Crysol - Asociación de Ex pres@s Polític@s del Uruguay

Atentos a la voluntad demostrada por el actual gobierno en materia de derechos humanos, en el sentido de cumplir con lo estipulado por el artículo 4ª de la Ley de Caducidad, y sintiéndonos reiteradamente aludidos cada vez que cobra notoriedad la cuestión de las violaciones de estos derechos en el pasado, en tanto ex presos políticos de la pasada dictadura cívico militar entendemos necesario realizar algunas  precisiones tendientes a refrescar memorias o  simplemente aportar información a quienes lo necesiten.

LOS PRESOS POLÍTICOS Y LA TORTURA EN EL URUGUAY.-

A partir de abril de 1972, cuando las Fuerzas Armadas asumen la represión contra los grupos que emprendían la lucha armada, y hasta 1985 en que se reinstala la democracia cercenada a mediados de 1973 por el golpe de estado cívico militar, la prisión, el exilio o la muerte fue el destino inexorable de decenas de miles de uruguayos perseguidos por el régimen.

En el curso de esos 13 años unos cinco mil compatriotas fueron procesados por la denominada “justicia militar”, y un número no menor del doble o quizás cercano al triple, fueron detenidos transitoriamente en un marco de condiciones y temporalidad tan arbitrario como el que regía para aquellos. No ser procesado por la justicia militar equivalía, por lo general, a “salir antes”, pero no eximía a nadie, claro está, de los procedimientos aplicados a los prisioneros políticos en la primera etapa de su detención.

Estamos diciendo por tanto que al amparo de la Ley de Seguridad del Estado promulgada en Julio de 1972 no menos de 15 mil uruguayos sufrieron “apremios físicos”, lo que equivale a decir que fueron torturados por las fuerzas armadas y policiales entre 1972 y 1985.

¿QUÉ QUEREMOS DECIR CUANDO DECIMOS TORTURA?

Queremos decir que una persona detenida, por muchos días o semanas o meses era una persona desaparecida: dejaba de existir para sí y para su familia como ciudadano legal con derechos, familia, responsabilidades, etc.

Queremos decir que esa persona era objeto de tormentos físicos y psicológicos por el tiempo que sus apresadores dispusieran: días, semanas, meses, hasta años duró en algunos casos el régimen de tortura empleado.

Queremos decir cuando decimos tortura generalizada, la sufrida por la inmensa mayoría de los ex presos políticos uruguayos en sus diferentes modalidades, a saber:

Sesiones de tacho o submarino, o sea inmersión en agua próxima a la asfixia.

Sesiones de picana eléctrica, choques de electricidad aplicados en diferentes partes del cuerpo preferentemente zonas sensibles como genitales, axilas, orejas, etc.

Decimos caballete: una barra de hierro donde  a horcajadas era colocado el prisionero, desnudo, esposado atrás y sin apoyo de sus pies en el suelo de manera que el hierro se fuera incrustando cada vez más entre sus nalgas, provocando rápidamente  un dolor insoportable, que podía inclusive ser complementado con el uso simultáneo de picana eléctrica.

Decimos palizas, golpes de diferente naturaleza, frecuencia o sistematización, infligidos por una o por varias personas a la vez. Decimos colgadas, mantenimiento del prisionero durante horas suspendido de sus brazos provocando un sufrimiento indescriptible.

Decimos plantones prolongados: piernas separadas, brazos extendidos a la altura de los hombros, sin agua ni alimento horas, días, semanas hasta caer exhaustos.

Queremos decir gente que ni bien era detenida pasaba semanas o meses encapuchada o vendada, privada de su visión, atada, esposada, incomunicada, aislada, muchas veces desnuda, humillada, castigada, herida física y psicológicamente, muerta física o psicológicamente.

Estamos detallando, tan sólo, la metodología habitual, rutinaria, la estandarización de la tortura tal como se aplicó en nuestro país. Por cierto que no pocos compañeros sufrieron la sofisticación, el refinamiento o la prolongación de estos métodos hasta niveles de crueldad difíciles de imaginar.

