Reflexiones y alternativas ante la propuesta de ajuste fiscal del Poder Ejecutivo

por en 01/06/16 a 2:36 am

flagsLa discusión del proyecto quinquenal del presupuesto nacional se basó en la previsión de un crecimiento de la economía de un 2,5% del PBI. Sobre ese supuesto se presentó el contenido y los objetivos del presupuesto que fueron votados. Ese crecimiento no se concretó, fue solo del 1%. A partir de ello los recursos previstos no se han podido cumplir totalmente. En ese contexto es que ingresará a más tardar el 30 de junio el proyecto de Rendición de Cuentas del ejercicio 2015. Ese desequilibrio expresado en la suma aproximada de 500 millones de dólares obliga al Poder Ejecutivo a presentar un ajuste fiscal para obtener los recursos necesarios.

La propuesta de ajuste fiscal que realizó el Poder Ejecutivo (PE) –y que está en debate en el Frente Amplio y en la sociedad– debe ser analizada como uno de los pasos que el PE viene impulsando desde 2015. El conjunto de pasos elegidos expresa una opción por una política económica de ajuste que ha supuesto: 1) la contracción del gasto e inversión pública a través del Presupuesto nacional bianual 2016-2017, y 2) el estancamiento del salario real y riesgo de pérdida de la capacidad de compra a través del cambio de las pautas salariales para los Consejos de salarios y del efecto del incontrolable crecimiento de la inflación. Así como el impacto negativo en las pasividades, dado que su ajuste tiene relación con el aumento promedio de salarios.

Esta opción de política económica del gobierno implica un cambio en el relacionamiento con los sectores sociales que son la base del proyecto de cambio del Frente Amplio, una modificación de reglas de juego con los trabajadores y pasivos expresada a través de las pautas salariales que no ajustan de acuerdo al IPC y de una mayor carga impositiva en la propuesta del Poder Ejecutivo. Y, simultáneamente, una reafirmación de las reglas de juego con los sectores empresarios del gran capital e inversores extranjeros y un menor aumento de la carga tributaria como apuesta de recuperación y crecimiento económico.

En definitiva, el camino elegido hace caer más sobre los hombros del trabajo y no del capital los costos de la situación. Al mismo tiempo consideramos que no ayuda a afrontar los problemas económicos, sociales y de empleo. Compartimos la preocupación de bajar el déficit fiscal, sin embargo, la solución de este problema debe basarse en un criterio de que pague más el que tiene más. No nos parece que la contracción del gasto e inversión públicas, ni este ajuste fiscal sean un camino para la salida del estancamiento. Si cae la demanda externa es necesario aumentar la demanda interna para mantener el empleo, aumentar el consumo y para eso es necesario aumentar los salarios y también las inversiones del Estado. Y mantener las políticas sociales para proteger a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad que son los primeros en sufrir las consecuencias de estas situaciones.

El Poder Ejecutivo hizo pública su propuesta y convocó a los diferentes sectores del Frente Amplio y al Pit-Cnt a dialogar, abriendo la posibilidad de hacer propuestas antes de que sea presentada la Rendición de cuentas a fines a junio al Parlamento. Esto genera posibilidades de un debate público y de impulsar iniciativas de modificación.

En este marco es que hemos expresado públicamente nuestras opiniones, participamos en la reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas, y aportamos este documento para compartir nuestras reflexiones y propuestas en la búsqueda de acuerdos y consensos. Asimismo valoramos muy especialmente el análisis y las propuestas del Pit-Cnt, coincidentes con lo que hemos venido planteando. El sumar esfuerzos y propuestas es una preocupación central de nuestro partido, por lo tanto todo lo que signifique avanzar hacia consensos para cambiar lo establecido a favor de los sectores populares contará con todo nuestro apoyo y solidaridad.

