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Partido por la Victoria del Pueblo | ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD |
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Publicamos la Proclama leída por Ana Amorós, integrante de Plataforma de Derechos Humanos, el 19 de junio en Paysandú, y recortes de prensa de Luis Puig y Pablo Chargoña.
LA
PLATAFORMA
Leída por Ana Amorós, integrante de Plataforma de
Derechos Humanos
A fines del año pasado el PIT-CNT, lanzó su compromiso de
iniciar una campaña para anular la Ley de Caducidad de la pretensión Punitiva
del Estado que fuera aprobada el 22 de diciembre de 1986.
Durante 20 años, la aplicación de dicha ley permitió
que cuatro gobiernos consagraran la impunidad con relación a las violaciones a
los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Según sostienen
organismos internacionales y prestigiosos juristas nacionales la ley de
caducidad es violatoria de normas de derecho internacional, normas que consagran
los derechos humanos fundamentales.
Estas normas definidas por la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados (1969), condenan los crímenes contra la humanidad y
dictaminan el castigó a los responsables de los mismos.
Si como sostiene el informe 2005 de SERPÁJ en que
afirma que: son absolutamente nulos todos los tratados celebrados en violaciones
en tales normas y, con más razón, serían absolutamente nulas las leyes de un
país sancionadas en contradicción con sus preceptos, los uruguayos debemos
preguntarnos por qué ella sigue vigente en nuestro país.
Debe preguntarse si existen normas del derecho
internacional general que imponen el castigo a los responsables de crímenes
contra la humanidad, calificando como tales a las violaciones de derechos
humanos ocurridas en América Latina durante las dictaduras militares.
En el Uruguay, ¿por qué no se
aplican?
Si importantes sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha establecido la nulidad absoluta de toda ley existente en el
derecho interno que contravenga estas normas del derecho internacional general.
¿Por qué esto no es aplicable aquí? La existencia de estas normas que prohíben y
condenan los crímenes contra la humanidad y disponen el juzgamiento de los
responsables, constituyen una afrenta a la humanidad.
Se está planteando la nulidad de la ley, no su
derogación, porque la nulidad implica declarar la inexistencia de la norma, es
decir hacer de cuenta que nunca existió. Es al Poder Legislativo a quien compete
dictar una ley anulatoria sin necesidad de mayorías especiales.
El argumento recurrente utilizado por los que pretenden
mantener en vigencia la ley de caducidad -y con ella la impunidad- es que esta
fue confirmada con referéndum popular. Al respecto, Oscar López Goldaracena
(candidato uruguayo a integrar la Corte Interamericana), concluye que: "Si
por votación reformáramos la constitución y en ella estableciéramos la
esclavitud, ¿estaríamos sancionando tina norma sustancialmente válida? No. Sería
nula, absolutamente nula por ir contra normas de principios de derechos humanos
que se encuentran por encima de la disponibilidad de los estados, sería nula
aunque contara con sustentabilidad política y social, más allá de que indicaría
el grado de deterioro al que habríamos llegado.” Uruguay debería ser
coherente con esas ideas que sostiene su candidato a tan alto cargo.
Las organizaciones que están presentes en este acto,
quienes desde hace dos años han constituido la Plataforma Uruguaya de
Derechos Humanos, ratifican hoy expresamente, su compromiso de continuar
aportando desde la sociedad civil a la construcción de una cultura integral de
los derechos humanos v para que a través de derechos efectivos y concretos,
exista justicia, verdad v memoria respecto a los crímenes de lesa humanidad
sufridos por el pueblo uruguayo. Hacemos un llamado a la construcción de un
espacio con vocación nacional que sea instrumento dinamizador y convocante para
el tratamiento de estos temas, así como para la lucha contra la impunidad y por
la vigencia integral de los Derechos Humanos.
En
consideración con lo expuesto precedentemente, la Plataforma Uruguaya de
Derechos Humanos y en función de los objetivos comunes de justicia, verdad y
memoria, expresan su compromiso puntual y concreto de articular esfuerzos para
el logro de una campaña nacional tendiente a:
La Anulación de la Ley de Caducidad por ser Contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, jurídicamente nula, inconstitucional y obstativa para el juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad. Su anulación es indispensable para jerarquizar el valor esencial de Justicia sobre el cual debe consolidarse la democracia y asentarse la cultura de los derechos humanos.
