20].

De aquella Costa Rica en la que los indicadores de salud, educación, empleo y, en general, de calidad de vida, la colocaban como un caso excepcional en América Latina, queda poco. Las consecuencias de las creciente polarización social, y de la pauperización de cada vez más sectores de la población, ha llevado al crecimiento exponencial de la violencia de todo tipo. En un principio, los costarricenses la atribuyeron a los inmigrantes nicaragüenses y colombianos; pero varios estudios realizados al respecto muestran que no es así. Son los mismos costarricenses, envueltos en las nuevas agobiantes circunstancias económicas y sociales, los principales protagonistas de los actos violentos[21]. Ya han empezado a aparecer, en los barrios marginales de las ciudades, las pandillas juveniles que, aunque no alcanzan ni lejanamente aún las características de las maras de los países del Norte de Centroamérica, tienen todos sus rasgos y crecen rápidamente.

Sería largo enumerar, describir e intentar explicar las causas de las transformaciones que está sufriendo el país debido a la implantación del modelo neoliberal, que ha venido a modificar sustancialmente ese elevado grado de legitimidad del que gozaba el Estado, y que hemos mencionado al inicio de esta ponencia. El TLC-eucard deberá ser votado próximamente en la Asamblea Legislativa, y ya se anuncian tiempos difíciles de confrontación como, tal vez, no se han visto en ese país desde hace mucho tiempo.

Bibliografía 

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* . Guatemalteco. Profesor-investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica. Doctor en Historia por la Universidad de La Habana.

[1] . Abordajes teóricos que respaldan esta afirmación pueden encontrarse en la revista Ciencias Sociales, Nr.31; Universidad de Costa Rica; San José; 1986. De especial importancia son los trabajos ahí publicados de DANIEL CAMACHO: «Introducción. Sobre el concepto de legitimidad»; ANA SOJO: «La democracia política y la democracia social: una visión desde Costa Rica»; y OLIVIER DABÉNE: «Las bases sociales y culturales de lo político en Costa Rica».

[2] . El Valle Central costarricense constituye el corazón del país. En él se encuentra establecida casi la mitad de la población y, en su seno, se construyó la identidad nacional “vallecentrista” que lo caracteriza hasta hoy.

[3] . Así le llama JOSÉ LUIS VEGA CARBALLO: «San José, tenencia de la tierra y nuevos grupos sociales en el siglo XIX»; en RODRIGO FERNÁNDEZ Y MARIO LUNGO; La estructuración de las capitales centroamericanas-; EDUCA; San José; 1988; pg. 5.

[4] . JOSÉ LUIS VEGA CARBALLO: «Etapas y procesos de la evolución socio política de Costa Rica»; en revista Estudios Sociales Centroamericanos, Nº. 1; Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA); San José; 1972; pg. 395.

[5] . OLIVIER DABÉNE: «Las bases culturales de lo político en Costa Rica»; en revista Ciencias Sociales; Nº. 31; Universidad de Costa Rica; San José; 1986; pg. 79.

[6] . Un listado exhaustivo de las instituciones creadas, reformadas o reestructuradas, relacionadas con la política social en el período 1969-1978 se encuentra en ROY RIVERA Y LUDWIG GÜENDELL: «Crisis, política social y democracia en Costa Rica: una evaluación»; en: Costa Rica, la democracia inconclusa; Instituto de Investigaciones Sociales-Departamento Ecuménico de Investigaciones (IIS-DEI); San José  1989; pg.89.

[7] . Op.cit; pg. 90.

[8] . PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL: Programa de Gobierno 74-78; Gráfica Litho-Offset; San José; 1973; pg. 9.

[9] . Esa es la caracterización que da MANUEL ROJAS BOLAÑOS en «El proceso democrátíco en Costa Rica». En: Costa Rica; la democracia inconclusa; Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) e Instituto de Investigaciones Sociales (IIS); San José; 1989; pg. 28.

[10] . Véase MANUEL ROJAS: op. cit.; pg. 30.

[11] . Más datos, y con un mayor nivel de especificidad, pueden encontrarse en el Anuario estadístico para América Latina y el Caribe; CEPAL; 1986.

[12] . MANUEL ANTONIO BARAHONA MONTERO: “El desarrollo económico”.  En Costa Rica contemporánea: raíces del estado de la nación; Proyecto estado de la nación; San José, 1997; pg. 97

[13] . MANUEL ANTONIO BARAHONA MONTERO: “El desarrollo social”. En Op.cit.; pg. 156.

[14] . Véase PATRICIA LEITÓN: “Empeora distribución del ingreso”. En La Nación. Miércoles 1 de noviembre del 2006; pg. 19A

[15] . HENRY MORA JIMÉNEZ: 101 razones para oponerse al Tratado de Libre Comercio. Editorial EUNA; Heredia; 2004.

[16] AMARU BARAHONA PORTOCARRERO et.al.: “Desenmascarando el Tratado: marco estratégico en que se inserta el Tratado de Libre Comercio”. En Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica-República Dominicana. Estrategia de tierra arrasada; Editorial EUNED; San José; 2005; pg.19.

[17] . Idem.

[18] .  “Esta ausencia –dicen Barahona y compañeros- ha llevado a las clases dirigentes centroamericanas, junto con las cámaras empresariales y los grandes medios, a repetir las palabras del representante comercial de Estados Unidos, en el sentido que negociar con ellos es un privilegio” . Op.cit.; pg.20.

[19] . La importancia comercial de Centroamérica para Estados Unidos no es insignificante, ya que el comercio de la primera con el segundo fue superior, durante la primera mitad del 2003, a la que la gran potencia del Norte tuvo con Hong Kong o con India, y dos veces el que tiene con Rusia, Hungría y Polonia juntos.

[20] . Estos son los más importantes y evidentes: 1) Centroamérica es el puente entre el norte y el sur de América, entre el océano Atlántico y el Pacífico; 2) el grueso de las transacciones comerciales de Estados Unidos se orientan hacia América y Asia, y no hacia Europa. Además, el 80% de su actividad económica se encuentra ubicada entre río Mississippi y la costa atlántica. Las montañas del oeste representan un obstáculo costoso, y se necesitan los territorio de esta “cintura de América “ (al decir de Neruda) para buscar esas rutas (Véase OSCAR RENÉ VARGAS: Conferencia sobre el ALCA, CAFTA y TLCAN; Fundación Friedrich Ebert, 4 de abril de 2003); disponible en Internet: www.fesnica.org.ni); 3) existe en la región un verdadero tesoro de biodiversidad, la cual constituye la verdadera riqueza natural de América Latina. El denominado Corredor biológico mesoamericano, con solo el 0.5% de la superficie terrestre, contiene el 7% de la biodiversidad conocida del planeta, lo que la convierte en la segunda región en biodiversidad del planeta. Véase MANUEL FRANCISCO LÓPEZ CORRALES: “El Tratado de Libre Comercio: el ambiente al servicio exclusivo de la acumulación capitalista”. En El Tratado de Libre Comercio…; Op.cit.; pg. 321.

[21] . HAZEL CERDAS: “No hay relación entre migración y delincuencia”. En Semanario Universidad Nº. 1690, del 2 al 8 de noviembre de 2006; pg.11.

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