Y queremos especialmente subrayar  cómo la cuestión del género multiplicó la humillación y el tormento en mujeres sometidas no sólo al  sadismo del torturador sino también a los efectos de su ideal machista de la sociedad  transformando a su víctima femenina en objeto de placer degradante. Muchas, muchísimas mujeres fueron literal y salvajemente violadas por uno o varios de sus torturadores; muchas más sufrieron el escarnio del manoseo morboso protegido por el anonimato de la capucha, y la enorme mayoría fue violada en su integridad personal por el solo hecho de tener que comparecer desnuda, encapuchada e indefensa ante sus interrogadores.

Estamos hablando también, claro está, de gente muerta en tales circunstancias porque sus organismos no resistieron las exigencias brutales a que fueron sometidos. Hablamos de quienes prefirieron quitarse la vida como forma de poner fin al tormento, de los que murieron tiempo después producto de las  secuelas físicas o mentales que la tortura dejó para siempre. Estamos hablando de gente que no sufrió la tortura porque antes fue asesinada sumariamente.

Estamos hablando de presos políticos muertos en cuarteles y cárceles de la dictadura cuyos cuerpos fueron entregados a sus familiares y estamos hablando, por supuesto, de presos políticos cuyos restos buscamos hasta el día de hoy y sus nombres y sus rostros son emblemas de verdad y justicia para la sociedad toda.

EVOLUCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA TORTURA.-

A partir de 1972 la tortura se generalizó a lo ancho y a lo largo del país. El Ejército fundamentalmente torturó prácticamente  en todas sus dependencias  distribuidas  en todos los departamentos. Las diferencias entre un lugar y otro fueron de grado, de estilo, de intensidad, hasta de experiencia o de aptitud para aplicar la metodología.

Cada cuartel, cada unidad militar tenía su S2, su equipo de inteligencia, su acopio de información; hasta una suerte de competencia perversa podía apreciarse entre unidades instadas desde los mandos a la cacería. A las cárceles de Libertad, de Paso de los Toros y Punta de Rieles confluyeron presos políticos de todos los cuarteles del país: todos ellos venían torturados de sus lugares de origen.

Con el correr de los años los procedimientos se fueron modificando, perfeccionando diríamos. En los primeros años la política  seguida por los mandos fue involucrar a todo el personal en la represión y en la tortura, oficiales y personal subalterno. Hubo gente, oficiales o soldados, que seguramente no participaron directamente en la práctica de la tortura, pero fue prácticamente imposible que alguien que cumpliera servicios en una unidad militar en aquellos tiempos pudiera no saber lo que allí pasaba con los prisioneros políticos detenidos.

En tal sentido resulta sugestivo que en estos momentos el Jefe de la Armada, el comandante Tabaré Daners, diga desconocer la tortura que se practicaba en el Fusna, emblemático centro de tortura donde él mismo  revistó  por lo menos, como juez sumariante, horrorosa figura jurídica con que  cada unidad militar  pretendía legitimar declaraciones arrancadas a fuerza de tacho y picana, so pena de volver a los interrogatorios por el tiempo que fuere necesario de no ratificar el prisionero las actas  que le eran presentadas.

Después de los primeros años, seguramente en aras de la eficacia, la tarea del interrogatorio y la tortura quedó localizada en determinados lugares (unidades militares o centros clandestinos) y su responsabilidad quedó a cargo de “los especialistas” (Gavazzo, Cordero, Silveira, Tróccoli, Arab, Ferro, Medina, Dolcey Britos, Marsicano, Marabotto,etc.).

Pero debe estar claro que el número de torturadores que revistieron o revisten en las fuerzas armadas, (fundamentalmente en el Ejército, por una cuestión de magnitud) trasciende largamente el grupo de nombres conocidos a través de la prensa.

