viernes 21 de septiembre, 2018

Los productores agropecuarios familiares, actores imprescindibles para el cambio

Publicado el 15/05/18 a las 2:14 pm

Jorge Notaro 1

| Foto Compromiso Socialista

El movimiento de autoconvocados prendió una luz amarilla, el gobierno actuó rápido y con algunas medidas que reducen los riesgos de desaparición de los productores pequeños y medianos, desinfló la movilización. 

Los problemas existían pero el gobierno no tomaba medidas, quedó en evidencia que no tiene una política de fortalecimiento de los productores agropecuarios familiares, como consecuencia van desapareciendo y el FA no los incorporó a un proyecto de cambios, para el cual son actores imprescindibles.

1. La movilización de los autoconvocados

El acto de los autoconvocados en Durazno generó el temor de una “argentinización” de la movilización. Las medidas del gobierno dirigidas a mejorar la situación de los productores pequeños y medianos logró desinflar el movimiento, que en su movilización del 13 de marzo mostró la pérdida de capacidad de convocatoria.

Las clases dominantes luchan por mantener sus privilegios, como no lo pueden decir abiertamente los disfrazan con los problemas reales de los pobres y los mandan al frente en una guerra, en una elección o en una movilización. En este momento en el Uruguay los granjeros, los apicultores, los tamberos chicos, los pequeños y medianos productores de todos los rubros, tienen múltiples dificultades y para sobrevivir precisan una política de apoyo. 

Los dueños de la tierra son los que más se enriquecieron en estos años y los que pagan menos impuestos. Según el informe del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (DIEA) SERIE “PRECIO DE LA TIERRA” Compraventas Primer Semestre 2017, el precio promedio por hectárea (ha) en 2004 era 600 dólares y en 2017, 3.700; los dueños multiplicaron su riqueza por seis. En el último anuario de OPYPA, el Ing. Agr. Tambler estimó que la presión fiscal, es decir los impuestos pagados divididos por el total de ingresos generados, en el agro era de 8,1% en 2016 y 8,8% en 2017, muy inferior al promedio del país que se ubica en un 29%. 

2. El papel de los productores

agropecuarios familiares

Desde 2008 el MGAP considera productores agropecuarios familiares a los que cumplen cuatro requisitos: a) máximo de 2 asalariados permanentes; b) hasta 500 ha. índice CONEAT 100; c) residir en la explotación o a una distancia no mayor a 50 km; d) ingresos de otras actividades no mayores a 14 BPC mensuales ($53.842 durante 2017). En 2014 se establecieron dos correcciones: i) para las producciones hortícolas, frutícolas y vitícolas el máximo de hasta 2 asalariados permanentes se sustituyó por la contratación de mano de obra asalariada no familiar hasta 1250 jornales anuales; ii) para la producción apícola se sustituyeron los requisitos de tamaño y de residencia por un máximo de 1000 colmenas. 

Tommasino et al. (2014) estimaron que en el período intercensal, 2000-2011 el número de productores familiares se redujo en un 22% (de 32.696 a 25.580) y la superficie que explotan se redujo de dos millones y medio de has. a un millón doscientas mil. Los autores consideran que la reducción del número de productores fue aun mayor porque su fuente, el Censo agropecuario, no registra a los productores con menos de una hectárea ni a los que no gestionan superficie. 

La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) expresó su preocupación por el impacto del avance del agronegocio “La demanda de tierras por la vía de las compras y el arrendamiento, ambos procesos liderados por empresas extranjeras o grandes empresas nacionales, viene dando un nuevo impulso a la exclusión de productores familiares y medianos, que se concreta en enajenación de activos fijos por no poder competir en el mercado del recurso”. Consideró necesario la revisión de las políticas de promoción de inversiones, “que han facilitado este proceso de concentración y extranjerización; redistribuyendo esos recursos para apoyo a la producción familiar” y propuso la creación de un impuesto a la renta extraordinaria de los agronegocios (Comunicado de Prensa CNFR, “Concentración y extranjerización de la tierra”, 6 de abril de 2011). 

Se identifica la vigencia de un modelo de desarrollo en el Litoral Noroeste uruguayo que resiste al avance del agronegocio, con el que confronta. “A nivel de la acción colectiva-política de la CNFR, la resistencia se expresa identificando su práctica discursiva con el modelo de desarrollo familiar-campesino, y poniendo en práctica una acción política contraria al proceso de concentración y extranjerización de la tierra, de fuerte confrontación con el modelo del agronegocio. A nivel individual-familiar, la resistencia se expresa a través de diversas ‘campesinidades’ e ‘identidades productivas” (Rossi 2016, p. 269).

