domingo 21 de octubre, 2018

Los dos años por venir

Publicado el 29/12/17 a las 6:49 pm

Vivienda: propuestas para el mañana y para el hoy

Por Benjamín Nahoum1  publicado en Compañero, la revista N.7 (fotografía Juan Angel Urruzola)

La Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio (FA), ahora presidida por el Dr. Ricardo Ehrlich, ha estructurado un plan de trabajo para la elaboración de las propuestas que el FA hará a la ciudadanía en las elecciones de 2019, procurando un nuevo mandato. La apuesta parece lejana, sobre todo teniendo en cuenta que hace muy poco llegamos a la mitad de este período de gobierno, del que aún queda casi la otra mitad.

Sin embargo, los tiempos de la participación exigen esa antelación, por el dilatado camino a recorrer: la elaboración de propuestas por grandes ejes y áreas temáticas por parte de unidades de trabajo abiertas; su transversalización, para transformarlas en un conjunto coherente y eficaz; su síntesis por la Comisión Nacional de Programa; el traslado a las bases y sectores políticos para su discusión y, finalmente, a fines de 2018, su análisis y aprobación por el Congreso del FA para transformar ese ya entonces rico resultado, en la propuesta a presentar a la ciudadanía.

Es por eso que las unidades temáticas ya están trabajando, recogiendo informes y análisis de los responsables del gobierno, intercambiando con organizaciones sociales y gremiales y con integrantes de la academia, recibiendo valiosos insumos para esa tarea. Así, mientras un pequeño grupo político del que sólo se conoce –y no mucho– al empresario que lo lidera y financia, hace un casting para elegir a sus candidatos, sin saber aún para qué se los convoca, la fuerza política más grande del país abre muy grandes sus oídos para escuchar a la sociedad, de modo de recoger en su programa sus preocupaciones e iniciativas.

Estamos discutiendo, pues, el quehacer de mañana, sólo que hay un mañana que se llama marzo 2020 y otro que se llama hoy. Porque, ¿qué mejor y más convincente propuesta, que comenzar a poner en marcha, ya mismo, lo que proponemos? ¿Para qué esperar a ser gobierno en 2020 si ya somos gobierno, y con mayoría parlamentaria?

En materia de vivienda, específicamente, es claro que se trata de un problema muy sentido por la gente y con fuerte repercusión sobre aspectos claves de la calidad de vida: es imposible pensar en salud, desarrollo individual y familiar, rendimiento escolar adecuado y hasta en aspirar a un buen trabajo, si se vive en condiciones de penuria, soportando el hacinamiento, la insalubridad y la carencia de un mínimo confort.

Es indudable también que en esta materia tenemos como FA una asignatura pendiente. Nuestro primer gobierno decidió explícitamente no darle prioridad, postergándola frente a otras necesidades también urgentes, emanadas de la pobreza, aunque si bien no se arreglan sólo con la vivienda, tampoco se arreglan sin la vivienda. En el segundo gobierno se diseñó un buen plan, dotado de las múltiples herramientas necesarias por la complejidad del tema y sus muchas y diferentes aristas. Y lo mismo puede decirse del plan que rige actualmente.

Pero ni en uno ni en otro caso, los recursos públicos asignados, por debajo del 0,5% del Producto Bruto Interno y en el mismo orden que los de los gobiernos neoliberales anteriores, se condijeron con las necesidades existentes y con esa voluntad de encarar con fuerza el problema. Una vieja y muy sabia afirmación es que la política es el arte de conjugar lo posible con lo necesario, pero parecería que a la hora de definir qué es posible y qué no, sólo se tiene en cuenta la economía, porque las políticas sociales no alcanzan el suficiente protagonismo en esa dialéctica.

Lo primero, entonces, es que la vivienda (y el hábitat: no sólo la casa, sino también los servicios físicos y sociales, el entorno y el ambiente) tengan la prioridad necesaria por su importancia para el bienestar de la gente y, por qué no, también para crear empleo, que no es el objetivo primordial pero sí una consecuencia excelente. Todo ello para el 2020, pero también para ahora mismo, dado lo que falta para esa fecha, que lo que allí se decida recién se pondrá en práctica al año siguiente, y que en cambio en pocos meses tendremos otra versión de estas nuevas rendiciones-presupuestos, cuyos efectos regirán hasta ese 2021.

Ya hemos hecho la prueba de tratar de sustituir la inversión pública por la privada, con la Ley de Inversión en Vivienda de Interés Social (LIVIS) hoy llamada de “vivienda promovida” ante la constatación irrefutable que no produce vivienda social. El aliciente fue exonerar de impuestos a los inversores privados, para que invirtieran en vivienda para sectores de ingresos medio bajos y medios. El objetivo de captar inversión se cumplió plenamente, vista la cantidad de proyectos presentados y el entusiasmo de los capitales privados ante la posibilidad de hacer buenos negocios.