LA MESA, EL MENÚ Y LOS COMENSALES.-

Evidentemente la práctica generalizada de la tortura – que se extendió prácticamente hasta mediados de 1984, no olvidemos que mientras la Conapro negociaba la salida democrática fue asesinado en la tortura el Dr. Vladimir Roslik – fue posible gracias  a la  represión, al miedo y al oscurantismo que impuso el terrorismo de estado en todo el país. 

No existió una “guerra interna” que pudiera justificar,  ¡de alguna manera!, la barbarie de la dictadura. En todo caso la guerra que existió en este país entre militares y organizaciones guerrilleras transcurrió entre abril y setiembre de 1972, período en que fueron desmantelados los aparatos militares operantes en aquellos tiempos. Después la guerra fue contra el pueblo y todas sus múltiples expresiones de resistencia emprendidas.

El golpe de estado de 1973, enfrentado con 14 días de huelga general por los trabajadores y los sectores populares, cumplió directivas geopolíticas muy precisas de terminar con todas las organizaciones  populares y de izquierda existentes en la región, tarea a la que se abocaron con ejemplar abnegación las fuerzas armadas uruguayas, conducidas desde entonces por sectores ávidos de un protagonismo político e ideológico que echó por tierra la tradición civilista y constitucional que históricamente las caracterizaba.

Las expresas y los expresos políticos uruguayos nucleados en Crysol estamos dispuestos a poner nuestro humilde granito de arena a favor de la reconciliación nacional.

Apoyamos, respaldamos y felicitamos la gestión del gobierno actual tendiente a cumplir con las leyes vigentes, del mismo modo que aceptamos y respetamos, aunque no compartimos, la limitación en cuanto a verdad y justicia que supone la ley de caducidad que vulneró nuestros legítimos derechos como víctimas directas del terrorismo de estado.

Nuestra prioridad en tal sentido sigue siendo el apoyo pleno a la causa de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que no es otra cosa que apoyarnos a nosotros mismos: los compañeros desaparecidos son expresos políticos  como nosotros, y ha sido obra de la casuística particular que el destino de cada uno de nosotros no haya sido el de estos hermanos ausentes.

Lo decimos con entera franqueza: no nos sentimos responsables ni del golpe de estado, ni de la dictadura, ni de las barbaridades cometidas en ese período. Enfrentar el desborde autoritario del pachecato, enfrentar el Golpe de Estado, enfrentar el terrorismo de Estado, batallar por la libertad y la institucionalidad democrática, luchar por una vida mejor, por un mundo mejor, es motivo de orgullo para todos nosotros y no de arrepentimientos.

Los errores o las culpas nuestras, las que puedan haberse cometido en el curso de la lucha de las organizaciones de izquierda, por graves que fueren, nunca podrán equipararse a las aberraciones que prohijó el terrorismo de estado.

Es inaceptable que se proponga hoy  sentarnos todos en la misma mesa a compartir culpas, responsabilidades o verdades ocultas. No vamos a pedir disculpas por haber sido torturados. No vamos a pedir disculpas en nombre de nuestros asesinados por no haber resistido los “ apremios”. Mucho menos cuando comienza a salir a luz que los desaparecidos en muchos casos fueron asesinados con premeditación y alevosía.

Para dar vuelta esta triste página de la historia uruguaya, de acuerdo a la normativa de protección a los Derechos Humanos vigente que hasta el día de hoy pretenden seguir ignorando y desconociendo, es imprescindible que las Fuerzas Armadas, como tuvieron el coraje de hacerlo en Chile y Argentina, acepten el papel que les tocó jugar en toda esta historia.

Es necesario, antes que nada para ellas mismas, que acepten la responsabilidad de todos y cada uno de sus crímenes, que pidan perdón por ellos, que den señales cabales de un sincero arrepentimiento y que en un acto postrero de  valentía, asumiendo sinceramente la culpa por tanto dolor infligido desde el estado y en nombre del estado, propongan al Poder Ejecutivo la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado para que sea la Justicia, tal como corresponde, la que establezca culpas y responsabilidades.

Montevideo, 22 de Agosto de 2005

PVP - Partido por la Victoria del Pueblo - Frente Amplio - Uruguay