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Todos
reconocen que la justicia puede investigar.
El caso de Anatole y
Victoria Julien como ejemplo
Escribe: Samuel Blixen
La dinámica política instalada a partir de las iniciativas
parlamentarias para horadar la impunidad ha generado una doble personalidad en
muchos dirigentes políticos. Sorpresivamente, quienes hasta ayer refrendaban una
monolítica defensa de la caducidad y estigmatizaban cualquier modificación del
statu quo, hoy confiesan que la ley permite actuar en denuncias que ellos mismos
sepultaron con decisiones administrativas.
Las iniciativas para la anulación o la
interpretación de la ley revelaron flagrantes inconsistencias: colorados y
blancos hasta ayer adalides de la impunidad legal ahora admiten que delitos como
los secuestros de niños no están amparados por la norma. La novedad, además de
dejar en evidencia una responsabilidad política por su inacción en la
investigación de tales casos, pone en entredicho la actitud de los jueces y
fiscales. Si hasta ayer ciertos magistrados (para quienes podría haber sido
relativamente fácil una interpretación similar) amparaban su inacción en las
resoluciones del Poder Ejecutivo, que por confesión de parte resultan ilegales,
ahora no hay excusas. Los secuestros de niños están plenamente documentados, las
pruebas son las mismas víctimas, de modo que, ante el brusco cambio de
escenario, nada impide que la justicia se ponga en movimiento, sin necesidad de
aguardar a la sanción de los proyectos de ley en debate.
Hay un caso particularmente evidente: el secuestro de
los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas. Sus padres, Roger Julien y
Victoria Grisonas fueron víctimas de un operativo conjunto de militares
uruguayos y argentinos en la provincia de Buenos Aires. En la madrugada del 26
de setiembre de 1976, tropas apoyadas por un tanque de guerra rodearon una
vivienda de la calle Mitre, en el partido de San Martín. Entraron por los fondos
abriendo fuego. Roger Julien alcanzó a proteger a sus hijos en la bañera.
Anatole, de 4 años, llegó a ver cómo arrastraban a su madre hacia la calle.
Cuando dos policías femeninas se hicieron cargo de los niños, Anatole vio a su
padre muerto en la vereda y a su madre tirada boca abajo custodiada por un
soldado.
El cuerpo de Roger nunca apareció. Victoria Grisonas
fue trasladada junto con sus hijos a Automotores Orletti, donde los comandos
uruguayos la torturaron y la castigaron salvajemente. Otros detenidos
confirmaron que Victoria fue sacada de Orletti en el baúl de un Ford Falcon.
Anatole y Victoria fueron vistos por varios testigos en
Orletti junto con otra niña secuestrada, Mariana Zaffaroni. El entonces mayor
José Gavazzo permitió que uno de los detenidos, Álvaro Nores, hablara con
Anatole. Según las denuncias, los dos niños fueron trasladados a Montevideo a
fines de octubre de 1976, presumiblemente por el Delta del Tigre, por el
entonces capitán Carlos Calcagno en un operativo comando. Anatole y Victoria
permanecieron en la planta alta de la sede del Servicio de Información de
Defensa, en bulevar Artigas y Palmar, donde también estaban prisioneros del PVP
que habían sido secuestrados en Buenos Aires en julio de 1976. El ex soldado
Julio César Barboza Plá pudo hablar con Anatole en una oportunidad, confirmando
las sospechas de los detenidos, que oían las voces de los niños jugando en la
planta alta.
A fines de noviembre de 1976 los hermanos Julien fueron
llevados a la casa de un sargento de apellido Velásquez, y de allí conducidos al
aeropuerto de Carrasco donde fueron embarcados en un avión de línea hacia
Santiago de Chile. Anatole confirmó después que “tía Mónica” los había
acompañado en el vuelo. Según Nores, viajaron como custodias tres guardias, uno
de ellos una mujer, que supuestamente realizarían cursos de adiestramiento en
Chile. El testimonio de otra detenida, Alicia Cadenas, precisa que uno de los
guardias era el escribiente del mayor Gavazzo, a quien le decían “Mauricio”, o
el “Flaco Mauro”; y el restante, cuyo nombre no se conoce, aparece en las fotos
publicadas por los diarios del 30 de octubre sobre el simulacro de operativo en
el chalet Susy, de Shangrilá, para justificar la presencia en Uruguay de
prisioneros secuestrados en Argentina; se trataría de un cabo, antiguo
estudiante de derecho, que en la represión de 1972 revistaba en la Guardia
Metropolitana.
Por razones que se desconocen, los hermanos Julien
fueron abandonados en una plaza de Valparaíso y finalmente fueron dados en
adopción a un matrimonio chileno que no tenía ninguna vinculación con los
aparatos represivos. Por iniciativa de Tota Quinteros, la madre de la
desaparecida Elena Quinteros, las fotos de los hermanos Julien fueron publicadas
en Caracas, en 1979, lo que permitió que una chilena, de visita en Venezuela,
los identificara. Anatole y Victoria recuperaron así su verdadera identidad.
El caso de la
familia Julien integra el cuerpo del expediente sobre una docena de
desaparecidos en Buenos Aires que actualmente está a estudio del juez penal
Gustavo Mirabal. La Comisión de Derechos Humanos del pit-cnt reclamó la
reapertura de las investigaciones, pero la decisión sigue a estudio del fiscal
Enrique Moller, el mismo que
patrocinó el archivo del caso de María Claudia García de Gelman. Vistas las
opiniones actuales de las autoridades que en su oportunidad prefirieron no
investigar los secuestros de niños, el fiscal ya no tiene argumentos para eludir
la responsabilidad en el caso de los Julien; puede comenzar su indagatoria con
el interrogatorio de los testigos y de los militares implicados en el secuestro,
que no están amparados por la ley de caducidad: José Gavazzo, el “Flaco Mauro”,
el sargento Velásquez, el capitán de navío Volpe, el coronel Font, y los jefes
del Departamento III del SID encargado de las operaciones, el teniente coronel
Octavio González y el teniente coronel Juan Antonio Rodríguez Buratti.
Tomado de Brecha, 9/12/05.
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