miércoles 24 de abril, 2019

Empresas públicas en el marco del desarrollo

Publicado el 29/01/19 a las 6:30 am

por Gabriel Portillo

Para comenzar cualquier discusión sobre el tema de las empresas públicas debemos decir que son fruto de intensos debates políticos, donde hubo avances, estancamientos y retrocesos en la construcción de estas herramientas en manos del Estado. El hilo conductor es la permanencia significativa del Estado a lo largo del tiempo en el desarrollo de los servicios públicos en manos de los entes autónomos. 

A fines del siglo XIX y durante el siglo XX el Estado tuvo que dedicarse a las actividades de administración de servicios públicos asumiendo el rol que hasta ese momento ejercían las empresas privadas, dando nacimiento a un conjunto de empresas públicas que permitieron expandir los servicios al conjunto de la población.

Son varios los argumentos esgrimidos sobre la importancia y defensa de los servicios públicos en manos del Estado, viendo la ola privatizadora de nuestros vecinos tienen hoy absoluta vigencia y citaremos alguno de ellos que aparecen en la fundamentación de motivos por parte de José Batlle y Ordoñez en la creación de UTE y son generalizables a otros entes públicos: “… no habría evasión de capitales al exterior como cuando la empresa era manejada por particulares extranjeros; el Estado se preocuparía por mejorar el servicio, no por las ganancias; habría de extender las líneas para beneficiar a más amplios sectores de la población donde la empresa privada no tenía interés en ir; podrían rebajarse las tarifas, ya que el objetivo no era el lucro sino el aumento de la generación abarcando el mayor número posible de usuarios de la energía eléctrica”.

Podríamos decir de manera simplificada que las empresas públicas históricamente ampliaron y abarataron servicios de interés general, y aportaron a Rentas Generales empezando a disminuir la carga impositiva. Dieron espacio y poder al Estado para incidir con fuerza en la vida económica nacional. Cuando el pueblo en el histórico plebiscito del 13 de diciembre 1992, reafirmó mantener las empresas públicas bajo el patrimonio nacional fue sin duda no por conservadores, sino porque no se acepta que el Estado, o sus empresas dejen de cumplir un papel social considerado como inherente a su condición de organismos públicos. Esta postura está encarnada en la mentalidad del pueblo uruguayo y sin duda es un orgullo ya que refleja rasgos moralmente valiosos de solidaridad, y demostrado está que estamos dispuestos a defenderlas todas las veces que sea necesario.

Los mitos de lo público-privado

Las opciones de inversión pública que hoy se presentan como solución están vinculadas a las formas denominadas PPP (participación público privada), que son en realidad una forma oculta de la deuda, que resulta ser más cara para las arcas públicas en el largo plazo. Están diseñadas para crear una ilusión de asequibilidad y ocultar costos y responsabilidades reales, de esta manera es más fácil promover inversiones de proyectos a gran escala o megaproyectos que no necesariamente reflejan las necesidades reales de la gente. Se presentan como una manera más fácil de financiar las infraestructuras públicas. Según el propio FMI “el 55 % de los contratos público-privados se renegocian, y en dos tercios de los casos tiene como consecuencia un aumento del coste para los usuarios” (extraído del libro Reclamar servicios públicos, coordinado por Satoko Kishimoto y Olivier Petitjean y editado por el Transnational Institute (TNI)).

Cuál es la realidad hoy

El enlentecimiento de la economía que comienza en el 2015 significó un ajuste en materia de inversión y gastos para las empresas públicas, así como en la limitación del ingreso de personal supliéndose con empresas tercerizadas. El aumento de los trabajadores tercerizados en el Estado, y en particular en las empresas públicas, no puede ser motivo de orgullo como surge de la respuesta de Presidencia de la República a los autoconvocados por cadena nacional en el pasado mes de febrero del presente año. Hoy es el Estado el principal tercerizador, con falta de controles en las licitaciones, contrataciones que solo favorecen la intermediación, entre otras situaciones que podemos encontrar en el camino tomado de reducir la cantidad de empleados públicos pero supliéndolos (ya que siguen siendo necesarios) con trabajadores tercerizados a través de empresas intermediarias. Con esto no solo no se reduce el gasto sino que en algunos casos aumenta. Uno de ellos es el contrato de la empresa TAYM para cumplir tareas entre otras de limpieza en el Parlamento. 

La reducción de inversiones y gastos, entre ellos el de mantenimiento, trajo varias dificultades para asegurar el normal cumplimiento del suministro de calidad de algunos de los servicios públicos. Más allá del aporte significativo que tienen a rentas generales, lo cual es un ingreso importante para la construcción del presupuesto nacional, el papel y las actividades de las empresas públicas han variado.

Se ha venido planteando una reestructuración que si bien no plantea la privatización jurídica, impacta en la actividad propiamente dicha de las empresas y en la relación con sus trabajadores. Esas son claves en la dinamización de la economía local, con el fin de expandir y mejorar los servicios que se prestan. Mantener el nivel de la inversión en manos del sector público evitando el traspaso del negocio a manos privadas y en su mayoría a multinacionales es un aspecto fundamental para el futuro desarrollo de las empresas públicas.