Impulsar la asunción por parte del Estado de Políticas Públicas de Reparación Integral, sin discriminación alguna para las víctimas de todas las violaciones a los derechos humanos ocasionados por el terrorismo de Estado y exigir que las Fuerzas Armadas reconozcan su responsabilidad y pidan perdón a todo el pueblo uruguayo.
Hacemos un llamado a todas las personas y a las
organizaciones coincidentes con estos propósitos a sumarse a esta campaña, que
comienza hoy.
SERPAJ, SERSOC,
Amnistía Internacional (Sección Uruguay), FUCVAM, ISODE, CRYSOL, Familiares de
Asesinados por Razones Políticas, Familiares de Detenidos y Muertos por la
Dictadura, Comisión de Derechos Humanos PIT-CNT, Atabaque, FEUU.
DECLARACIONES DE PRENSA
Por
su parte el secretario ejecutivo del PIT-CNT, Luis Puig, anunció ante los
presentes el saludo de Isadora de Chaves Sosa y en él simbolizó una síntesis de
30 años de lucha, denuncias y resistencia a la resignación.
"Nos quisieron convencer de que en Uruguay nunca iba a
haber justicia y este camino comienza a abrirse y hoy nos proponemos
profundizarlo. Porque hace 30 años familiares y sobrevivientes levantaron su voz
para decir que acá se ejercía el terrorismo de Estado", dijo Puig.
"Ese tema está laudado, decía el doctor Sanguinetti.
Pero lo que estamos haciendo hoy no es sólo laudar sobre la historia reciente de
nuestro país, estamos tratando de construir para el futuro los mecanismos
democráticos que aseguren que las nuevas generaciones no van a vivir nunca más
bajo el terrorismo de Estado que asesinó, torturó e hizo desaparecer miles de
latinoamericanos", recordó Puig.
El gremialista, en su mensaje, contestó a aquellos
sectores que afirman que existen otras prioridades en el país que atender antes
que la anulación de la Ley de Caducidad. "Terminar con la impunidad es
imprescindible", dijo.
En tal sentido recordó el caso de Sara Méndez, quien
planteó la posibilidad de denunciar en un spot televisivo que su hijo Simón
había sido secuestrado, mientras que desde el gobierno de la época se anunció
que era una mentira cuyo objetivo era incidir en un resultado electoral. Los
crímenes de lesa humanidad no prescriben.
Entre los representantes se encontraba el doctor Pablo
Chargoñia, abogado patrocinante de varias causas de familiares de muertos y
desaparecidos durante la dictadura militar. El profesional aseguró a LA
REPÚBLICA que los Estados están obligados a perseguir los crímenes de la
dictadura.
"El Estado uruguayo está en falta y violando las normas
de conducta internacional en materia de DDHH. Las violó en el 86 y las sigue
violando hoy cuando la Ley no es declarada nula e inexistente", aseguró.
"Muchos militares que arrancaron palabras mediante
torturas hoy tienen altos cargos públicos, alguno queda por ahí en alguna misión
en el extranjero que avergüenza al país, pero el PIT-CNT reconoce que hemos
avanzado en materia de verdad y búsqueda en el último período, pero no es
suficiente, hay que seguir avanzando, porque no se le puede poner límites a la
justicia", dijo Luis Puig.
"La piltrafa del Goyo Alvarez"
"La
viva imagen del deterioro y la piltrafa que es hoy Gregorio Alvarez siembra de
alguna manera el destino de los terroristas de Estado en el mundo cuando la
justicia actúa. Resulta que este señor que era dueño de vidas y haciendas hoy ya
no recuerda, no recuerda lo que era la OCOA, los mecanismos de represión",
sentenció Puig. Para el representante de la central obrera, si en Uruguay hay
impunidad va a haber extradición, incluso en los países que han recobrado el
valor ético de la justicia.
Recordó que en
Argentina también existían leyes de impunidad: la de "punto final" y la de
"obediencia debida" votadas en su momento por el Congreso argentino pero
posteriormente anuladas, cuando hubo una toma de conciencia, en el entendido de
que no es posible vivir en un país bajo las formas de la impunidad.
Fuentes propias y El País, 20/06/06.
