domingo 21 de octubre, 2018

Agua que has de beber, no la puedes vender

Publicado el 06/06/18 a las 5:58 pm

Foto Juan Angel Urruzola

Por Jannet Suárez1

Nos encontramos apoyando la campaña de recolección de firmas desde la Comisión Nacional en Defensa del Agua y La Vida2 para habilitar un derecho democrático como es el referéndum, que dé la posibilidad a nuestro pueblo de expresarnos en relación con la derogación de la Ley N° 19.553. Impulsada por el Poder Ejecutivo (PE) desde el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), luego de dos años de discusión fue aprobada en el pasado mes de octubre en el parlamento, y rápidamente promulgada por el PE. Esta nueva ley incorpora modificaciones a la anterior Ley de Riego N° 16.858, aprobada durante el gobierno de Batlle.

Los artículos que fueron modificados introducen aspectos que se vinculan con la privatización del recurso, ya que los grandes represamientos que se habilitan a instalar en nuestros campos por privados serán posible gracias a la sustracción de recursos hídricos de ríos, arroyos, lagunas, etc., que traerán como consecuencia la disminución de los caudales de agua dulce para el acceso humano, o sea a las plantas que potabilizan desde OSE. Por eso se habla que esta ley mercantiliza, en el sentido que se facilitará también desde el Estado un mercado paralelo de aguas.

Otro aspecto que se cuestiona de la ley es su carácter excluyente de la participación ciudadana, que no estuvo ni estará presente de ser aplicada. Se cuestiona no solo por lo que establece la constitución en su artículo 47, sino en los aspectos que de ella se desprenden en cuanto a su reglamentación, garantido por el Plan Nacional de Aguas aprobado en 2016, donde se establece que la participación de los consejos regionales, las comisiones de cuencas, entre otros actores sociales y académicos, deben ser parte activa de las decisiones que se toman desde el Estado, para el uso y fines de nuestros recursos hidrográficos. Este proceso fue omitido, o más bien desoído por parte de nuestras autoridades, por lo que convierte a esta ley en un hecho claramente inconstitucional.

Un aspecto silenciado por algunxs actores del gobierno, quizás el más importante, y en el que varias voces desde la academia se han pronunciado al respecto (como la Cátedra de Limnología de la Udelar y el Cure, entre otros),  es su impacto negativo sobre los ecosistemas. La construcción de embalses para represar enormes cantidades de agua favorecen la concentración de algas tóxicas que luego inundan los ríos, lagunas, arroyos, produciendo más contaminación en las aguas para consumo humano, además de encarecer el costo de su potabilización, puede determinar el aumento del valor de la Tasa ambiental que ya estamos pagado lxs ciudadanxs.

No nos oponemos a que haya una Ley de Riego, seríamos necios en pensar que el riego no es necesario para favorecer la agricultura. Pero si analizamos la ley recientemente aprobada, su preocupación central en la construcción de grandes embalses de agua apuntan a proveer de agua a grandes extensiones de monocultivos que la necesitan en mayores cantidades –no a resolver los problemas de los pequeños y medianos productores–, como los cultivos llamados de secano, ya sea de soja y maíz transgénicos, arroz, grandes superficies de tierra que están en manos de terratenientes, que ostentan o arriendan sus tierras para el agronegocio, el que va acompañado de la aplicación de paquetes de agrotóxicos. Estos por arrastre son contaminantes de las aguas superficiales. A su vez, los represamientos construidos para la generación de embalses, previstos en esta ley habilita la generación de energía eléctrica que “obliga” a UTE a comprar lo producido por estas empresas privadas, y esto posiblemente afecte el costo de las tarifas. Lxs pequeños y medianos productores que aún sobreviven en el campo, quedarían rehenes de este negocio, hipotecando hasta sus tierras para recibir el suministro, o cortándoles el mismo en caso de incumplimiento de pago.

Si hacemos el ejercicio de buscar en la página web del MGAP, encontraremos allí varios3  acuerdos (incluyendo asesoramientos técnicos no reembolsables) que este ministerio realizó con el Banco Mundial desde el 2015, para llevar adelante este modo de explotación extractivista beneficiado con la reglamentación de esta Ley sobre nuestro principal recurso natural. Esto sin mediar los costos de los que menos tienen favoreciendo a los poderosos de siempre. Como ejemplo véase la página 14 de este documento “4. Tipo 4: Proyectos Asociativos con obras de Almacenamiento de gran porte y embalses (reservas) estratégicos. Incluyen la construcción de represas de más de 15 metros de altura y zonas de riego que involucran superficies mayores a 2.000 ha. El Estado es responsable de identificarlos, implican acciones como compensación para los dueños de las tierras afectadas por los embalses, elaboración de diseños ejecutivos y planes de mitigación por sus potenciales efectos ambientales y sociales. En este tipo de proyectos podrían considerarse esquemas de Participación Público Privada (PPP) para su financiamiento y otros apoyos por el Estado”.