La política implementada privilegió el agronegocio y contribuyó a la desaparición de miles de productores. Se requiere una política diferente, con el objetivo explícito de fortalecer a los productores agropecuarios familiares, mostrarles que en la lógica del capitalismo están destinados a desaparecer pero que como parte del pueblo, pueden participar del proceso de cambios para lograr mejores condiciones materiales de trabajo y de vida. 

3. La política del gobierno

Las medidas adoptadas desde enero de 2018 están bien orientadas a los pequeños y medianos productores de diverso rubros como granjeros, tamberos, ganaderos, arroceros y a los colonos del Instituto Nacional de Colonización (INC). Se destacan la rebaja del 18,03% en el precio del gasoil que beneficia a 13.091 productores, el reperfilamiento de deudas de productores de leche (2.800 productores), descuentos en la contribución inmobiliaria, congelación de arrendamientos de colonos productores de leche (1.050), apoyo a productores frutícolas afectados por falta de frío y a productores afectados por el granizo, emergencia agropecuaria en ocho departamentos y apoyo con raciones a crédito con un año de gracia.

Pero estas medidas solo permiten la supervivencia de estos productores superando algunos de los problemas que la cuestionan en el corto plazo. Son insuficientes para que aumenten su producción así como la superficie trabajada, limitando el avance de la concentración y extranjerización. 

Los productores familiares no tienen acceso a las exoneraciones tributarias de la Ley de Promoción de inversiones, no existe un Banco de Desarrollo ni ninguna otra forma de financiamiento de inversiones específico. 

El Instituto Nacional de Colonización (INC) solo dispone del 3,6% del territorio. En declaraciones al diario El Observador, la presidenta del INC Dra. Jacqueline Gómez informó que durante 2017 se compraron 10.000 hectáreas por US$ 33 millones, se entregaron 13.152 hectáreas a 221 familias (02/01/18). Se estimó en 6.500 la cantidad de aspirantes a colonos de modo que al ritmo de incorporación de tierra del INC durante los gobiernos del FA se precisarían 65 años para atender la demanda de tierra (Díaz 2014). 

4. Propuesta de política alternativa

Las políticas deben promover el crecimiento sustentable, impulsando el desarrollo rural integral para la seguridad alimentaria. La sociedad uruguaya debe tener control sobre los alimentos que se producen y se consumen en el país, asegurando que los productos lleguen a los consumidores a los menores precios posibles, desarrollando la agricultura familiar, promoviendo la agricultura urbana y prohibiendo la especulación financiera con alimentos.

Para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los productores familiares es necesario facilitar el acceso a la tierra para alcanzar el tamaño óptimo de las explotaciones que les permita la máxima productividad, el acceso al agua para atenuar los impactos de las sequías, el financiamiento barato y a largo plazo para permitir las compras de equipos y maquinarias, asistencia técnica y capacitación para hacer más eficiente su producción, apoyo en la comercialización para tener acceso a la demanda y a buenos precios. 

Para aumentar la producción es imprescindible que se realicen inversiones y para que los productores agropecuarios familiares puedan hacerlos tiene que haber créditos baratos a largo plazo y una posibilidad de venta segura de lo que se produce. Los recursos necesarios para financiar estas inversiones son fáciles de obtener colocando valores públicos porque la deuda pública es baja con relación al PBI y a las exportaciones, la oferta de fondos en los mercados internacionales es abundante y las tasas de interés son bajas. Se agrega la posibilidad de utilizar el crédito de los proveedores de equipos y maquinarias, que buscan nuevos mercados en el contexto del estancamiento del hemisferio norte; en particular de las empresas chinas que acompañan el objetivo político de ganar espacio en América Latina. 

La demanda se asegura asignando prioridad en las compras públicas desde los hospitales de ASSE hasta las cárceles, asignando una cuota del mercado interno como por ejemplo el monopolio de las ventas a carnicerías y almacenes, o el estímulo a estos negocios mediante exoneraciones impositivas. El acceso al mercado externo no se logra con acuerdos de libre comercio que facilitan las operaciones del capital transnacional, por el contrario, se requieren negociaciones políticas como por ejemplo el acuerdo logrado con Brasil para la exportación de barcazas. En este momento no se puede contar con los gobiernos de Argentina y Brasil para negociar acuerdos de complementación, pero es necesario intentarlo con China.

