domingo 16 de diciembre, 2018

Derechos tercerizados

Publicado el 14/09/18 a las 3:34 pm

Por Álvaro Berro

Los avances sociales de los gobiernos frenteamplista son reconocidos. No obstante, es mucho lo que falta para superar más de veinte años de neoliberalismo. Uno de estos aspectos lo constituyen los procesos de tercerización laboral. Para conocer las características y vías de superación de este problema, conversamos con: el diputado Luis Puig, el coordinador del Frente Sindical León Duarte: Gabriel Portillo y el Coordinador de la Comisión de Trabajadores Tercerizados del PIT-CNT (CTT): Marcelo Recalde.

El caballo de Troya

Los procesos de tercerización laboral constituyen un ajuste encubierto del sistema para aumentar plusvalía, a través de la búsqueda de la reducción de costos salariales vía subcontrataciones, con diversos efectos, entre ellos, desregulación y precarización laborales, y también de salarios menores en relación con las mismas funciones en trabajadores fijos. Tal como lo plantea Luis Puig: Estamos enfrente de una estrategia de acumulación de capital, que habla de mayor eficiencia y abaratamiento de costos, pero se traduce en la precarización del salario, de las condiciones de trabajo, al generar en un mismo ámbito laboral, una dispersión de las formas de contratar un trabajador. So pretexto de una mayor eficiencia, se promueve un fraccionamiento de la empresa, para imponer la flexibilización laboral: Una empresa contrata para desarrollar determinado servicio a otra. Esta segunda empresa toma trabajadores para tareas, que muchas veces no son actividades secundarias de la empresa contratante, sino que están en el centro neurálgico de la producción y donde estos trabajadores van a tener un tercio del salario de los trabajadores directamente contratados. No tienen las mismas condiciones de trabajo, ni de salubridad. 

A partir de estas contrataciones se generan –al decir de Gabriel Portillo–, situaciones en las que se socaban los derechos laborales aun dentro de organismos públicos: Hay empresas que suministran a OSE mano de obra para tomar el consumo. La empresa se presenta a la licitación y luego contrata a trabajadores para que hagan una tarea –que le correspondería hacer a un funcionario público–, pero ganando un tercio de lo que ganan los trabajadores de la OSE que tienen convenio laboral, convenio colectivo y otras condiciones de trabajo. Sin embargo, ese grupo de trabajadores que toma consumo, no tiene convenio colectivo, ni tiene estabilidad laboral. Lo cual dificulta además el trabajo de los sindicatos, que ven limitada su área de influencia: Muchas veces tenemos empresas donde de 1500 trabajadores, tienen convenio colectivo 300, los demás son todos tercerizados. Puig sostiene que de esta forma las empresas se proveen de trabajadores que están más preocupados por la estabilidad de sus puestos, que por la profundización de sus derechos: Muchas veces termina el contrato y se hace un esfuerzo por parte de los trabajadores para que se mantengan los puestos de trabajo. Esto a veces se logra, muchas otras no se logra y por lo tanto, nunca se puede avanzar en procesos de antigüedad del trabajador, en la consagración de derechos. A esto cabe agregar dispositivos como los contratos o empresas unipersonales, que si bien son más propios de los años noventa, Marcelo Recalde denuncia que continúan en el presente a nivel de la actividad privada: Los contratos unipersonales son procesos de tercerización encubierta, son contratos de empresa unipersonal de áreas permanentes que debería tener una empresa. En realidad eran muchas veces trabajadores que estaban contratados por la empresa. La empresa los despide y después les ofrece el mismo trabajo que estaban haciendo a través de una empresa unipersonal. Hemos tenido grandes problemas en ciertos sectores, como es la TV por cable o en empresas de Logística que distribuyen artículos de cualquier naturaleza. 

Un poco de historia

Los procesos de tercerización se originan en determinados sectores de la actividad industrial. Según expresa Recalde: Surgen de la época Toyotista de los años 70 en las fábricas de autos, que habían cambiado su cadena de producción, por eso se pensaba que esto era para ese tipo de cadenas o similares, pero que no se iba a dar en el Estado y tampoco en algunas áreas del sector privado. La realidad es que se empezó a extender. La realidad no solo indicó eso, sino que fueron incluso más eficaces para enfrentar los frenos impuestos a la ortodoxia neoliberal: Nosotros en Uruguay tuvimos un punto de inflexión en la primera mitad de la década de los noventa, cuando en el gobierno de Lacalle se intenta privatizar las empresas públicas y esto fue parado a través del plebiscito. Entonces lo que se hizo fue agarrar partes del organigrama de los organismos públicos y empezar a tercerizarlos. 