Es necesario que el Frente Amplio se plantee para su próxima administración un plan de destercerización y recuperación de servicios hoy en manos privadas. Los trabajadores tercerizados cumpliendo con el mismo trabajo que los trabajadores públicos cobran la cuarta parte y con la inestabilidad laboral como espada de Damocles (los ejemplos de las licitaciones de OSE son, por decir lo menos, escandalosos), perjudicando además la calidad del servicio. La vieja consigna de a igual tarea igual remuneración tiene una centralidad y vigencia incuestionable. En este sentido está presentado en el Parlamento por parte del diputado Luis Puig un proyecto de ley sobre eliminación de las tercerizaciones, elaborado en conjunto con la Comisión de Trabajo Tercerizado del Pit-Cnt (CTT), y presentado en la comisión de legislación del trabajo. 

Algunas líneas de discusión pendientes

Nuestra apuesta está en usar las palancas del Estado para generar aquellos elementos que nos permitan su profunda transformación. Y que además el Estado se transforme en dinamizador de la organización de la gente. 

¿Ante el argumento del déficit fiscal o espacio fiscal, que oculta las políticas de compromisos internacionales y acuerdos de inversión extranjera y que en última instancia el tema precio lo resuelve el mercado, qué propuestas colocamos para el debate?

El poder de compra y una concepción de desarrollo nacional

Las empresas públicas son, o pueden ser, un factor clave para la generación de empleos en el país. No solo, o no tanto, por los empleos directos en estas empresas sino también por los empleos que contribuyen a generar en diversas ramas de la actividad nacional.

La idea de las empresas públicas como factor de desarrollo nacional se apoya en varios pilares, entre ellos: asegurar el control nacional de recursos claves, garantizar el suministro de insumos estratégicos para las actividades productivas que se desenvuelvan en el país, promover la incorporación tecnológica en el tejido productivo, mejoras la calidad de vida de la gente mediante un acceso equitativo a los servicios que brindan, etc. Entre esos pilares se encuentra también el estímulo al desarrollo de la industria nacional y de la investigación científico-tecnológica dentro del país, utilizando como herramienta el poder de compra de que disponen las empresas públicas, como grandes organizaciones que son. 

Mediante el uso del poder de compra de las empresas públicas se puede crear una demanda para empresas industriales y para centros de investigación científico-tecnológica. Esa capacidad de compra puede utilizarse con objetivos de desarrollo nacional, claramente definidos.

En el cuadro de situación económica actual, donde una de las características centrales es el problema del empleo, las empresas del Estado tienen un papel a jugar.

Esto se vincula con la propuesta que a continuación colocamos para su discusión.

Polo Público de Inversión y Desarrollo 

La creación de un Polo Público de Inversión y Desarrollo como propuesta para atender la necesidad de aprovechar la potencialidad que dan las empresas públicas buscando generar sinergia entre ellas. Se parte del núcleo central donde las empresas públicas superavitarias generarán un fondo común, que permita sostener determinadas inversiones imprescindibles para el país de forma global pensadas de manera estratégica y soberana. Incluyendo al sector financiero, cumpliendo este además un papel asesor ofreciendo a los emprendimientos una política de crédito que favorezca las inversiones económicas, la investigación y el desarrollo social.

Reforzar el aparato productivo nacional, orientar la inversión y el crédito, sacar a las empresas de la lógica puramente economicistas. 

De manera general, en ese polo público, en materia de administración, cada empresa conservaría su autonomía de funcionamiento y sus propias instancias de dirección. No obstante, algunas acciones de esas empresas estarían dentro de un marco común definido por una instancia de dirección nacional que garantizaría la coherencia del conjunto. La instancia de la dirección nacional estaría compuesta por responsables de las entidades y el Poder Ejecutivo. Su prioridad será la de financiar proyectos de infraestructuras, equipamientos públicos, realizar inversiones necesarias de largo plazo en infraestructura ya sea industrial, en educación o transporte incluyendo como proyecto político la mejora de la coordinación entre lo público y la democratización de los procesos de decisión e inversión. Su creación tiene por objeto colocar en el escenario político una alternativa para afrontar por parte del Estado las inversiones necesarias para otro desarrollo; obligar a los protagonistas a transformar sus criterios de gestión y movilizarlos al servicio de una política que responda a las condiciones nacionales y a un plan de desarrollo. 

Todo ello dentro de una política industrial “coherente”, que favorezca a las pymes, ayude a poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo que reduzca el desempleo y sea sostenible económicamente, el polo público pretendería promover criterios de gestión de servicio público, basados en la cooperación y no en la competencia.

Esto además no excluye la inversión privada ya sea extranjera o nacional, pero de esta manera el Estado se asegura que las inversiones que previamente se establecieron como prioritarias o necesarias no dependan de las condiciones de los privados para llevarlas adelante.

El rol de las empresas llamadas industriales del Estado es un tema que se ha debatido poco o mal, y debería convertirse en un gran debate nacional a nivel de la sociedad. No hay que olvidar que forman parte de una estructura productiva nacional que integran además la canasta de consumo de servicios públicos muy importante para la población.

Si las empresas públicas en el marco de normas claramente orientadas en defensa del trabajo nacional, desarrollan una estrategia de dinamización de la economía y del empleo del país no se habrán limitado a cumplir con su misión específica, sino habrán colaborado aun más al bienestar público.

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