El ajuste fiscal propuesto por el Poder Ejecutivo

omniLa actual situación política comenzó en 2015, fruto de al menos cuatro decisiones:

1) La modificación de las pautas para los Consejos de Salarios y su impacto sobre los salarios y pasividades.

2) La indicación de la OPP a las Empresas públicas y Servicios descentralizados que debían contribuir en torno a los 600 millones de dólares a través de recortes de inversiones y de ingresos de personal, y disminución de horas extras.

3) La elaboración por parte del gobierno de un presupuesto restrictivo.

4) El ajuste de tarifas de inicios de 2016.

Estos elementos son parte de la coyuntura política en el marco de la cual se deben valorar los anuncios del PE.

Señalamos que una política de izquierda comprometida históricamente por el Frente Amplio se debe siempre situar del lado de los trabajadores y las trabajadoras, los estudiantes, los pasivos, los cooperativistas, de los micro, pequeños y medianos empresarios urbanos y rurales, de las grandes mayorías nacionales. Y esto supone la base de los criterios de las opciones de política económica, incluso en situaciones de dificultad.

El objetivo propuesto por el Poder Ejecutivo es reducir el déficit fiscal en 500 millones de dólares, uno por ciento del PBI, lo que se lograría –según su propuesta– recortando en
U$S 150 millones los gastos de funcionamiento e inversión del Estado y aumentando en U$S 350 millones la recaudación impositiva.

Aumento impositivo

Como señala el análisis del Pit-Cnt este aumento impositivo recaería sobre todo en los hombros de los trabajadores y pasivos [1]. Y este es el debate central de la propuesta del PE: ¿quién debe hacerse cargo de esta situación de dificultad, el capital o el trabajo? Y ¿cuál es el papel de las inversiones del Estado?, y ¿las políticas sociales? Frente a la desaceleración económica, el camino no puede ser la pérdida de salario real o de las pasividades, la desinversión social, la flexibilización y precarización laboral, ni la pérdida del patrimonio público, ni abrirnos aun más a los capitales transnacionales. Que la crisis no la pague el pueblo debe ser un compromiso absoluto.

En ese sentido compartimos los criterios alternativos que propone el Pit-Cnt:

“a) Que se cubra las necesidades fiscales exclusivamente con impuestos y no se ajuste a la baja los gastos de inversión (a excepción de los gastos superfluos y los emanados de la reforma de la Caja militar que compartimos).

b) Que en el balance de los aportes tributarios del capital y trabajo exista un mayor peso en los primeros y no en los segundos.

c) Que la propuesta de cambio en el IRPF se parta de un valor sensiblemente superior en cuanto al ingreso a ser afectado y que las tasas marginales superiores sean más altas”.

Junto con compartir la preocupación de bajar el déficit fiscal, consideramos que se puede bajar el déficit al mismo tiempo que aumentar el gasto público a partir de un conjunto de propuestas abiertas en el Programa del Frente Amplio e impulsadas también por el Pit-Cnt, que se sustentan en el concepto de “que paguen más el que tienen más” como son:

  1. Aumentar la tasa del IRAE (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas) de 25 a 30%.
  2. Aumentar el IRPF al capital (hacerlo progresivo).
  3. Revisar el impuesto al patrimonio (aumentar la tasa, bajar el mínimo no imponible, ajustar los valores de los bienes gravados).

Estas propuestas parten de la realidad que durante 2015 las ganancias del capital local y extranjero aumentaron más que el PBI y los salarios, como explica Jorga Notaro: “Los indicadores del aumento de las ganancia durante 2015 son la recaudación de IRAE que aumentó 8,6% en términos reales con relación al año anterior y la de IRPF sobre los ingresos del capital (Categoría I) que aumentó un 10,4%. Teniendo en cuenta que las tasas de estos impuestos no cambiaron, estos aumentos indican una mayor magnitud  de los ingresos del capital (DGI,  La recaudación a diciembre de 2015, Montevideo, DGI 2016, p. 11)”, y agrega “los indicadores del aumento de las ganancias del capital extranjero es el aumento del pago intereses de deuda externa (de 894 en 2014 a 962 millones de dólares en 2015 ) y de utilidades de Inversiones Extranjeras Directas (de 1.308 en 2014 a 1.380 millones de dólares en 2015)”.

