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Partido por la Victoria del Pueblo ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD

 

 

Sobre la Convención Nacional Democrática

Posicionamiento del Grupo Sur

Reunidos para analizar el histórico proceso sociopolítico que actualmente se vive en México, llegamos a conclusiones que compartimos con la ciudadanía:

Durante el pasado proceso electoral hemos sido testigos de gravísimas irregularidades y acciones fuera de la ley, por parte de quienes manejan las instituciones públicas y el poder económico. Mediante el fraude, se pretende imponer a un presidente designado con maniobras que tergiversaron la ley en beneficio del grupo en el poder.

 Ante estos hechos, millones de ciudadanos están protagonizando un amplio movimiento social en torno a Andrés Manuel López Obrador y la convocatoria a una Convención Nacional Democrática (CND) que iniciará sus trabajos el 16 de septiembre. La CND debiera asumir tres posiciones claras: rechazar el fraude, desconocer un presidente espurio y proponerse la transformación del país, incluyendo a las instituciones que posibilitaron la violación de la voluntad popular.

Esta Convención reviste una gran importancia histórica; es indispensable que desde su inicio se muestre la decisión y capacidad de organización de este vigoroso y plural movimiento ciudadano. Habrá que fortalecerlo en todo el territorio nacional y entre los mexicanos que se encuentran más allá de nuestras fronteras. Debe incrementarse la participación de los trabajadores, especialmente de la clase obrera y sus sindicatos, aunado a los campesinos, los indígenas y otros grupos organizados.

Además de tener el propósito de impedir que se consume la imposición de un presidente ilegitimo, la CND permitirá consolidar el movimiento y proyectarlo política y socialmente más allá del propio proceso electoral. En última instancia se trata de refundar la República a través de un congreso constituyente. Una vez más, la lucha por la democracia electoral se ha convertido en el punto de confluencia de otras reivindicaciones que involucran la construcción de la ciudadanía y la justicia social.

El desconocimiento de las caducas instituciones implica, un posicionamiento indispensable en la línea del cambio que requiere el país, y no supone búsqueda alguna de enfrentamiento. Es porque se valora el papel de las instituciones y la leyes en una sociedad democrática, por lo que no puede aceptarse que aquéllas hayan quedado convertidas en instrumentos de la injusticia y de la violación del sentir popular. El movimiento habrá de transitar por dos vías paralelas (que no deben ser contradictorias entre sí ni estorbarse, sino reforzarse mutuamente): la institucional que incluye a los partidos, a los legisladores y a las autoridades elegidas a partir de candidaturas de la Coalición por el Bien de Todos que hagan suyas las premisas que articulan este movimiento, y la de la ciudadanía organizada en torno a la CND. El movimiento debe mantener en todo momento su independencia respecto del sistema.

La CND se presenta como una oportunidad única para lograr que la ciudadanía aporte sus aspiraciones y propuestas, haciendo suyos los documentos que surjan de estos trabajos, a través de la reflexión y el análisis. Para reforzar el carácter social del movimiento, los delegados ante la Convención habrán de comprometerse a luchar por las reivindicaciones propias de las organizaciones o grupos que representan, al tiempo que luchan por una democracia social y política. La organización y la comunicación son elementos fundamentales para lograrlo.

Más allá de la decisión que tome la CND respecto del nombramiento de un “Presidente de México”, “Coordinador de la resistencia”, etcétera, lo fundamental es que exprese el rechazo popular a la imposición y que se definan claramente las tareas que esa figura política habrá de impulsar. Sus funciones y las del órgano popular que presida (llámese “gobierno” o “coordinación”) no serán las tradicionales, sino las de conducir la transición democrática hacia la construcción de una nueva república y un país, libre y justo.

Este movimiento social habrá de proponerse metas inmediatas. Entre ellas, obstruir la imposición del presidente ilegitimo, lo que va más allá de impedir la toma de posesión formal o protocolaria, pues lo significativo es evitar que el fraude y la presidencia espuria tomen posesión en las consciencias de los mexicanos. Asimismo, es vital ejercer desde ahora el veto popular, sustentado en los partidos y los ciudadanos democráticos, para frenar las iniciativas neoliberales que provengan del PAN y, en general, del bloque de la derecha. Habrá de presentar igualmente, iniciativas de transformación política, económica y social en favor de la democracia mexicana, como es el caso de la revocación del mandato.

Será indispensable, sin embargo, no perder de vista que esta es una lucha de mediano y largo plazo, cuyo logro más importante será consolidar un proyecto nacional alternativo de izquierda, que haga realidad la democracia y la justicia social, con la consiguiente transformación a fondo de las instituciones y el establecimiento de formas de participación y decisión de la sociedad en los asuntos públicos.

Por el Grupo Sur: Guillermo Almeyra, Cristina Barros, Marco Buenrostro, Elvira Concheiro, Héctor Díaz-Polanco, Víctor Flores Olea, Gerardo de la Fuente, Arturo Huerta, Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Carlos Payán, Consuelo Sánchez, Gabriel Vargas y Sergio Zermeño.

Tomado de La Jornada, 17 de setiembre de 2006.

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