Queremos hacernos eco de las movilizaciones que se vienen llevando adelante en todo el mundo en defensa del agua. En paralelo a la 8º edición del Foro Mundial del Agua (FMA) –evento organizado por el Consejo Mundial del Agua vinculado a las grandes corporaciones trasnacionales que buscan satisfacer sus intereses, en detrimento de los pueblos y de la naturaleza–, se desarrolló en Brasilia, entre el 17 y 22 de marzo, el Foro Alternativo Mundial del Agua (FAMA 2018), donde participaron más de 7 mil trabajadoras y trabajadores del campo y la ciudad, de las aguas y las selvas, representantes de pueblos originarios y comunidades tradicionales, articulados en 450 organizaciones de todos los continentes. En su declaración final subraya el FAMA 2018:

“… Reafirmamos que las diversas luchas en defensa de las aguas dicen alto y claro que el agua no es ni puede ser una mercadería. No es un recurso para ser apropiado, explotado y destruido para el buen rendimiento de los negocios. Agua es bien común y debe ser preservada y gestionada por los pueblos para las necesidades de la vida, garantizando su reproducción y perpetuación. Por eso, nuestro proyecto para las aguas tiene a la democracia como un pilar fundamental. Es solamente por medio de procesos verdaderamente democráticos –que superen la manipulación de los medios y del dinero que los pueblos pueden construir el poder popular, el control social y el cuidado efectivo de las aguas, afirmando sus saberes, tradiciones y culturas en oposición al proyecto autoritario, egoísta y destructivo del capital–.

Somos radicalmente contrarios a las diversas estrategias presentes y futuras de apropiación privada sobre el agua, y defendemos el carácter público, comunitario y popular de los sistemas urbanos de gestión y cuidado del agua y el saneamiento. Por eso saludamos y estimulamos los procesos de re-estatización de compañías de agua y saneamiento y otras formas de gestión. Seguiremos denunciando los intentos de privatización y de apertura de capital, como ocurre en Brasil, donde 18 estados manifestaron interés en la privatización de sus compañías. El Foro Alternativo Mundial del Agua (FAMA) apoya, se solidariza y estimulará todos los procesos de articulación y lucha de los pueblos en Brasil y en el mundo […].

Convocamos a todos los pueblos a luchar juntos para defender el agua. Agua no es mercadería. El agua es del pueblo y por ellos debe ser controlada. Es tiempo de esperanza y de lucha. Sólo la lucha nos llevará a la victoria. ¡Venceremos!”

En nuestro país se deberán buscar caminos de acuerdo para derogar esta ley, que tengan en cuenta la voluntad de participación y las preocupaciones de los movimientos, actores sociales y firmantes que promueven y apoyan el referéndum, para evitar el riesgo de una desacumulación de nuestra fuerza política. Aun así como militante frenteamplista de este Espacio, seguiremos codo a codo por las firmas y en las calles hasta alcanzar las 700.00 necesarias de aquí a octubre, por un referéndum para su derogación que se llevaría a cabo en las elecciones nacionales de 2019. 

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1 |  Jannet Suárez es militante feminista y de organizaciones sociales ambientales, e integrante del Espacio 567 de Canelones. Actualmente integra el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. 
2 |  Comisión nacional en defensa del agua y la vida (cndav), fue creada en el año 2002, con el fin de llevar a cabo un plebiscito para que se incluyera en el art. 47 de nuestra constitución, que el acceso al agua y el saneamiento es un derecho humano, un bien público y que debe ser administrado por el estado (aspecto incluido en ese artículo en el año 2004). Esta comisión está integrada desde entonces por varios sindicatos, organizaciones sociales, barriales, etc., que como en el año de su creación apoya al sindicato de ffose ante la iniciativa de defender este recurso con herramientas democráticas como lo son el plebiscito y el referéndum.
3 |  “Estrategia de fomento del desarrollo de la agricultura regada en Uruguay”, <http://www.aguaparaproducir.uy/biblioteca/publicaciones/item/estrategia-de-fomento-del-desarrollo-de-la-agricultura-regada-en-uruguay.html>.

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