domingo 21 de octubre, 2018

Esperando a López Obrador

Publicado el 04/10/18 a las 10:53 pm

por Ruben “Lucho” Montedónico

Aceptar dar una panorámica acerca de México alrededor de las elecciones del 1º de julio significa un reto: el de abstenerse de opinar acerca de los pasados seis o siete siglos y cómo influyen en el desarrollo de hoy. De lo que tratamos es de poner a consideración una versión del qué pasa y el hoy, incluyendo una apretada –seguramente limitada– línea de interpretación.

Según estas premisas, se intenta ver qué aconteció en el presente sexenio –a cuatro meses de su finalización, presidido por Enrique Peña Nieto– y la propuesta de Andrés Manuel López Obrador (en adelante AMLO), repasando someramente las condiciones en que se encuentra el país y el inmediato curso pasado.

Al castillo de Chapultepec –lugar de asiento del usurpador francés (1863-1867)– al inicio del actual gobierno de Peña fueron convocados líderes partidarios para –con la debida pomposidad del caso y gran cobertura mediática– anunciar la suscripción del “Pacto por México” que se imponía como nuevo destino político-económico-social al país. En él se pretendía aumentar el crecimiento nacional por encima del 5% anual; incrementar las inversiones directas en más del 25% del PIB; reducir la desigualdad entre los hogares; abatir la pobreza (entonces de 45,5%) y, en cifras oficiales, bajar el subempleo y el desempleo.

La resultante de las mudanzas y adecuaciones de los siguientes tiempos –llamados “cambios estructurales”– no consiguieron nunca evitar los incumplimientos del pacto. El prometido crecimiento del PIB promedió en el sexenio un raquítico 2,4% anual, mientras el real per cápita fue aún menor: 1,4%. En el caso de la inversión, la deriva fue que la formación bruta de capital cayó de 22,3% a 20,5% en 2017.

Para el caso de los hogares, la brecha entre pobres y ricos se amplió y el 10% superior pasó de captar el 34,9 al 36,3% del ingreso nacional, en tanto el mismo porcentaje de los más pobres se quedó con el 1,8%. La pobreza en vez de reducirse aumentó y Cepal consignó que en 2016 había crecido en México en 1,7% (incumpliendo las Metas del Milenio para América Latina). De acuerdo con datos oficiales (que muchos entienden que encubren y maquillan guarismos adversos al gobierno) en 2016 habían 54,4 millones de pobres en el país.

Asimismo, la inversión pública en la petrolera nacional fue de sólo 0,9% del PIB en 2017, mientras que con la caída de precios del crudo las finanzas públicas resintieron una rebaja del 3,8% anual, promedio del PIB, que impactó en la recaudación fiscal.

Por supuesto, esto estuvo acompañado por el banco central que elevó las tasas de interés del 3% (finales de 2015) a 7,5% (febrero de 2018), exhibiendo un ajuste monetario mayor al necesario para el curso financiero. Aquí hay que decir, entonces, que México quedó expuesto al devenir económico mundial y en particular al de su vecino estadounidense, dejando en el olvido el tiempo en que duplicó (1960-1980) la renta por persona.

Para cerrar esta parte, pasados más de cinco años del pacto, este ha significado la suma de muchos fracasos y el ostracismo mayúsculo para las grandes mayorías. Más bien, como se señala en algún informe, da la sensación de que el crecimiento a cuentagotas, la subsistencia de enormes masas de pobres y la desigualdad social son parte de un cierto plan de arraigo del conjunto de decisiones político-económicas aplicadas durante las últimas cuatro décadas por los gobiernos neoliberales. Existe una concatenación evidente entre las decisiones de políticas públicas en México y las recetas del FMI y otros organismos. Queda muy clara esa imbricación si se observan las declaraciones y las acciones de las autoridades y los funcionarios ejecutores cuando se refieren al programa económico: este país, el segundo más grande del subcontinente por volumen de producción, se ubica en el lugar 18 –hoy– entre 20 naciones latinoamericanas en términos de crecimiento de la renta per cápita en el siglo XXI.

Y entonces debemos recordar que los saldos exportables del país se dirigen en más de 85% a una sola plaza, la de Estados Unidos, lo que deja a la nación no sólo vulnerable ante la eventual recesión de su destino exportador, sino a expensas de la política monetaria del vecino, en momentos que la Reserva Federal modifica varias veces al año sus tasas de interés. Si la introducción hace cuatro décadas del hiperliberalismo económico como modalidad de conducción económica desmontó de manera brutal al Estado y las instituciones de la República –de más de tres mil organismos y empresas públicas que habían, hoy quedan menos de trescientas– el país en materia de seguridad atormenta a sus habitantes con los fracasos de los últimos doce años. La guerra del régimen contra “el crimen organizado” –como le dicen, mientras la población es testigo, mayoritariamente, de la colusión de autoridades y delincuentes– en que se han involucrado a militares, ha cosechado los peores resultados: el horror ha dejado unos 350 mil muertos y más de 30 mil desaparecidos; produjo la expansión del narcotráfico y acrecentó a niveles insospechados la corrupción pública y privada, de agentes del Estado y de particulares.

