lunes 24 de junio, 2019

La “causa sagrada” de los detenidos desaparecidos

Publicado el 21/05/19 a las 2:12 am

Por Miguel Aguirre Bayley

Compartimos este excelente artículo sobre el ex-presidente Sanguinetti, una vida de imposturas, mentiras, cobardías, encubrimientos y complicidades.

Julio María Sanguinetti: pasado y presente lo condenan.

En su actual campaña como precandidato del Partido Colorado, en un acto proselitista, el ex presidente Julio María Sanguinetti aseguró que el problema que determinó la destitución del general Guido Manini Ríos “no tiene nada que ver con la búsqueda de los restos de desaparecidos”, que esta última es “una causa sagrada” de la que “nadie ha estado en contra”, aunque “infortunadamente” los resultados “han sido muy pocos”.

Es sabido que manejar el silencio es más difícil que manejar la palabra. La vida política, al menos, así lo ha demostrado en múltiples oportunidades. En marzo de 1985, Sanguinetti aseguró: “Habrá investigaciones. No hay dudas de que se deben juzgar las actitudes de quienes estuvieron en el poder, sin el voto popular, por tantos años”. Varios meses antes, el 20 de julio de 1984, había afirmado que “los Poncio Pilatos retratados en la historia se lavaron las manos frente a la injusticia y creyeron salvar su conciencia, por no hacer nada para evitar la injusticia”. En diciembre de 1984, en un reportaje de la revista argentina Siete Días, ante la pregunta “¿de qué forma se juzgarán los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas?” Sanguinetti expresó: “Todo aquello que sea delito militar, será juzgado por los jueces militares, mientras que los delitos comunes, serán juzgados por los jueces civiles […]. Hemos dejado bien claro en las reuniones del Club Naval, que no habrá amnistía para los militares. Ni la planteamos nosotros ni los delegados de los otros partidos”.

Sin embargo, el 15 de junio de 1986, Sanguinetti cambió el libreto y comenzó a construir la impunidad con el ocultamiento de los hechos, al expresar que “ningún país de América Latina tiene menos problemas de derechos humanos que el Uruguay. Es una semántica que importa, porque acá se habla del problema de los derechos humanos y eso es un problema inexistente, subliminalmente se está golpeando sobre la conciencia de la gente en torno a algo que no existe”.

Unas breves referencias a modo de ilustración. En el ejercicio de su primera magistratura, Sanguinetti impulsó el Pacto de Anchorena y su concreción con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. No sorprende, entonces, que el general (r) Hugo Medina, militar represor de la dictadura y miembro de la logia Los Tenientes de Artigas, fuera su ministro de Defensa Nacional desde noviembre de 1987 hasta el final de su mandato. Carlos Pirán, vinculado al escuadrón de la muerte, fue su ministro de Industria y Energía. Precisamente, Pirán, desde el comité ejecutivo nacional del Partido Colorado apoyó el proyecto de reforma constitucional impulsado por los usurpadores del poder legítimo en el plebiscito de 1980.

En las antípodas de estas actuaciones, en cambio, la búsqueda y hallazgo de detenidos desaparecidos y la detención de algunos responsables de tortura, vejación y muertes de compatriotas tiene un perfil que distingue ética y políticamente al Frente Amplio de los partidos tradicionales.

Ministro y Ley de Educación General

Durante la presidencia de Jorge Pacheco Areco (1967-1972), Sanguinetti integró su gabinete en calidad de ministro de Industria y Comercio. En esa época, con el pretexto de combatir a la subversión, Uruguay debió soportar permanentes medidas prontas de seguridad, clausuras de prensa, muertos y heridos en manifestaciones, torturas y asesinatos en dependencias policiales y militares, crímenes del escuadrón de la muerte y la masacre de militantes de la seccional 20 del Partido Comunista en Paso Molino, en una extensa lista de actos condenables.

