sábado 16 de diciembre, 2017

Notas sobre el TLC con Chile

Publicado el 06/12/17 a las 2:10 pm

Por Ángel Vera1  publicado en Compañero, la revista N.7 (fotografía RebelArte)

Estructura y coyuntura

Desde 2008 la economía mundial arrastra bajas tasas de crecimiento, particularmente en los centros. Las menguantes expectativas de crecimiento son acompañadas por indicadores alarmantes de desigualdad, desempleo, precariedad y deterioro de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Las crisis, ralentizaciones o interrupciones del proceso de acumulación, se muestran en desequilibrios comerciales, inestabilidad financiera y niveles preocupantes de endeudamiento. América Latina y el Caribe se encuentran a la expectativa de un repunte en la demanda externa y la recuperación de los precios de los productos básicos. Esta lectura revela las raíces del principal problema actual: el patrón de especialización de exportaciones primarias (agro-exportación, minería y servicios) y su contrapartida de “reprimarización”. Esta especialización en el suministro de insumos básicos en las cadenas de valor global constituye una actualización de las viejas relaciones de subdesarrollo y dependencia con el agregado de las incertidumbres específicas de la actual coyuntura.

Los amplios territorios de América Latina y el Caribe no escaparon a las transiciones exógenas, a su conquista, disputa y asimilación subordinada a los procesos de acumulación y expansión de las relaciones capitalistas centrales. El despotismo burgués bajo la hegemonía imperial europea primero y la estadounidense después, ordenó Nuestra América bajo el yugo del desarrollo desigual y combinado. En nuestra geografía humana todavía pueden encontrarse vestigios del viejo modelo primario exportador, las ruinas de la industrialización sustitutiva de importaciones y la crisis mundial de los setenta. Sobre esta superposición de capas, la historia reciente es dominada por la crisis de la deuda de los ochenta, la reestructura forzada del ajuste permanente fondomonetarista de los noventa (privatización, desregulación y apertura), la brutal deuda social consiguiente, la crisis orgánica particularmente plasmada en los albores del siglo XXI y la emergencia de experiencias progresistas de impronta popular.

La crisis mundial y su tránsito por América Latina están severamente condicionados por las estrategias del capital financiero oligárquico. Aunque el origen de las crisis se encuentra en la esfera productiva, la necesidad de valorización del capital estalla en la esfera especulativa, donde se amasa el capital ficticio y fermentan nuevas crisis. En América Latina el ciclo exige reproducir las condiciones para la transferencia de recursos al exterior, el aumento del grado de explotación y las formas de distribución entre los distintos capitales. En síntesis, nuevos modos de destrucción económica, de regresión social y nuevas cadenas de subordinación neocolonial.

Una nueva capa histórica intenta montarse paulatinamente sobre nuestra geografía y aplica con crudeza todas las formas de apropiación.2 Se superponen procesos de despojo, extractivismo, concentración de la propiedad de la tierra, superexplotación de la fuerza de trabajo y especulación financiera. En estas condiciones se instala un armazón de acuerdos de liberalización comercial. Esta densa red de tratados bilaterales y multilaterales articulados constituye una superestructura conforme a los intereses de las compañías transnacionales de las potencias imperiales y del capital regional subordinado.3 El poder de las empresas transnacionales tiende a avasallar particularmente a los estados periféricos, influye en la función normativa de los Poderes Legislativos deteriorando las legislaciones internas de protección y tutela de los derechos populares conquistados. A la vez, desplaza parte de sus funciones a los Poderes Judiciales. Impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial del Comercio (OMC), este poder jurídico corporativo formalizado en la Lex Mercatoria aplasta a los Derechos Humanos.4