El 1º de julio

En las condiciones enumeradas se arribó a los comicios de julio sobre el que escribí –permítaseme la inmodestia de la autocita– que aunque votó un porcentaje menor de ciudadanos que en 2012, –el 63%– AMLO arrasó en la inmensa mayoría de los colegios electorales (obtuvo el 53% nacional) y su triunfo se dio en un período oscuro de la historia contemporánea donde con la irrupción de la variante neoliberal se incorporó un estilo que fue profundizando males precedentes, extendiéndolos y ampliando las diferencias de clase. Un pequeño puñado de empresarios aliados a las autoridades de turno –del Revolucionario Institucional (PRI) o del supuesto opositor de derecha Acción Nacional (PAN)– acumularon estratosféricas ganancias y redujeron a una casi inexistente expresión el salario mínimo y, en general, los ingresos del pueblo; se robustecieron los niveles de corrupción que daban cobijo, protección, más beneficios, mejores dividendos, mayores productos y abundante lucro a sus cuentas. Junto con lo que el candidato triunfante llamó “la mafia del poder”, se auspició el incremento y extensión de la corrupción a niveles inimaginables, el advenimiento descontrolado de las desigualdades, la inseguridad y su “inevitable socio”, la impunidad criminal.

Se espera de la elección que haya generado entre los que se preocupan por las pizarras de las bolsas y el curso del TLCAN (NAFTA), dejar de considerar a los integrantes del pueblo en que nacieron como una horda inculta a la que someter, oprimir y exprimir para obtener plusvalía hasta su postrer hálito. Este conjunto dominante y voraz radicaba en su subconsciente autoritario confianza en que el pueblo temía a la libertad, con la certidumbre de que si los gobiernos creían ser inteligentes no contaban con más oportunidad que ponerse de su lado, del de los amos del capital, y volverse cortesanos de sus normas económicas y su cesarismo. El pueblo dio muestras más que suficientes de que se le había agotado la paciencia y se le privara de un futuro decoroso. Con la conducción de AMLO, hombre terco, picapedrero que recorrió uno por uno –más de una vez– en estos años cada municipio (2.466 y 16 ex alcaldías de la capital), acabó con lo que quedaba de los decadentes partidos tradicionales, arremetió y venció a los fraudes –que antes habían privado de triunfos a Cuauthémoc Cárdenas y al propio López Obrador– ganó el Poder Ejecutivo y ambas ramas del Congreso. El valor de AMLO, desahuciado de la política tras cada postergación, fue –es cierto– el artífice de lo ocurrido y es en quien se radica la esperanza de un cambio que le devuelva dignidades a las personas, enriquezca y haga valer la justicia, elimine la impunidad, reduzca la violencia y combata la corrupción. De AMLO no se espera menos, aunque no se trate de un hombre revolucionario, de izquierda o anticapitalista; se anhela –sin embargo– la posibilidad de un inicio en una nación que no sólo quiere ganar en soberanía e independencia, sino que se robustezca el Estado y se ahuyente de toda práctica pública al neoliberalismo imperante los pasados años y que en ese racimo de cosas lo mantengan en el camino de mejor gestión de gobierno. La vocinglería popular, esa a la que en el fondo siempre le temió la denominada “mafia del poder”, despertó y pateó el viejo tablero político donde se “arreglaban” las cosas.

Sin temores

Hay sectores de la denominada burguesía empresarial no integrada en “la mafia del poder” que esperan pacientes el nuevo gobierno, el que le ha ratificado ciertas certezas económicas y del que demanda que haga “una buena administración, sobre todo decente, sin derrochar el presupuesto para conformidad de los amigos”. En alguna medida la fotografía de este grupo la hizo el historiador de la Universidad Nacional (UNAM), Javier Buenrostro, cuando afirmó en mayo pasado que “los principales ejes de la política económica de López Obrador son de conocimiento público y la realidad es que estos son parte de la ortodoxia económica y financiera” y señala: el respeto a la autonomía del Banco de México (central); libre flotación de la moneda nacional; no generar déficits primarios; impuesto sobre la renta e IVA sin cambio (excepto en la frontera); apoyo al TLCAN y al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP en inglés) y disciplina presupuestal. Concluye, entonces, que “francamente no hay nada en estos lineamientos que debiera preocupar a los mercados, a los inversionistas, a los pequeños y medianos empresarios ni tampoco a las clases medias”.

Es palpable el manto de protección para cuidar sus intereses que pretenden estos grupos, procurando que ciertas políticas del neoliberalismo se mantengan –para el caso, las llamadas reformas estructurales–.

Sufragio efectivo

Magdalena Galindo –a la cual le copié hasta el título de su nota– expresa: “El neoliberalismo extremo, la supeditación a las exigencias del gran capital financiero internacional y en especial a los intereses de Estados Unidos, no sólo dañaron a las clases populares, sino también, al estrangular el mercado interno afectaron a amplios sectores de la propia burguesía, que también manifestó su descontento en las urnas. Sin duda, las elecciones de 2018 constituyen un hecho histórico. No porque por primera vez, como se ha dicho, la izquierda llega a la Presidencia de la República, sino porque se consiguió impedir el fraude electoral y, con ello, se puede afirmar que por primera vez se pudo cumplir la demanda de sufragio efectivo, enar-bolada por Madero, y que desembocaría finalmente en la Revolución Mexicana.