El 4 de enero de 1973 el Poder Ejecutivo promulgaba la Ley 14.101 de Educación General, cuyo principal impulsor fue Sanguinetti, en ese período ministro de Educación y Cultura del gobierno de Juan María Bordaberry. El proyecto remitido a consideración del Parlamento, como “ley de urgente aprobación”, había sido sancionado por el oficialismo del Partido Colorado y los “blancos baratos”, según expresión de Wilson Ferreira Aldunate. En una primera lectura de su articulado, se advierte que se trata de una herramienta con fuerte impronta regresiva. Sobre esta Ley de Enseñanza, antilogía de la reforma vareliana y opuesta al legado del doctor Carlos Vaz Ferreira, vale rescatar la opinión de varias personalidades.

Julio Castro, asesinado en dictadura, escribía en las páginas de Marcha: “Hace cuatro años largos que vivimos bajo la represión autoritaria. Sabemos a dónde lleva y qué consecuencias inevitables provoca. Esta ley, imbuida de una ideología fascistizante, no tiene otra finalidad que facilitar el desborde cesarista en el ámbito reservado hasta ahora a la educación. Será un paso más en la escalada que inició el pachequismo. Y de sus creadores, promotores y defensores, será la responsabilidad de cuanto ocurra como consecuencia de su aplicación”.

En un discurso de febrero de 1973, en San José, el general Victor Licandro se refería a la Ley de Educación: “Es otra herramienta complementaria de opresión. Se dijo que la ley tenía el sentido de despolitizar la enseñanza. Pero nos encontramos que fue votada para obtener el reparto de votos en el Consejo Nacional de Educación [Conae]. Esta ley dice que el Conae designará quiénes van a integrar los demás Consejos de la Enseñanza. Hay que marcar a fuego que las leyes que llevaron al Estado de Guerra Interno, a la Ley de Seguridad del Estado y Orden Público y la Ley de Educación, fueron apoyadas por aquellos partidos que estuvieron esperando el reparto de puestos y a los que Juan María Bordaberry llamó el gran acuerdo nacional. Nosotros lo hemos señalado como el mini acuerdo del pacto chico. Esa es la esencia de la conducción política del gobierno del señor Bordaberry”.

La citada reforma, cuya defensa asumió con ahínco su autor Julio María Sanguinetti, tropezaría en las propias filas batllistas, años después, con la opinión crítica del profesor Alfredo Traversoni. En noviembre de 1982, desde Búsqueda y Opinar, el docente e historiador polemizó con el doctor Sanguinetti y dejó al descubierto el perfil autoritario de la mencionada ley que constituyó el marco normativo con que funcionó la dictadura.

Mirar desde afuera

El 5 de julio de 1973, en dictadura, el Frente Amplio y el Partido Nacional, “al tiempo que afirman sus respectivas individualidades políticas e ideológicas”, emitían un comunicado presentando una plataforma de soluciones con las “Bases para la salida de la actual situación”. El Partido Colorado se mantuvo al margen. No apoyó el comunicado conjunto del Partido Nacional y del Frente Amplio y tampoco se manifestó públicamente a favor de la concentración del 9 de julio en defensa de la democracia. Una semana después, en declaraciones al diario El País, sostenía Sanguinetti: “Claramente hemos manifestado una posición contraria a los sucesos del 27 de junio. […] Con la misma claridad desmiento toda información que nos vincula al Frente. Tengo entendido sí que hay conversaciones adelantadas entre el Frente y el grupo de Por la Patria. […] Nosotros no tenemos nada que ver con ese entendimiento y es resolución oficial de nuestro grupo no participar de ninguna actividad conjunta con grupos no democráticos” [sic].

Su primer gobierno (1985-1990)

Después de haber resistido por largos años un régimen dictatorial impuesto por la fuerza de las bayonetas con el apoyo de sectores de la derecha, ultraderecha, paramilitares, parapoliciales y medios de comunicación colaboracionistas, se iniciaba una nueva etapa política de transición en Uruguay. Los aparatos de represión e inteligencia que habían operado sin restricción y con total impunidad durante los años de autoritarismo continuaron actuando en los siguientes gobiernos colorados y blancos. A pesar de sus contradicciones, la reconstrucción democrática se encaminó hacia un modelo poliárquico del sistema político.

