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Partido por la Victoria del Pueblo ANULAR LA LEY DE IMPUNIDAD

 

EL TERRORISMO DE ESTADO EN URUGUAY: LAS ASIGNATURAS PENDIENTES

Escribe: Raúl Olivera (Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales - PIT-CNT)

 

ANTECEDENTES

El pasado año, la casi totalidad de las organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel nacional, concluyeron con la aprobación de una plataforma común.

El citado trabajo contenido en un material titulado “NUNCA MÁS. A 20 AÑOS DEL PRIMER GOBIERNO CONSTITUCIONAL: LAS MATERIAS PENDIENTES”.

El proceso de gestación de esa plataforma se inició con un borrador de propuesta de la organización Madres y Familiares de Detenidos desaparecidos de Uruguay.

Sobre esa base y a partir de los aportes del resto de las organizaciones  participantes, se logró una enumeración de distintos temas que se reivindicarían como los necesarios e imprescindibles para materializar un efectivo NUNCA MÁS en nuestra sociedad. La plataforma tenía por objetivos señalarle a los distintos partidos políticos que se encontraban en plena campaña electoral, cuales eran las asignaturas pendientes que tenía la democracia uruguaya con relación a su pasado reciente y cuales eran los caminos más adecuados para resolverlos y de esa manera hacer efectivo el Nunca Más.

El NUEVO ESCENARIO

La fuerza política triunfante el 31 de octubre, por boca del nuevo Presidente expresó ­con mucha fuerza y oportunidad en sus primeras manifestaciones publicas la temática referida a las secuelas del periodo dictatorial.

No fue una formulación enigmática como la usada por Batlle, cuando habló de “estados del alma”.

Es frente a ese hecho nuevo, que las organizaciones impulsoras de la Plataforma del NUNCA MAS, han iniciado un proceso de discusión buscando re­definir los objetivos de la Plataforma y la relación que establecerán a partir de ella, con el nuevo gobierno y el nuevo mapa político instalado en el Uruguay a partir de que ese gobierno tiene amplias mayorías parlamentarias y que la fuerza política que conducirá los destinos del país, es de un signo radicalmente distintos a aquellos que lo precedieron.

EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL

Tanto el movimiento sindical como cada una de las organizaciones humanitarias que suscribieron la Plataforma, han mantenido históricamente una conducta política frente a los gobiernos posteriores a la dictadura de incansables y permanentes reclamos para que se atendieran las consecuencias que en el país dejó la dictadura cívico militar. En ese marco la VERDAD y la JUSTICIA han precedido cada una de las maneras o caminos que se han propiciado e impulsado Esa actitud de permanente reclamo ha estado cuestionada por las conductas de los últimos cuatro gobiernos que sin excepción mantuvieron en lo esencial una conducta política preocupada fundamentalmente en mantener la impunidad sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por el terrorismo de estado.

Frente a esa realidad que se instaló en el país, a partir del Acuerdo del Club Naval y la aprobación de la ley de caducidad, la actitud frente a gobiernos que no se sintieron nunca en la obligación ética, política y jurídica de atender las consecuencias del terrorismo de Estado, no podía ser otra que la de reclamar que se respetara y ampararan los derechos que según la legislación nacional y el derecho humanitario internacional se encontraban afectados seriamente.

Pero ante el dato nuevo que constituye sin duda el nuevo gobierno y las señales que desde él se han emitido, las organizaciones que se han agrupado tras la mencionada Plataforma, tienen que redefinir en esta nueva coyuntura los acentos de su futura acción común.

Esa acción no deberá limitarse a una simple repetición del reclamo, como si nada hubiera cambiado en el país. Deberá incorporar el dato no menor, que la actual administración por boca de SU principal representante ha expresado en forma pública que se tiene la voluntad política de atender esa problemática.

Decíamos que el nuevo gobierno no se ha limitado a formular anuncios enigmáticos, que han existido señales y actos - como facilitar la entrada a los predios militares del equipo de técnicos de la Universidad de la República - sino que ha aventurado formas y maneras de encarar el tema. Frente a esa realidad desde las organizaciones de la sociedad civil es fundamental expresarse, opinar y actuar de manera tal que la forma en que se trabaje para encarar esta problemática, sea la más adecuada, la más correcta desde el punto de vista del derecho humanitario, de las obligaciones éticas, morales y políticas. que son por otra parte los insumos que han determinado los históricos reclamos mantenidos durante muchísimos años.

Y es desde esa Plataforma en la que hoy se deberá desempeñar ese rol de contribución para que el Estado —  desde todos sus poderes-, encare las asignaturas pendientes e instale el NUNCA MAS de una forma adecuada y efectiva.