Pero la vivienda para los sectores que la necesitan faltó a la cita, porque ellos no pueden pagar las cuotas que se requieren para comprar una unidad de tres dormitorios a casi U$S 200.000, que son las condiciones ofrecidas. El sacrificio fiscal sólo aumentó la ganancia de los inversores, lo que explica su entusiasmo, pero los precios son inalcanzables del 4°-5° quintil superior de ingresos para abajo, y con esos ingresos no hace falta ayuda del Estado.

Por eso esta ley deberá ser cuidadosamente evaluada –desde el punto de vista social, económico y urbano– y habrá que hacer los ajustes necesarios para que la inversión privada, aun cuando sea menor, se traduzca en vivienda para quienes la necesitan. Y también habrá que por lo menos duplicar la inversión pública, llevándola al entorno del 1% del PBI, para cubrir ese agujero que no se tapó con la privada.

No es un propósito descabellado. La inversión pública en vivienda hasta los 90 era sensiblemente mayor a la actual y solamente los recursos que proveía el Impuesto a las Remuneraciones Personales creado en 1968, y que pagaban por igual empleadores y empleados, hoy estaría recaudando del orden de U$S 360 millones, casi el doble de lo que se está aportando, en lugar del impuesto, por vía presupuestal. Y con la gran ventaja, que habría que recuperar, que se trataba de un impuesto específico (como, por ejemplo, el de Primaria) que no había que discutir en cada Rendición de Cuentas.

A eso se agregaban, como ahora, los retornos de préstamos otorgados, pero además los depósitos de los ahorristas y sobre todo la colocación de títulos y obligaciones hipotecarios, actualmente casi inexistente, y que era la inversión obligatoria de los encajes y fondos de garantía de bancos y compañías de seguros. Si, por ejemplo, un porcentaje importante de las reservas de las AFAP se canalizara hacia ese tipo de colocaciones en vez de hacerlo en la deuda pública que periódicamente se emite para pagar los intereses de la deuda externa, podría pensarse en aumentar sensiblemente los recursos del Fondo Nacional de Vivienda (ahora también “y de Urbanización”: nuevas funciones, pero todavía con menos dinero).

Desde luego, disponer de recursos es una condición necesaria pero no suficiente. A principios de los 80 se invirtió mucho en vivienda (la época del “boom” de la construcción) pero tan mal que no sólo el problema no cambió en lo más mínimo, sino que se puso al borde de la quiebra al Banco Hipotecario. Pero no hay temor: pensamos hacerlo bien y no poner esos recursos al servicio de los capitales privados. Ni vamos a subsidiar ofertas con costos inflados para obtener enormes ganancias. Porque ese dinero se destinará (deberá destinarse) a procurar que más uruguayos satisfagan el derecho a la vivienda que la Constitución les asegura y no a que muy poquitos hagan grandes negocios.

Hay otras muchas cosas que hay que hacer: políticas de amplio acceso a la tierra urbanizada para que la gente no tenga que formar asentamientos precarios (porque la cuestión no es prohibir lo irregular, sino facilitar lo regular); reconstituir un mercado de arrendamientos razonable, no el actual desorbitado por la falta total de reglas para el más poderoso, que siempre será el propietario; extender el acceso al saneamiento a todo el país, terminando con la discriminación de quienes viven en localidades pequeñas, utilizando diferentes sistemas bajo la responsabilidad del Estado, y muchas otras cosas cuya descripción requeriría otro artículo.

Pero además, el año próximo, en que se cumplen cincuenta años de la aprobación de la Ley de Vivienda, convoca ineludiblemente a avanzar en nuestra legislación habitacional, no tanto revisando esa ley, lo que se hace permanentemente, sino legislando sobre temas fundamentales que quedaron fuera de ella: los arrendamientos; la función social de la propiedad (y sus consecuencias); el tratamiento de los inmuebles abandonados; la exoneración de gravámenes a la vivienda social, y otras muchas cosas que también precisarían otro artículo. Todo lo cual, ni siquiera requiere dinero. Sólo nuestra voluntad política y el coraje de hacer lo que nos manda la historia.

1 | Benjamín Nahoum es ingeniero civil e investigador y docente universitario, asesor de FUCVAM y Coordinador de la Unidad Temática de Vivienda, Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Comisión Nacional de Programa del Frente Amplio. Ha sido Coordinador del Sector Vivienda del Centro Cooperativista Uruguayo y Asesor en Vivienda de la Intendencia de Montevideo. Es autor de numerosas publicaciones sobre vivienda social.

 

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