jueves 23 de mayo, 2019

De las chicanas del viejo Gavazzo a la prevención de la formación de nuevos Gavazzos

Publicado el 27/04/19 a las 6:30 am

Una jueza de Canelones resolvio quitarle la custodia policial para traslados y la tobillera electrónica a Jose Nino Gavazzo, mientras que la fiscalía apeló la resolución. Por otra parte, la jueza de Paso de los Toros exigió a la fiscalía un informe con mayores argumentos jurídicos para reabrir el caso Gomensoro. Llama la atención que el Poder Judicial tome estas insólitas decisiones cuando se dan a conocer los archivos desclasificados por EE. UU. y las actas de Tribunales militares . Compartimos en primer lugar la opinión de actores de primera línea sobre estos temas. En segundo lugar, advertimos la necesidad de una nueva ley orgánica militar enmarcada en el Código Penal y el Derecho Internacional.

Las chicanas del viejo Gavazzo

Entrevistado por Montevideo Portal, el diputado Luis Puig manifestó su sorpresa ante las decisiones judidiales y argumentó:

«Estamos hablando de un terrorista de Estado condenado por múltiples causas: homicidios, torturas, desapariciones, secuestros de niños. Y resulta que este señor está en prisión domiciliaria desde 2015, lo cual ya es inconcebible porque yo creo que en las cárceles uruguayas no debe haber asesinos seriales de esta calaña», expresó.

«Ahora se plantea retirarle los únicos medios de control como son la tobillera y la acción de la Oficina se Supervisión de Libertad Asistida (OSLA). Me parece totalmente fuera de lugar. Me pregunto cuál es el mensaje que se pretende dar», añadió.

En este sentido, Puig consideró que Gavazzo debería estar en la cárcel y que «no es el único caso».

«Yo estoy convencido de que todo esto es producto de la impunidad que se acuñó durante años en este país», concluyó el diputado frenteamplista.

Es más, catalogó a Gavazzo como un «asesino serial» que debería estar en una cárcel común. Así lo afirmó en una breve entrevista de Radio Uruguay.

Los acontecimientos de los últimos días reafirman estas duras opiniones.

El Dr. Pablo Chargoña se refirió a las graves consecuencias jurídicas de los documentos desclasificados por EE. UU. Ya que revelan los orígenes y la operativa del Plan Cóndor. Un documento desclasificado confirma la participación de la Policía Federal de Argentina, la SIDE argentina y el SID uruguayo en el asesinato de Gatti y Duarte, el secuestro de 20 integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en Buenos Aires y el procedimiento de su traslado a Uruguay.

Chargoñia declaró que la insólita definición de quitarle la tobillera y retirarle la custodia de la OSLA a José Gavazzo. significa una «moderación insultante de la sanción y los controles sobre Gavazzo». Estas opiniones pueden oirse en en línea en Radio Uruguay y también verse en línea en Canal 4.

El 25/04/219 se hizo público que la jueza de Paso de los Toros
solicitó a la fiscalía en crímenes de Lesa Humanidad que presente documentos para justificar la solicitud de reabrir el caso de la desaparición y muerte de Roberto Gomensoro en 1973. Como venimos argumentando hoy existen documentos públicos desclasificados y una confesión ante los Tribunales de Honor de nuestro país. Un interesante informe también puede verse en línea en Canal 4.

Por último, Gavazzo también admitió ante el Tribunal de Honor Militar que él tiró la granada en la celda en donde estaba Eduardo Pérez que le habria causado la muerte. El Tribunal de Apelaciones ha puesto freno a una nuevas investigaciones a pesar de las recientes confesiones. Al decir del fiscal general Jorge Díaz, el Poder Judicial adopta resoluciones absolutamente infundadas (Crónicas).

Obviamente, la cuestión de la violaciones de los Derechos Humanos no se remite exclusivamente al plano judicial. De hecho se abre un abanico de incertidumbres que abarca los tres Poderes del Estado. El nuevo Ministro de Defensa José Bayadi se ganó un titular de Búsqueda: «El ministro de Defensa no sancionará a Manini para no afectar su carrera electoral; tiene la ‘absoluta convicción’ de que el excomandante del Ejército tuvo una ‘altísima incidencia’ en la deliberación y el fallo del Tribunal de Honor». El Ministro reconoce la profundidad de la cuestión militar en el proceso de democratización. Por otra parte la sustitución de los generales destituídos que integraron el Tribunal de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada requiere la venia de 3/5 del Senado. ¿Cuánto tiempo se tomará el parlamento en afirmar la resolución presidencial? ¿Cómo actuarán en particular los grupos cómplices de la impunidad, quienes hasta hoy han obstaculizado las legítimas demandas de verdad y justicia?

¿Formando los nuevos Gavazzos? Para prevenir futuras impunidades

Los crímenes de lesa humanidad del pasado involucran el presente. La impunidad dicta una clara advertencia al futuro. Constituyen una cuestión democrática estratégica y como veremos, geopolítica.

¿Las Fuerzas Armadas continuarán cargando el desprestigio institucional de la dictadura? ¿Cuándo la formación militar abandonará la obsoleta y antipatriotica «doctrina de la seguridad nacional»? ¿Hasta cuándo se justificarán las violaciones a los Derechos Humanos de la dictadura aberrante que sufrió el pueblo uruguayo?

Ayer viernes 26 de abril, la Mesa Política del FA resolvió impulsar la «transformación democrática de las FFAA en forma progresiva y planificada». Se intenta así remover la ley orgánica militar aprobada por la Junta de Comandantes en Jefe durante la dictadura.

Esta institucionalización democrática de las FFAA también está enlazada a compromisos internacionales.

La última Brecha trajo un extenso e interesante informe. El Departamento de Estado de EE. UU. continúa dictando cursos de contrainsurgencia, «control de crisis» e Inteligencia a oficiales latinoamericanos. Estos cursos incluyen la utilización de prácticas violatorias de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. Son una actualización de la doctrina de la seguridad nacional a la luz de 11S. El adiestramiento incluye torturas, detenciones sin pruebas, desapariciones y homicidios tal como previó en su momento el Patriot Act. Uruguay no debería adoptar esta concepción ni enviar funcionarios a este tipo de entrenamiento.

Desde 2016 duerme en el Parlamento un proyecto de ley integral sobre antilavado, antiterrorismo e inteligencia. Al respecto, a fines del año pasado el Gobierno informaba:

«El pasado viernes 09 de noviembre de 2018, comenzó el proceso de la Evaluación Mutua que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) le realizará a nuestro país. El mencionado proceso finalizará en diciembre de 2019 y a lo largo del mismo se evaluará el funcionamiento del sistema nacional contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.»

https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/comunicacion/noticias/comenzo-el-proceso-de-evaluacion-mutua-de-uruguay-por-parte-del-grupo-de

La bancada frenteamplista, por un lado, deberá adaptar el proyecto de Ley Orgánca de las FFAA a las normas del Código Penal. Respecto a la política exterior, Uruguay está comprometido en la cooperación, en la prevención y el enfrentamiento al terrorismo internacional. No obstante, atendiendo a la denuncia de Brecha, todos los mecanismos operativos deben atenerse de forma absolutamente transparente al respeto de las normas del Derecho Internacional, el respeto mutuo y la Carta de las Naciones Unidas.

Por último, los frenteamplistas consideramos que las prácticas terroristas de «cambios de régimen» o «golpes de estado» a través de financimiento y apoyo imperialista -tal como vivimos en Nuestra América hoy- también constituyen violaciones flagrantes a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

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