LA PLATAFORMA Y LOS ANUNCIOS DEL NUEVO GOBIERNO

En la citada plataforma, a la luz de los avances del derecho humanitario internacional, se ha consignado que la verdad sobre los hechos del pasado es necesaria e indispensable para que ella sea la base para la adopción de las medidas que el Estado debe adoptar, para rectificar y prevenir la realización de acciones similares en el futuro. Para eso se reclama investigar y esclarecer los asesinatos políticos, las desapariciones de personas Y otras graves violaciones de los derechos humanos.

Para ello deberá habilitarse el acceso a los archivos y toda las informaciones existentes tanto en poder de las instituciones, como de funcionarios o ex funcionarios del Estado.

Sin embargo el Presidente se ha limitado a decir que cumplirá con el artículo 4to de la ley de caducidad para procurar saber lo sucedido con los desaparecidos, investigando en los establecimientos militares en los que se han denunciado enterramientos.

Valoramos muy positivamente que desde el gobierno se haya habilitado el ingreso a las dependencias militares en las que desde hace casi 20 años se ha estado denunciando que existen o existieron cementerios clandestinos de la dictadura. Sin embargo, es evidente que existen suficientes disposiciones en nuestra Constitución y en los Convenios y Tratados internacionales para fundamentar una voluntad investigadora del actual gobierno a las que el gobierno no acude y si lo hace con respecto al artículo 4to de una ley claramente cuestionada a nivel nacional e internacional y la que- por otra parte es un obstáculo para una acción de la justicia, que la propia plataforma señala corno necesaria para responsabilizar y’ sancionar a los autores, coautores y autores ideológicos de estos horrendos crímenes, según la normativa humanitaria internacional.

Ha sostenido el Presidente que para él, la desaparición de María Claudia García de Gelman y los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz no están comprendidos en la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En eso estarnos de acuerdo. Pero no lo está el llamado caso Gelman porque nos encontramos ante un delito que no prescribe, con un delito permanente e inamnistiable. Corno tampoco lo puede estar ninguna de las otras causas de desaparición forzada, tanto por la dudosa legalidad de la ley de impunidad corno por el hecho de que son delitos que se continúan cometiendo hoy y la ley 15.848 sólo comprende los hechos ocurridos hasta el 1º de marzo de 1985. Sobre eso no existe un pronunciamiento de la nueva administración.

Tampoco están amparados por la ley de caducidad los asesinatos de William Withelau y Rosario Barredo asesinados junto a Michelini y Gutiérrez Ruiz. Y si la razón de ello, entre otras, es porque fueron cometidos fuera de nuestro territorio, tampoco lo están, por la misma razón las decenas de delitos cometidos por la dictadura uruguaya en territorio extranjero.

Ha sido una bandera de la lucha contra la impunidad, el precepto constitucional, de que todos somos iguales ante la ley Es desde ese principio que hemos cuestionado la ampliación indiscriminada que durante 20 anos se hizo de los alcances de la ley de caducidad para profundizar la impunidad a todos los niveles. Y es desde ese Principio que también cuestionamos las restricciones limitadas a algunos casos que si bien van en un claro sentido de afectar la impunidad, no es consecuente en todos los limites que le permite aún, la legislación vigente en la que se encuentra la propia ley de caducidad.

Si el Uruguay al adquirir compromisos internacionales, ha aceptado que la desaparición forzada es un delito de tesa humanidad que como tal no prescribe, que por su naturaleza es permanente. por lo que se sigue cometiendo continuadamente hasta que aparezca la persona con vida, o. en su caso, hasta que aparezcan sus restos y pueda certificarse legalmente la fecha y causa de su muerte, el gobierno no debería entorpecer la acción de la Justicia, manteniendo otros casos de desapariciones en el amparo de la ley de caducidad. Es más, debería tornar las medidas necesarias para asegurar su acción.

Sin embargo, el mantenimiento de los actos administrativos con que los gobiernos anteriores comprendieron arbitrariamente casos de desapariciones en la ley de caducidad, entre ellos el propio caso de Maria Claudia García de Gelman, constituye un verdadero obstáculo para la acción de la Justicia.

El Presidente ha expresado el 1º de marzo que el gobierno promoverá sin distinción de clase alguna, la reparación de todas las victimas de los hechos acaecidos en aquellos terribles años, equiparando la situación de una víctima de violación de sus Derechos Humanos por parte del Estado, con la situación de un policía o un militar caído en un acto de servicio. Eso es jurídicamente inaceptable.