Puig explica que en esa época fue que se sancionaron leyes para promover este tipo de contrataciones: La ley 16713, en el artículo 178, establece la llamada presunción simple, de que siempre que se plantee la existencia de una empresa unipersonal, ella es legítima. Entonces se generan mecanismos de presión sobre los trabajadores, que para acceder a un puesto de trabajo o para mantener el cargo, debían crear una empresa unipersonal, haciéndose cargo de sus aportes a la seguridad social, perdiendo sus derechos. Se crearon miles de unipersonales en aquel momento, donde aparentemente el trabajador era un patrón, pero en realidad tenía una relación de dependencia encubierta. 

Para Recalde la perdurabilidad de estos mecanismos reposó en el espiral de deterioro socioeconómico en el que cae el país desde la segunda mitad de los noventa hasta principios del 2000: Veníamos de la crisis del 2002 que generó el más alto porcentaje de desempleo que hemos tenido. No había trabajo, por lo cual el problema primero era conseguirlo y luego atender la problemática del trabajador. Esto implicó para muchos sindicatos empezar de cero. Según Puig, fue recién en el gobierno de Mujica que se pudo acabar con algunos de sus aspectos más regresivos: En el 2010 fue impulsado por el PVP un proyecto de ley que derogaba el artículo 178 de la 16713, que llevó a una discusión muy fuerte con las cámaras empresariales. En esa ley se derogaba el artículo y al mismo tiempo se hacía hincapié en que, cuando se demostrara que era una relación laboral encubierta, se le devolvían los derechos a los trabajadores desde el momento en que había creado la unipersonal. No obstante esto, Recalde sostiene que aún queda mucha tela por cortar: Nosotros vimos que había un proceso muy intenso de tercerización en los organismos públicos, si bien en el sector privado era de esperarse, no sabíamos que estaba instalado en el Estado y empezamos a visualizar que ese proceso estaba fuera de control.

De aquellos claros “ideales” a estas opacas realidades 

Para Recalde, el corolario de esta historia es su masificación: El proceso de tercerización corta de forma transversal a todas las ramas de actividad. No hay ninguna rama que no tenga un proceso de tercerización, algunas tendrán más o menos, en mejores o en peores condiciones, pero está instalado en todas las ramas. Su impronta neoliberal lo dotó de una forma de desarrollo opaca que torna difícil conocer siquiera la cantidad de trabajadores tercerizados dentro del Estado: Si vos me pedís el número exacto, no lo tenemos porque el Estado no lo tiene, y gasta muchos millones para tercerizar un servicio y lo que aparece en la rendición de cuentas es dinero, no sueldos. No obstante lo cual, son decenas de miles de trabajadores: Hay una cifra que nosotros hemos manejado y que en algún momento también la manejaron algunos interlocutores del Poder Ejecutivo, que está encima de los 100.000 trabajadores. Nosotros en algún momento manejamos 120.000 a nivel nacional, contando todas las ramas de actividad que pueden estar tercerizadas. Estos datos surgen del esfuerzo desplegado por la propia Comisión de Trabajadores Tercerizados: La información nos la aportan los sindicatos, porque nosotros sabíamos a través de los procesos de licitación, que el Estado no tenía un estudio hecho, pero entendíamos que teníamos que tener números formales y hace alrededor de un año y medio, solicitamos a través de la CTT y por la Ley de Información de Derecho Público, un informe a cada organismo para saber cuántos trabajadores tercerizados tenía. Eso lo hicimos con la administración central, los entes autónomos y los servicios descentralizados. 

Los estudios señalan además, que las promesas de ahorro de este modelo están lejos de cumplirse. Puig sostiene que: desde la derecha se viene insistiendo en la necesidad de reducir la cantidad de funcionarios públicos, al mismo tiempo que se reclama mayor cantidad de servicios, de salud, seguridad y demás. Pero esta discusión es engañosa porque hay decenas de miles de trabajadores que cumplen funciones para empresas públicas en forma tercerizada. No es que se haya eliminado esa tarea sino que se hace en condiciones de precarización. ¿Esto es más económico para el Estado? No, porque en realidad el que se lleva la parte del león es el dueño de la empresa tercerizada. El gasto no solo continúa siendo el mismo, sino que según Recalde puede haber aumentado dado que: La empresa lo que hace es un pasa manos con el dinero que cobra del Estado. Paga a los trabajadores y se queda luego con una tasa de ganancia. A esto debe sumársele una serie de prácticas, que aunque penalizadas, suelen ser recurrentes: Últimamente han vuelto a salir a la opinión pública las estafas que hacen las empresas al Estado. Dejan de cumplir con el servicio y con los trabajadores. Como la ley de tercerización pone al Estado como garante, termina pagando dos veces. Le paga primero a la empresa para que se haga cargo de ese trabajador que contrató. La empresa no cumple, los trabajadores reclaman y el Estado vuelve a pagar por segunda vez. En la mayoría de los casos el índice de gastos directos es igual o mayor. Por supuesto que siempre hay excepciones a la regla, pero estas exigen condiciones difíciles de aceptar por un gobierno de izquierda: Solamente cuando se precarizan demasiado las condiciones del trabajador puede haber un ahorro. Lo cual nos interpela si ética y humanamente está bien que el Estado tercerice. 