Algo muy gráfico de este aumento de ganancias de algunos sectores de nuestra sociedad es que, además, durante 2015 los residentes en Uruguay aumentaron sus depósitos en el exterior en 560 millones de dólares (BCU, Informe de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional. Enero-diciembre 2015-2016, p. 14)”.

Debemos reflexionar sobre los trabajores y trabajadoras, en especial los miles de trabajadores que no van a pagar el ajuste –informes del Instituto Cuesta-Duarte dan cuenta de que 500.000 trabajadores reciben salarios menores de los 15.000 pesos–, esta situación debe alarmarnos y nos debe comprometer a promover políticas –incluso en este contexto– para superar esta situación de salarios sumergidos y también porque son los que corren más riesgos de sufrir primero las consecuencias de la situación económica. También consideramos un grave error que a los trabajadores de la franja del IRPF que ganan entre $33.401 y $50.100 pesos nominales, se les aumenten los impuestos. Así como la cuarta franja reúne realidades muy diferentes al agrupar a todos los que ganan desde $50.101 hasta $167.000 pesos, algo que también consideramos inadecuado. En la propuesta del PE hay un aumento de la carga impositiva sobre las espaldas de los trabajadores y pasivos, que son los elegidos para intentar sortear la crisis, esto significará una contracción del consumo interno, afectando a su vez políticas distributivas a través de los salarios y pasividades. Se opta por este camino en lugar de sostener el crecimiento del salario real, la inversión pública y el mantenimiento del empleo.

Por tanto acordamos con la propuesta del Pit-Cnt:

-No aumentar la carga impositiva en la franja entre $33.401 y $50.100 (nominales).

-Ampliar a 8 las franjas del IRPF y no aumentar la carga impositiva entre $50.100 y $100.200 (nominales).

-Aumentar la carga impositiva de la franja entre $100.200 y $167.000.

toutesPor otra parte no compartimos la propuesta de congelar las deducciones del IRPF en un 8%, que permiten aminorar los montos no imponibles, afectará también a la franja por debajo de los $ 33.401 pesos.

Consideramos que se debe aumentar el porcentaje de deducciones y hacerlo más equitativo.

No cabe duda que la propuesta de bajar la incidencia de los impuestos indirectos como el IVA, que con su carácter regresivo tiene mayor impacto sobre los ingresos fijos bajos y medios, constituye una orientación correcta. Sin embargo, se debe tener en cuenta que trabajadores de las franjas salariales más bajas, en muchos casos afectados por la informalidad no recibirán ese beneficio. Al mismo tiempo, pequeños comerciantes barriales, feriantes, etc., no acceden a los medios tecnológicos para implementar esta rebaja del IVA, con lo cual de hecho se favorece la concentración del comercio en las grandes superficies.

Asimismo proponemos con el objetivo de seguir avanzando en una mayor justicia impositiva y distributiva:

-Dejar sin efecto la devolución de los aportes al Fonasa.

Reducción de gastos en el presupuesto nacional

Como parte del ajuste se postergan para 2018 aumentos aprobados en el presupuesto para 2017, incluyendo: 455 millones de pesos para salud (350 para ASSE, 55 para el Hospital de Clínicas y 50 para las Unidades Docentes Asistenciales), 200 millones de pesos para INAU y 1437 millones de pesos para educación (793 para ANEP, 100 para UTEC y 544 millones para Udelar). Estas postergaciones tienen efectos directos en políticas sociales prioritarias como la salud y la educación, y también en políticas de cuidado hacia la primera infancia, infancia y adolescencia que abarca el INAU, contradiciendo en los hechos la afirmación de que no va a haber afectación de las políticas sociales.