Para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los productores familiares cabe analizar la creación de un frigorífico de carnes, de un molino de trigo y de una planta de conservación y procesamiento de frutas y verduras. La propiedad de los medios de producción sería estatal y la gestión privada a cargo de representantes de organizaciones vinculadas a la actividad. Los antecedentes a tener en cuenta son la experiencia de Conaprole, la ley de creación del Instituto Nacional de Colonización y el funcionamiento de los Consejos de Salarios. De la primera, el avance de los productores sobre la industrialización; de la segunda, la cesión del uso pero no de la propiedad; de los terceros, la posibilidad de fijar los precios por la negociación de los actores sociales con intereses contradictorios. 

Por ejemplo, en el frigorífico de carnes el Directorio estaría integrado con representantes de la CNFR en nombre de los productores que venden ganado al frigorífico, de los trabajadores, de la Unión de Vendedores de Carne y del Estado. Se le podría otorgar el monopolio del abastecimiento a Montevideo durante algunos años como ocurrió con Conaprole o se podrían firmar compromisos de venta de determinadas cantidades por parte de los productores y de compra por parte de los carniceros, con precios negociados por determinado período y ajustados de acuerdo a una paramétrica que estime los cambios en los costos. Se puede asegurar buen precio y demanda al pequeño productor, vender a las carnicerías a un precio que cubriera los costos y fijar el porcentaje de aumento en los precios al consumo de algunos cortes. 

Empresas con esta forma de organización en el corazón de las principales cadenas de producción de alimentos contribuyen también a estabilizar los precios, como entes testigos que rompen el funcionamiento de mercados oligopólicos en los que los empresarios logran ganancias extraordinarias. 

5. Comentarios finales

Un proyecto político de superación del capitalismo tiene que expresar las reivindicaciones y articular un conjunto de sujetos colectivos sociales y políticos, ya que las transformaciones que se derivan de su puesta en práctica implican una redistribución de costos y beneficios, tanto en términos económicos (ingresos o condiciones de existencia) como políticos (relaciones de poder). Los productores agropecuarios familiares tienen que ser incorporados a este proyecto, asociados a los trabajadores asalariados, las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y otras formas de gestión asociativa.

La promoción de inversiones debe tener objetivos políticos, fortaleciendo a las empresas públicas y a los grupos sociales con ingresos que son el resultado de su trabajo. Se trata de redistribuir los medios de producción facilitando el acceso (el uso y no la propiedad), contribuyendo a que los que tienen pequeñas propiedades no las pierdan y promoviendo nuevas formas de propiedad y de gestión asociativa. Nos acercamos al socialismo cuando se reduce la propiedad del capital sobre algunos medios de producción, se le quita el carácter de mercancía a algunos bienes y se crean oportunidades de sustituir la explotación por la cooperación.

La movilización y las reivindicaciones de los terratenientes disfrazados en el movimiento de autoconvocados difundió la idea de que “el agro no soporta más impuestos”, condicionando la próxima Rendición de cuentas y las negociaciones de salarios. Es imprescindible aumentar el gasto público y para no aumentar el déficit fiscal, que significa más deuda pública y más dependencia, es necesario aumentar los impuestos a los dueños de la tierra y sus ingresos, así como al capital y sus ingresos, porque llevan diez años de grandes ganancias y pagando muy poco.

Las propuestas del PIT-CNT para el presupuesto en 2015 y la Rendición de cuentas en 2016 estiman con rigor el aumento del gasto público necesario para implementar seis objetivos prioritarios y la forma de obtener los ingresos públicos necesarios (ICD 2016). 

La Rendición de cuentas que se aprobará durante 2018 es la última de este gobierno que puede aumentar salarios y gasto público, y además, vale doble, por qué tendrá vigencia desde el 1º de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. Y en este aspecto de la lucha de clases, la oligarquía pegó primero.

Bibliografía
Díaz, P. (2014) Faltan más de seis mil aspirantes a tierra para acceder a colonización. Observatorio política de tierra, reforma agraria y soberanía alimentaria.
Instituto Cuesta Duarte (ICD) (2016) “Presupuesto Nacional 2016-2020. Análisis y Propuestas” en cuestaduarte.org.uy. 
Tommassino, H.; Cortelezzi, A.; Mondelli, M.; Bervejillo, J y Silva Carrazzone, M. E. (2015) “Tipología de productores agropecuarios: caracterización a partir del Censo Agropecuario 2011”. En: Anuario 2014. 4 Montevideo, MGAP-OPYPA, pp. 91:508. 
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1| Economista, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de la ANII y del Núcleo de Pensamiento Crítico de la Udelar.

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