“Este hecho significa un avance democrático evidente, puesto que niega la realidad vivida durante muchas décadas de una democracia simulada, en la que la verdadera elección correspondía al presidente en turno junto con unos cuantos grandes electores, personeros de poderes fácticos, y la votación sólo servía para confirmar la elección secreta. En años más recientes, después de la llamada reforma política, y el consiguiente fortalecimiento de partidos y corrientes políticas, el sufragio efectivo fue violentado nuevamente a través del abierto fraude electoral, sea de carácter cibernético, sea por la compra de votos, con o sin tarjetas de financiamiento, sea con el robo de urnas y demás trucos delincuenciales.”

Cuando sopesamos los elementos de triunfo debemos reconocer –más allá de la importancia de la masiva votación policlasista al triunfo de AMLO– que hubo beneficios derivados de la crisis de los tres partidos firmantes del Pacto por México. Y si en ese sentido se puede manifestar alegría por haberse ganado una batalla, hay que decir que la guerra continúa porque aún no ha cambiado la correlación de fuerzas. Entonces, coincidiendo con Galindo y con Josefina Morales, hay que esperar que el capital financiero internacional –que tiene el control de México y al que se le debe atribuir la parte sustancial del diseño económico neoliberal– junto con “la mafia del poder” local, no vayan a quedarse con los brazos cruzados. No hay que olvidar las estrategias de los “golpes de Estado blandos” y otros artilugios que el imperialismo, apoyado por gobiernos europeos, que consiguieron deponer gobiernos, recomponer la correlación de fuerzas a su favor o crear una crisis económica de enormes proporciones.

Es por eso que se nos recuerda que “el objetivo en esta coyuntura es construir una fuerza popular organizada que realmente consiga hacer avanzar el proyecto a favor de los intereses de las clases trabajadoras”.

Gabinete

De acuerdo con los anuncios, AMLO combina para el gabinete gente con experiencia, donde predominan egresados de la UNAM, hay pocos de sectores educativos privados (Escuela Libre de Derecho, Universidad Anáhuac) y algunos que salieron de institutos o estuvieron en tecnológicos. Por ejemplo, la secretaria de Gobernación se formó en la UNAM, hizo un posgrado en Inglaterra, tiene siete doctorados honoris causa y fue ministra de la Suprema Corte. De la hacienda pública se encargará una historiadora e investigadora del Colegio de México, egresada de economía de la UNAM.

Junto con estas y otras connotadas figuras con pasados democráticos e inclinaciones de izquierda, se plantean casos de gente provenientes –cercanamente– de las estructuras de poder derrotadas o con actuaciones que los ligan a empresas extranjeras, en particular con las que producen organismos genéticamente modificados (OGM). Lo anterior no contempla solo las acciones del postulado a dirigir la secretaría de Agricultura y Ganadería –impulsor de la conocida como Ley Monsanto– sino al rico empresario del estado de Monterrey, Alfonso Romo, que coordinará la Oficina de la Presidencia y que se especializa en productos de agrotecnología, entre los cuales están los transgénicos.

Relaciones Exteriores será ocupada por Marcelo Ebrard –antiguo alcalde de la capital– y de él se esperan acciones que en lo político, económico y comercial reorienten la atención del país hacia el subcontinente: es una cancillería que ha impulsado decenas de tratados libre comercio –signados con 45 países diferentes–, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones con 33 naciones.

Lo que viene

Cuando sopesamos lo que arrastra este país al tener en cuenta la grandeza que hereda, su revolución social de principios del siglo XX –que pone fin a la dictadura porfirista–; las convulsiones y reformas previas a la Segunda guerra, la prolongada presencia internacional de demostrada independencia, el asilo que benefició tanto a españoles como a centroamericanos y sudamericanos y de la que nosotros mismos somos deudores; mientras en paralelo se dio la larga etapa de la posguerra que fue perfilando regímenes autoritarios como antesala del siglo XXI con la corrupción a todos los niveles, en compañía de creciente violencia y la aparición del pequeño puñado dominante de criollos apodado “la mafia del poder”, estamos, de cara a un nuevo gobierno con AMLO – por ahora– con las cejas enarcadas ante la falta de certidumbres, esperando resultados.

Es indudable que en julio ocurrió algo diferente, catártico, por parte de la ciudadanía que mediante la introducción de un papel en la urna enterró usos y costumbres políticas de los partidos gobernantes tradicionales.

En cuatro meses nos empezaremos a enterar realmente qué hará el equipo comandado por AMLO –el continuador del gobierno– frente a los poderes económicos, la corrupción, la violencia y la “mafia del poder”. 

Lo que haga en favor del pueblo se tendrá como revolucionario, aunque no lo sea.

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