Todos reconocen que la justicia puede investigar.
El caso de Anatole y Victoria Julien como ejemplo

Escribe: Samuel Blixen

La dinámica política instalada a partir de las iniciativas parlamentarias para horadar la impunidad ha generado una doble personalidad en muchos dirigentes políticos. Sorpresivamente, quienes hasta ayer refrendaban una monolítica defensa de la caducidad y estigmatizaban cualquier modificación del statu quo, hoy confiesan que la ley permite actuar en denuncias que ellos mismos sepultaron con decisiones administrativas.

Las iniciativas para la anulación o la interpretación de la ley revelaron flagrantes inconsistencias: colorados y blancos hasta ayer adalides de la impunidad legal ahora admiten que delitos como los secuestros de niños no están amparados por la norma. La novedad, además de dejar en evidencia una responsabilidad política por su inacción en la investigación de tales casos, pone en entredicho la actitud de los jueces y fiscales. Si hasta ayer ciertos magistrados (para quienes podría haber sido relativamente fácil una interpretación similar) amparaban su inacción en las resoluciones del Poder Ejecutivo, que por confesión de parte resultan ilegales, ahora no hay excusas. Los secuestros de niños están plenamente documentados, las pruebas son las mismas víctimas, de modo que, ante el brusco cambio de escenario, nada impide que la justicia se ponga en movimiento, sin necesidad de aguardar a la sanción de los proyectos de ley en debate.
Hay un caso particularmente evidente: el secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas. Sus padres, Roger Julien y Victoria Grisonas fueron víctimas de un operativo conjunto de militares uruguayos y argentinos en la provincia de Buenos Aires. En la madrugada del 26 de setiembre de 1976, tropas apoyadas por un tanque de guerra rodearon una vivienda de la calle Mitre, en el partido de San Martín. Entraron por los fondos abriendo fuego. Roger Julien alcanzó a proteger a sus hijos en la bañera. Anatole, de 4 años, llegó a ver cómo arrastraban a su madre hacia la calle. Cuando dos policías femeninas se hicieron cargo de los niños, Anatole vio a su padre muerto en la vereda y a su madre tirada boca abajo custodiada por un soldado.
El cuerpo de Roger nunca apareció. Victoria Grisonas fue trasladada junto con sus hijos a Automotores Orletti, donde los comandos uruguayos la torturaron y la castigaron salvajemente. Otros detenidos confirmaron que Victoria fue sacada de Orletti en el baúl de un Ford Falcon.
Anatole y Victoria fueron vistos por varios testigos en Orletti junto con otra niña secuestrada, Mariana Zaffaroni. El entonces mayor José Gavazzo permitió que uno de los detenidos, Álvaro Nores, hablara con Anatole. Según las denuncias, los dos niños fueron trasladados a Montevideo a fines de octubre de 1976, presumiblemente por el Delta del Tigre, por el entonces capitán Carlos Calcagno en un operativo comando. Anatole y Victoria permanecieron en la planta alta de la sede del Servicio de Información de Defensa, en bulevar Artigas y Palmar, donde también estaban prisioneros del PVP que habían sido secuestrados en Buenos Aires en julio de 1976. El ex soldado Julio César Barboza Plá pudo hablar con Anatole en una oportunidad, confirmando las sospechas de los detenidos, que oían las voces de los niños jugando en la planta alta.
A fines de noviembre de 1976 los hermanos Julien fueron llevados a la casa de un sargento de apellido Velásquez, y de allí conducidos al aeropuerto de Carrasco donde fueron embarcados en un avión de línea hacia Santiago de Chile. Anatole confirmó después que “tía Mónica” los había acompañado en el vuelo. Según Nores, viajaron como custodias tres guardias, uno de ellos una mujer, que supuestamente realizarían cursos de adiestramiento en Chile. El testimonio de otra detenida, Alicia Cadenas, precisa que uno de los guardias era el escribiente del mayor Gavazzo, a quien le decían “Mauricio”, o el “Flaco Mauro”; y el restante, cuyo nombre no se conoce, aparece en las fotos publicadas por los diarios del 30 de octubre sobre el simulacro de operativo en el chalet Susy, de Shangrilá, para justificar la presencia en Uruguay de prisioneros secuestrados en Argentina; se trataría de un cabo, antiguo estudiante de derecho, que en la represión de 1972 revistaba en la Guardia Metropolitana.
Por razones que se desconocen, los hermanos Julien fueron abandonados en una plaza de Valparaíso y finalmente fueron dados en adopción a un matrimonio chileno que no tenía ninguna vinculación con los aparatos represivos. Por iniciativa de Tota Quinteros, la madre de la desaparecida Elena Quinteros, las fotos de los hermanos Julien fueron publicadas en Caracas, en 1979, lo que permitió que una chilena, de visita en Venezuela, los identificara. Anatole y Victoria recuperaron así su verdadera identidad.
El caso de la familia Julien integra el cuerpo del expediente sobre una docena de desaparecidos en Buenos Aires que actualmente está a estudio del juez penal Gustavo Mirabal. La Comisión de Derechos Humanos del pit-cnt reclamó la reapertura de las investigaciones, pero la decisión sigue a estudio del fiscal Enrique Moller, el mismo que patrocinó el archivo del caso de María Claudia García de Gelman. Vistas las opiniones actuales de las autoridades que en su oportunidad prefirieron no investigar los secuestros de niños, el fiscal ya no tiene argumentos para eludir la responsabilidad en el caso de los Julien; puede comenzar su indagatoria con el interrogatorio de los testigos y de los militares implicados en el secuestro, que no están amparados por la ley de caducidad: José Gavazzo, el “Flaco Mauro”, el sargento Velásquez, el capitán de navío Volpe, el coronel Font, y los jefes del Departamento III del SID encargado de las operaciones, el teniente coronel Octavio González y el teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti.

Tomado de Brecha, 9/12/05.

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