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Partido por la Victoria del Pueblo ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD

La puja distributiva en Argentina

Escribe: Alfredo Zaiat

La postal es lo suficientemente expresiva para dar cuenta de que algo ha cambiado en el comportamiento de los actores del conflicto social. El automovilista que va y viene por Leandro N. Alem observará casi a diario protestas en la puerta principal de la sede del Ministerio de Trabajo. Empleados de diversos sectores se hacen presente para reclamar por despidos, ajustes salariales, encuadramiento sindical o para quejarse por cambios en normativas que afectan sus derechos. Cualquiera de esos pedidos tiene como eje principal la lucha por la recuperación de ingresos y mejoras en las condiciones laborales. Hace algunos meses, en cambio, los cánticos y bombos frente a esa dependencia eran de organizaciones piqueteras, siendo la protesta de más repercusión mediática la que impidió salir del edificio al ministro y colaboradores. La solicitud de más planes asistenciales o aumentos en el monto del subsidio eran los motivos de esas convocatorias. Si bien esa descompresión piquetera en Trabajo tiene que ver con que la administración de los programas sociales ha mudado a Desarrollo Social, también es cierto que frente al edificio del ministerio que maneja Alicia Kirchner no se verifican concentraciones diarias como las que existían hace no más de un año.

Variados son los motivos para explicar ese cambio de la dinámica de la protesta social. Uno de ellos fue la campaña de desgaste sobre los movimientos piqueteros, ayudada ésta por la infantil estrategia de esas agrupaciones de estructurar una política del piquete permanente. Método que provocó el rechazo de la clase media y también de trabajadores que se enfrentaban a problemas para la asistencia a sus lugares de labor ante los cortes de avenidas o puentes. La alteración de los ejes de la protesta social tiene que ver además con la alianza política que se afianzó entre algunos grupos piqueteros y el Gobierno. Pero la razón más importante de ese nuevo escenario se relaciona con que ahora la protesta social dejó de ser defensiva.

En la actualidad el conflicto que emerge con intensidad es el laboral que, resulta evidente, no sustituye al social sino que ambos van de la mano. Esa nueva caracterización del conflicto implica un salto cualitativo relevante. El acelerado crecimiento económico con una fuerte creación de empleo –todavía con retribuciones muy bajas–, y también con una política oficial activa –por ejemplo, los aumentos dados por decretos– han ido conformando un panorama del mundo del trabajo diferente del que regía.

En el Gobierno no ha prendido esa idea perversa que fue lanzada desde la usina de la ortodoxia que apuntaba a que las discusiones salariales que se abrieron en diferentes sectores, así como también los ajustes por decretos, avivaron el fuego de la inflación. De todos modos existe el riesgo de que esa semilla empiece a germinar. Cuando Roberto Lavagna menciona en forma genérica que una de sus principales preocupaciones de este año es la tensión que se derivará de la puja distributiva, incluye la cuestión salarial como también los reclamos por la baja de las retenciones o demandas de otros sectores productivos. No sería correcto identificar una y otra pelea por porciones de la torta en un mismo plano de igualdad. En Economía sostienen que no hay que exacerbar esa puja ni incentivarla. Para evitar confusiones deberían precisar a cuál de ellas se refieren.

En los hechos, con excepción de los trabajadores de unas pocas ramas industriales, muy concentradas, de capital intensivo y, por lo tanto, de poca utilización de mano de obra, y vinculadas al mercado externo, la mayoría no se ha recuperado de la hecatombe de sus ingresos. Y si es ésa la puja que inquieta basta con detenerse en el más reciente informe del Indec sobre distribución del ingreso, en el cual se revela que no se ha achicado nada la brecha entre los privilegiados de la punta y los desdichados de la base de la pirámide. Más bien se ha ampliado un poco durante el año pasado. Y no fue mayor gracias a la oportuna intervención del Estado en la discusión salarial con los ajustes por decreto.

En esta misma columna hace un mes se rescató un excelente análisis publicado en Informe de Inflación –primer trimestre 2005–, elaborado en el Banco Central, sobre salarios y precios. En ese documento se había precisado que si éste y el anterior gobierno no hubiesen dispuesto en total cinco aumentos por decreto a los trabajadores formales, que suman 350 pesos (250 que ya fueron incorporados al sueldo y otros 100 pesos que comenzaron a devengarse en enero pasado), la recuperación hubiese sido mínima. En la práctica, esos ajustes –sin el último aplicado– “representan el 80 por ciento de la suba de los salarios nominales del sector formal privado de la economía”, se concluye en el informe.

Lo más probable es que la reiteración de una determinada medida pueda llegar a desgastarla e incluso resulta comprensible aspirar a que la propia dinámica de la economía la deje inservible. Y hasta es válido pensar que la insistencia en un camino puede entorpecer la marcha de la recuperación. Pero ése no parece ser el caso de la cuestión salarial, dado que esos decretos fueron los que despertaron y mantienen viva la discusión por los ingresos. Y puede ser que todavía se necesite de ese incentivo externo, pese al disgusto que le provoca al mundo de los negocios y también al ministro de Economía, para que los salarios vayan recuperando terreno.
Como la tensión salario-empresas es, en definitiva, una relación de fuerzas, agitar el fantasma de la inflación es el arma más eficaz para encolumnar voluntades con la meta de disciplinar los reclamos de mejora de ingresos por parte de los trabajadores. La discusión por el salario no ha exacerbado ni lo hará –teniendo en cuenta los actores en escena– la puja distributiva. En todo caso si la preocupación pasa por cómo evoluciona esa puja, no hay dudas de que el trabajador no está siendo el ganador, aunque tampoco es el perdedor por paliza. Con cualquier variable que se quiera vincular el salario para definir futuros ajustes, éste ha quedado hasta el momento retrasado con relación al Producto (el casamiento que prefiere el titular de la cartera laboral, Carlos Tomada), la productividad (el elegido por Lavagna) o de la inflación (el favorito de muchos sindicalistas).

En ese mismo informe del BCRA se precisó que en el último año, con un crecimiento de la economía a ritmo chino del 9 por ciento, la recomposición salarial en términos reales alcanzó apenas al 3 por ciento. Lo revelador es que “se habría producido una caída (del salario real) de no haber sido otorgado el aumento por decreto de enero del 2004”, ilustró el documento.

¿Habrá recuperación salarial este año, confiando en el desprendimiento empresario y su promesa de subir los sueldos, o se necesitará otro ajuste por decreto? La experiencia enseña que en este caso lo mejor es ser desconfiado de las bondades del mercado.

Tomado de Cash, suplemento de Página 12, 20/3/05

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