Las elecciones de 1984 dieron el triunfo al Partido Colorado, que logró 777.701 votos. La fórmula Sanguinetti-Enrique Tarigo ganó la elección con 30,67% de los sufragios. Merced a la ley de lemas, sumó los votos de la Unión Colorada y Batllista encabezada por Jorge Pacheco Areco, para alcanzar 40,19%, es decir, la minoría mayor. Wilson Ferreira Aldunate, el candidato con mayor caudal de adhesión en la ciudadanía, detenido a su regreso al país y confinado en la cárcel de Trinidad por su férrea oposición a la dictadura, no pudo participar en la elección. El general Liber Seregni y la gran mayoría de los dirigentes del Frente Amplio seguían proscriptos y tampoco pudieron ser candidatos. El camino quedó allanado para el triunfo de la candidatura oficial: la del Partido Colorado. “Varios de los generales, Medina incluido, son blancos, tienen a Leandro Gómez y a Aparicio en su despacho, pero, en la elección de noviembre de 1984, votaron por el Partido Colorado”, comentaba el doctor Alberto Zumarán al periodista José Manuel Quijano en un reportaje publicado en Cuadernos de Marcha en enero de 1987.

Su gobierno, medularmente conservador con una impronta progresiva de “pachequización”, estuvo comprometido con la impunidad de los mandos militares y civiles del período de oscurantismo. Mantuvo el aparato represivo heredado de la dictadura y retornó a la práctica de reprimir violentamente cualquier manifestación de protesta. Tampoco respetó los fueros parlamentarios cuando fueron detenidos los diputados del Frente Amplio, Gilberto Ríos y Carlos Negro, en una manifestación de estudiantes del IAVA, también atacada con violencia. El Parlamento hizo un llamado a sala al ministro del Interior, el doctor Carlos Manini Ríos, ex embajador de la dictadura y tío del destituido ex comandante del Ejército, pero Sanguinetti amenazó con poner en juego el mecanismo constitucional que habilitaba la disolución de las cámaras en caso de censura.

Ignoró los dictámenes de la Justicia y no respetó la división de poderes del Estado. En una larga nómina de hechos repudiables, merece un párrafo aparte el ascenso de Manuel J Cordero al grado de coronel. El 25 de enero de 1990, la Comisión Permanente del Parlamento, convocada con carácter urgente y en sesión secreta, concedió la venia al Poder Ejecutivo para otorgar el ascenso del militar golpista, denunciado por sus víctimas y varias organizaciones por su reiterada violación a los derechos humanos en Uruguay y en Argentina. Votaron a favor los parlamentarios del Partido Colorado y la mayoría del Partido Nacional. Francisco Rodríguez Camusso, del Frente Amplio, y Edén Melo, del Nuevo Espacio se pronunciaron en contra.

Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado

Las autoridades del Partido Nacional y del Partido Colorado, con el silencio de sus correligionarios, procuraron que la reunión celebrada el 25 de julio de 1985 en la estancia de Anchorena, a instancias del presidente de la República, Julio María Sanguinetti, no trascendiera. Pocos días después de la reunión, la imprudencia de un legislador suplente de la Unión Colorada y Batllista por el Partido Colorado dejó al descubierto el arcano encuentro blanquicolorado con militares del proceso en la estancia presidencial.

El propio presidente Sanguinetti se erigió en uno de los más firmes hacedores de la “ley de impunidad”. No respetó la disposición constitucional que establece claramente la independencia de los poderes del Estado. Sus promesas preelectorales giraron abruptamente hacia una ascendente curva de terrorismo verbal. Para ello, con sus correligionarios del Partido Colorado y sus aliados del Partido Nacional, no vaciló en desconocer los acuerdos alcanzados el 26 de octubre de 1984 por la Mesa Ejecutiva de la Concertación Nacional Programática (Conapro) que ambos partidos tradicionales habían suscrito junto al Frente Amplio, la Unión Cívica, el PIT-CNT, la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y sectores empresariales, respecto del esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos en dictadura.

En un discurso efectuado por cadena de radio y televisión el 28 de agosto de 1986, Sanguinetti dejó claro que el partido de gobierno no estaba dispuesto a acompañar el juzgamiento de los militares involucrados en las graves violaciones de los derechos humanos. Entre otros conceptos, expresó que “el gobierno considera imprescindible ampliar la ley de pacificación oportunamente votada el año pasado y alcanzando ahora a militares y policías con la misma amnistía que se acordó en su momento a los presos políticos y a quienes provocaron la subversión”. Un hecho trascendente, previo a la aprobación de la ley de caducidad, tuvo como protagonista al comandante en jefe del Ejército, Hugo Medina, quien aseguró haber guardado en un cajón de su despacho las citaciones cursadas a los militares indagados para que comparecieran ante la Justicia.