Está interpelación no opera sobre situaciones hipotéticas, sino sobre realidades que pautan la cotidianidad laboral, Luis Puig explica que: En los trabajos de poda de árboles de Montevideo, realizados por una empresa tercerizada para la Intendencia, vimos una cantidad de trabajadores subiendo a los árboles como cocoteros, sin cinturones de seguridad y con motosierras que pesan unos cuantos kilos, saltando de rama en rama. Consultamos al capataz y nos dijo: “Lo que pasa es que tienen que hacerlo así para sacar un jornal, porque trabajan a destajo”. Les pagan por la cantidad de ramas cortadas, por eso es que lo realizaban sin ningún tipo de seguridad, arriesgando la muerte del trabajador. Portillo sostiene que estas violaciones a la ley, son producto de las dificultades del Estado para fiscalizar: Una misma empresa se comporta de una manera en un lado del Estado y de otra manera en otro, para eso necesitamos una coordinación entorno a estas cuestiones y un registro de empresas incumplidoras. Empresas que al decir de Recalde tampoco garantizan un buen servicio, por la inestabilidad a la que someten a su personal: Los funcionarios hacen una buena tarea pero por la precarización, apenas consiguen una nueva oportunidad se van. Ese trabajador se capacitó dentro del Estado para una tarea única e irrepetible, si trabajo en UTE y mañana va a OSE, no estará capacitado para el trabajo, porque son tareas muy diferentes, podrá tener una idea general de las normativas, del derecho administrativo, pero las tareas inherentes nunca son las mismas. Hay una pérdida de eficiencia notoria por la rotación cada poco tiempo de los trabajadores. 

A la búsqueda de soluciones

Pese a que nuestros interlocutores reconocen los avances de los gobiernos progresistas, coinciden en que los vacíos son muchos. Como lo explica Recalde: Nosotros entendemos que si bien se habían aprobado tres leyes nuevas en el primer gobierno de Vázquez, las mismas estuvieron muy lejos de resolver los problemas estructurales, porque eran demasiado profundos. Es por ello que armamos por consenso con los sindicatos del sector público y privado de la CTT, un proyecto de ley que pide la prohibición de los proceso de tercerización de los puestos de trabajo permanentes. Este proyecto se presentó a través de la bancada del PVP y al decir de Puig: Lo que plantea es que no se pueden realizar tercerizaciones para las tareas de carácter permanente que se realizan en una empresa. Estas se deben realizar con personal propio en las mismas condiciones, los mismos derechos y los mismos salarios. Prohíbe la celebración de subcontrataciones a los efectos de transferir la realización de obras, servicios o actividades que tengan la calidad de permanentes dentro del proceso productivo, ya sean estos inherentes o complementarios al giro principal del establecimiento, como así también cualquier forma de intermediación laboral o jurídica que pueda encubrir la existencia de una relación de dependencia bajo apariencia empresarial. Puig es consciente de que se está en el primer tramo del camino, por lo que considera importante potenciar este proyecto con movilización social: Como toda ley que consagra derechos laborales, el respaldo del reclamo y la movilización social son un elementos fundamentales y en esto viene trabajando la comisión de tercerizaciones con una movilización importante, de trabajadores tercerizados tanto en la actividad pública como en la actividad privada. Como así también apoya la negociación política, con sectores del oficialismo que en tanto coalición de izquierda no solo tiene la posibilidad sino la obligación moral de aprobarlo: Yo creo que el Frente Amplio tiene mayorías parlamentarias y debería plantearse en el corto plazo, asumir la discusión integral de este proyecto. Nosotros partimos de la base de que este proyecto puede llegar a tener modificaciones y que puede haber aportes que lo mejoren, pero creemos que lo fundamental es enfrentar este proceso de tercerizaciones, porque es un reclamo de condiciones de trabajo de miles de trabajadores. 

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