Por tanto consideramos que no deben realizarse estas postergaciones y mantenerse el presupuesto en todos sus términos en salud, educación e INAU.

Compartimos la propuesta de reforma de la Caja militar, cuyo déficit le cuesta a los uruguayos más de un millón de dólares diarios. La consideramos una buena señal que deberá ser complementada con alguna contribución mayor de las altas jubilaciones y pensiones que hoy se reciben.

También el PE retoma lo planteado por OPP durante la discusión previa al presupuesto nacional, en cuanto a los ingresos de personal en el Estado, donde se propone se cubran dos de cada tres vacantes que se generen. Esa política tiene efectos por vía indirecta de precarización del trabajo y baja de los salarios en la prestación de las mismas funciones dentro del Estado al promover de hecho las tercerizaciones.

En este momento existen 120.000 trabajadores tercerizados y esta política de reducción de vacantes al barrer no reconoce esta realidad sino que la incrementa. Por tanto consideramos que esta propuesta debe ser revisada.

Un debate abierto en el Frente Amplio y las organizaciones sociales

El Poder Ejecutivo hizo pública su propuesta de ajuste fiscal y abrió la posibilidad de hacer propuestas. Simultáneamente el Pit-Cnt realiza un importe aporte de análisis y propuestas. Y otros sectores políticos y sociales están debatiendo y realizando sugerencias de modificación de rumbos.

Consideramos que esta situación exige una autocrítica del Frente Amplio porque no ha respondido a las expectativas propuestas. También es necesario un debate a fondo al interior de la fuerza política que permita abordar las diferencias que existen para afrontar esta situación y para revisar la estrategia de desarrollo económico nacional.

El contexto regional debe ser una señal de alarma y al mismo tiempo debe convocarnos a repensar el modelo de desarrollo que proponemos para nuestro país. Los límites y obstáculos que están viviendo gobiernos de izquierda y progresistas de la región deben ser un espejo para aprender y analizar a fondo las razones de la situación actual y buscar caminos sustentables de un proyecto económico, social y político al servicio de las grandes mayorías nacionales.

Una estrategia de mediano y largo plazo en materia de desarrollo económico y de una mejor distribución de la riqueza generada aparece como una necesidad y también como una carencia existente para poder avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo alternativo que realmente nos permita encontrar caminos sustentables de superación de la dependencia de las IED y de las exportaciones de materias primas. No cualquier crecimiento económico sirve y por el contrario corremos el riesgo de hipotecar nuestro proyecto de largo plazo. La apuesta a la apertura y al estímulo de las IED, sumada a la carencia de un plan nacional de desarrollo han tenido un efecto de concentración de propiedad de la tierra y del poder económico, una fuerte presencia de empresas transnacionales, una expansión de las zonas francas, que afectan en lo inmediato y en el mediano y largo plazo la capacidad de definir nuestro proyecto de desarrollo nacional y limitan por tanto nuestra soberanía.

Junto con la imperiosa necesidad de afrontar los desafíos coyunturales es necesario desplegar políticas de empleo y sociales que defiendan a los trabajadores y a los sectores que tienen situaciones de mayor vulnerabilidad. Y también se hace necesario avanzar en la búsqueda de caminos sustentables para un proyecto de justicia social e igualdad que exigen abordar debates más de fondo, con una perspectiva de mediano y largo plazo. Tarea que tiene la embergadura de la que asumieran en 1965 el movimiento sindical junto a los estudiantes y organizaciones sociales, culturales y barriales en el Congreso del Pueblo y la elaboración de su “Programa de soluciones a la crisis”.

Montevideo, 1 de junio de 2016

Partido por la Victoria del Pueblo

Frente Amplio

 

NOTAS

[1] «Propuestas tributarias del PIT CNT», 26 de mayo de 2016.

1

 

 

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