“Si se establece la impunidad quedarán dentro de las Fuerzas Armadas los violadores de derechos humanos y continuarán ascendiendo”, señaló Francisco Rodríguez Camusso en el debate parlamentario. ¿Se ha pensado en lo que eso significa? ¿Se ha valorado el hecho de que un día el señor Gavazzo pueda ser general? ¿Se ha tenido en cuenta que los violadores de muchachas, los asesinos, los que metían la cabeza a la gente dentro de agua podrida hasta su muerte, van a continuar ascendiendo? Esto representa renunciar a depurarlas, abrir todas las posibilidades para que la carrera de los torturadores y de los asesinos sea exactamente igual a la del conjunto de los componentes de las fuerzas armadas, a los cuales, naturalmente, no incluimos como conjunto en estos conceptos degradantes”. Treinta y tres años después, José Nino Gavazzo, en infames declaraciones a un medio de prensa, en condenable sintonía con la apología del delito, justificará su directa responsabilidad en torturas y crímenes contra detenidos políticos, antes y durante la dictadura.

El mensaje censurado y prohibido por el presidente Sanguinetti

Fue en la semana previa al plebiscito por el voto verde. Decía así: “Mi nombre es Sara Méndez. Cuando mi hijo Simón tenía apenas veinte días, fue arrancado de mis brazos. Hasta hoy no lo he podido encontrar. La ley de caducidad impide investigar. Mi corazón me dice que Simón está con vida. Usted, este domingo, ¿me ayudará a encontrar a mi hijo?”

Según relata José Luis Guntin en su libro La vida te da sorpresas, fue el presidente Sanguinetti quien, en reunión con los dueños de los canales privados (4, 10 y 12), dispuso la prohibición del spot por el Voto Verde, por temor a que pudiera inclinar la balanza a favor del plebiscito para derogar la ley. En esa reunión, en la que el joven dirigente del Partido Colorado estuvo presente, Jorge de Feo, dirigiéndose a Sanguinetti, “dijo que bastaba una palabra suya para que el video no apareciese”. Miró a Horacio Scheck, quien asintió. “Hablamos ahora con Hugo Romay y ninguno de los avisos aparece. Podemos argumentar que llegaron tarde a los canales y que ya teníamos las tandas completas”, expresó De Feo con la aquiescencia del presidente.

Presidente con solamente 23,59 % de los votos

En 1994 –última elección antes de la reforma constitucional– el país se dividió en tercios. Hubo empate técnico en los tres primeros lugares. El Partido Colorado totalizó 656.428 votos, el Partido Nacional 633.384 y el Frente Amplio 621.226 sufragios. El Partido Colorado sumó 30,83%, el Partido Nacional 29,75%, y el Frente Amplio 29,18% de los votos emitidos. El Partido Colorado ganó las elecciones y Julio María Sanguinetti fue el presidente con apenas 23,59% de los votos obtenidos por la fórmula que integraba con Hugo Batalla a la vicepresidencia.

Su segundo gobierno (1995-2000) mantuvo y acentuó las características de su primer mandato. Exhibió, en su expresión más deshonrosa, el ocultamiento de información sobre los desaparecidos. Su insensibilidad y negación quedó al descubierto gracias al poeta Juan Gelman, quien en octubre de 1999 le envió una carta abierta reclamando por su nieta nacida en cautiverio y su nuera María Claudia García Irureta Goyena, secuestrada en Argentina y asesinada en Uruguay. En enero siguiente, el presidente Sanguinetti recibía unas 20.000 firmas procedentes de varias naciones, encabezadas por el alemán Günter Grass, Premio Nobel de Literatura 1999, pidiendo por el esclarecimiento de los hechos. En respuesta, Sanguinetti, reiteraba que en la dictadura “no desapareció ningún niño en Uruguay”. Pero, muy poco después, se conoció la verdad. El nuevo presidente de la República, Jorge Batlle, y el poeta Juan Gelman, anunciaban públicamente que la nieta (Macarena Gelman) había sido dada en adopción a una familia que vivía en Uruguay.