Los Derechos humanos, según los fundamentos de los convenios y las leyes internacionales suscritas por Uruguay, fueron concebidos para proteger a las personas de los atropellos y las arbitrariedades de los Estados. Por esa razón resulta cuestionable e inaceptable que un agente del Estado sea equiparadlo a los que fueron victimas de los atropellos y la acción criminal de ese mismo Estado. Por otra parte, esa visión propagada desde el nuevo gobierno, se acerca peligrosamente a la visión equivocada de ese periodo de la historia que se materializa en la llamada teoría de los dos demonios.

La reparación en el ámbito de la sociedad implica el enjuiciamiento de los hechos del terrorismo de Estado, de sus ideólogos. instrumentadores, colaboradores y la no permanencia en cargos estatales de personas civiles y militares que hayan actuado con responsabilidad directa tanto en la instrumentación del golpe de Estado como en delitos de lesa humanidad. En ese marco, alarma que se haya designado para un alto cargo en la Chancillería, por ejemplo a una persona que fue responsable de la Secretaria del ex ministro de la dictadura Juan Carlos Blanco en 1976 y posteriormente embajador de la dictadura en Paraguay desde 1978 a 1983.

Se debe, por otro lado, expresar satisfacción ante los anuncios de colaboración con el gobierno argentino relativo al esclarecimiento de los casos de los uruguayos desaparecidos en aquel país y la iniciativa anunciada de enviar al parlamento para su aprobación el protocolo facultativo de la ONU en el cual se tipifica corno delito la tortura.

LOS OBJETIVOS ACTUALES

Que el actual gobierno cumpla adecuadamente con los objetivos que en el terreno de los derechos humanos ha expresado públicamente, es el objetivo de la nueva etapa. Para ello se deberán iniciar distintas acciones a diversos niveles para que: hasta tanto no se produzca la adecuación de la legislación interna con la legislación internacional suscrita por el país, se realicen auditorias de las actuaciones de los anteriores gobiernos con relación a las resoluciones que comprendieron denuncias en el artículo 1º de la ley de caducidad. Y que de acuerdo a lo que ellas arrojen, las resoluciones que no contemplen los requerimientos establecidos por la norma, sean derogadas y se dicten otras habilitando la continuidad de la actuación del Poder Judicial.

Se deberá impulsar que se continúen y se abran a nivel del Poder Ejecutivo todas las investigaciones administrativas que sean necesarias sobre todos los casos de violaciones a los derechos humanos de acuerdo a las obligaciones y recomendaciones emergentes del derecho humanitario internacional suscrito por el Uruguay. Y que el resultado de esas investigaciones sea puesta en conocimiento del Poder Judicial para lo que corresponda de acuerdo a derecho.

Impulsaremos que se envié al Parlamento un proyecto de ley que tipifique el delito de desaparición forzada de personas, tal como lo establece la Convención suscrita por Uruguay. Que se instale una Comisión investigadora sobre las torturas aplicadas en Uruguay, para que sus resultados sean públicos. Se reclamará que se instrumente una reparación integral a las víctimas. de acuerdo a la normativa legal y que ella no se limitará exclusivamente a los daños materiales y morales sino que comprenda un conjunto de medidas de restitución, rehabilitación e indemnización, asumiendo el Estado la responsabilidad por los daños y perjuicios cometidos por quienes actuaron en su nombre brindando satisfacción moral a las víctimas, garantizará la rehabilitación de su salud mental y física a los afectados. así como a sus familiares. En el plano de la educación, siendo esta un instrumento privilegiado para la construcción de la memoria colectiva, se bregará por la incorporación a los programas de la formación en derechos humanos a todos los niveles, incluyendo al personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En estos últimos casos se deberá profundizar la revisión del marco doctrinario de ambas instituciones, rompiendo definitivamente con la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Es necesario que sin grandes dilaciones se den los pasos necesarios para contar con el instituto del Defensor del Pueblo (Ombudsman). para tener una eficaz protección, promoción y defensa de los derechos humanos y se cuente con una Comisión Nacional de Derechos Humanos  independiente de los Poderes del Estado y de los partidos políticos. Y complementariamente se instale una Secretaria de Derechos Humanos con el más alto rango institucional.

Finalmente el movimiento sindical. sin renunciar a la necesidad de anular en el futuro la Lev de caducidad de acuerdo a la resolución de su Congreso, debe reafirmar su compromiso en la labor de la construcción de los caminos mas adecuados para encarar esta problemática, que no es otra que aquella que atienda y preste oído a lo que se ha ido construyendo larga y trabajosamente por parte de la humanidad y que se ha plasmado en el derecho humanitario internacional.

Publicado en “Trabajo y Utopía”. Órgano de difusión del PIT/CNT Nº 47  Abril de 2005.

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