No era necesaria la confesión de Gavazzo para conocer los crímenes de la dictadura, tal como dijo Sanguinetti, quien señaló que “hay gente del gobierno que sigue luchando contra una dictadura que se fue hace 35 años”. En los hechos, siendo presidente, hizo todo lo posible por impedir la investigación sobre los aborrecibles actos reiteradamente denunciados. No solamente archivó los expedientes sustanciados con gravísimas denuncias, sino que obstruyó los intentos de desarticular la impunidad que él mismo impulsó. En concordancia con su actuación, tiene la sombría condecoración de que, en sus gobiernos, Jorge Pajarito Silveira, responsable de los más repugnantes delitos, ascendió al grado de coronel y, posteriormente, al Estado Mayor personal del comandante en jefe del Ejército, general Fernán Amado.

La teoría de los dos demonios

Desde hace algunos años, se discute si la historia del pasado reciente de Uruguay debe ser incorporada a los planes de estudio en los centros educativos. Quienes se oponen a esta posición exteriorizan una sesgada desconfianza hacia la función educativa que deben cumplir quienes difunden el conocimiento científico y cuyo objetivo principalísimo es conocer la verdad. Sin embargo, se apresuran en inventar una nueva historiografía oficial y escriben a diario en clara subestima a la capacidad de discernir de los ciudadanos. Detrás de este argumento, el objetivo es muy claro: ocultar la información o difundirla de manera tergiversada. No se trata, como sostienen algunos, de un pequeño grupo de militares soberbios y ambiciosos, ni de algunos muchachos intoxicados con la Revolución Cubana, lo que permite explicarnos el porqué de la dictadura. Menos aun, la absurda y fantasiosa teoría de los dos demonios, impulsada por los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, para eludir sus responsabilidades.

“El burdo pretexto de los dos demonios –sostiene el general (r) Edison Arrarte– sirve a los militares golpistas para justificar lo que hicieron. Es más, se inventaron la condición de combatientes. Yo recuerdo el informe del Estado Mayor policial del año 1970 con relación a los tupamaros. Ese informe decía que el aparato armado del MLN-Tupamaros lo integraban entre 180 y 200 personas y se complementaba con dos columnas: una de logística y otra de sanidad. En total entre 250 y 300 integrantes. ¡Ese era el enemigo tupamaro que hacía salir a toda una fuerza compuesta por 20.000 efectivos!”.

A confesión de parte, relevo de pruebas

“En el año 71 hubo elecciones nacionales y allí hizo irrupción, por primera vez, el Frente Amplio. ¿Cómo habrían reaccionado las fuerzas armadas ante un eventual triunfo de la nueva coalición política?”, preguntó el periodista César Di Candia al general Hugo Medina en una entrevista. “No se le entregaba el poder. Yo entiendo que no era coherente con el pensamiento de las fuerzas armadas el tener un gobierno encabezado por esa coalición”. A confesión de parte, relevo de pruebas. El Ejército estaba preparado en 1971 para dar el golpe de Estado. Y el motivo no era la guerrilla. Era destruir al Frente Amplio, a la Convención Nacional de Trabajadores, a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, a las organizaciones sociales, intervenir la Universidad de la República… Ni más ni menos que cumplir con el Plan Cóndor, cuyo nido radicaba en Estados Unidos.

La dictadura se propuso eliminar al Frente Amplio, pero no consiguió su objetivo a pesar de la violencia sistematizada de su terrorismo de Estado. Aunque en perseguidos, destituidos, presos, torturados, desaparecidos y exiliados, su tributo fue el más alto y se tradujo en pérdida de cuadros dirigentes y valiosos militantes, la realidad incontrastable demuestra que el Frente Amplio fue la vanguardia de la resistencia popular, donde la clase obrera y trabajadora asumió el papel más relevante. Más temprano que tarde, implacable, la historia juzgará y convertirá en papel picado la mascarada del relato hegemónico.

Miguel Aguirre Bayley es periodista e integra la Comisión de Defensa del Frente Amplio.

Tomado de LA DIARIA, FIN DE SEMANA, 18 DE MAYO DE 2019

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