El desafío del nuevo orden imperialista es el control político de las luchas de clase y, a la vez, el control de la disputa competitiva entre capitales. En toda Nuestra América intentan consolidarse las garantías del Estado para la perpetuación del despojo. Por ello, la lucha política constituye una lucha en la producción misma de las relaciones de producción y en la predominante economía de “commodities”. En la coyuntura actual esa lucha define el régimen del Estado respecto a la especulación financiera y la división internacional del trabajo. De aquí la ofensiva deslegitimadora de la derecha, sus golpes institucionales y los grados de violencia de clase en Venezuela, Brasil, Argentina, Honduras, Paraguay, Colombia, México, Haití y gran parte del continente. También han quedado expuestos los límites estructurales que las élites estratégicas globales y sus entramados locales han impuesto a los modelos llamados “neo-desarrollistas”, “pos-neo-liberales” o “progresistas”. Todo exige a las izquierdas del continente más audacia y creatividad estratégica.

La coyuntura internacional bajo el régimen de acumulación transnacional y financiarizado se muestra desfavorable y sobre todo incierta. La crisis reveló las tensiones intrínsecas de Europa y contribuyó al experimento proteccionista del Presidente Trump en los Estados Unidos. Tras el triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina y el ascenso fáctico de Michel Temer en Brasil, estos gobiernos buscan acercarse a México, la Alianza del Pacífico y la Unión Europea. En este escenario, las políticas de desarrollo regional y nacional parecen diluirse y resignarse a disciplinadas apuestas comerciales. Sudamérica está sumida en desequilibrios y estancamiento, en la minimización de costos de producción, en la rebaja de salarios, la precarización del empleo, la degradación de los derechos populares, la inexistencia de exigencias medioambientales y un trágico etcétera. “Libre comercio” y “libre mercado” son expresiones engañosas de la exacerbación de los procesos imperialistas de mercantilización y financierización de la vida. Los efectos de estas políticas son perceptibles a corto plazo por el vaciamiento de las instituciones democráticas, el descrédito y la represión. Los casos de Chile, México y, más recientemente, Brasil son ejemplares al respecto.

Arrastrado por esta vorágine el gobierno frenteamplista intenta sostener sus indicadores sociales, atraer inversión extranjera directa y, a la vez, diversificar su comercio exterior. Tras el frustrado Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el rechazo del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA), Uruguay nuevamente parece dejarse llevar por la corriente sin un claro proyecto de desarrollo.

¿Qué señal? ¿Qué mundo?

Este nuevo TLC entre Chile y Uruguay se presenta como una reafirmación y ampliación del anterior Acuerdo de Complementación Económica. Sin embargo, desde la negociación, la forma y los contenidos del tratado se someten al formato típico de los TLC, incluyendo tanto las normas usuales como otras características: “sur-sur”, “light” y con aderezos de “cuarta generación”.

Nadie duda del recato diplomático que exigen estas negociaciones. Sin embargo esta actitud ejercida en exceso se traduce en el secretismo tantas veces denunciado. Significó un apartamiento de los acuerdos del Frente Amplio y también llevar al límite la norma constitucional.5

Llama la atención que muchos presenten este TLC como un tratado inocuo y a la vez resalten su necesidad. Esto refleja algo más que una contradicción lógica o una retórica falaz. El Canciller Nin Novoa expone este TLC como una “buena señal al mundo”. De hecho, revela su exaltación por la apertura y su desánimo por el regionalismo. No sorprende que esta propuesta reciba el aplauso de representantes del capital concentrado, tecnócratas biempensantes y becarios de capillas neoliberales norteamericanas. La lógica de las puertas giratorias, el tránsito entre los servicios del Estado y la corporación privada ha sido una práctica común desde orígenes de la aplicación del llamado “neoliberalismo”.

Los TLC más que producir mercados más competitivos establecen condiciones propicias para la hegemonía corporativa. Constituyen componentes del sistema de mundialización de la economía, instrumentos promotores de una suerte de gobernanza corporativa global acorde al orden imperial. El mundo del que hablamos está en construcción a través de un conjunto de estructuras múltiples interconectadas: Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP), Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio (CETA), el TISA y la extensa lista de TLC bilaterales o multilaterales que enlazan el continente.6

Por lo tanto, esta “buena señal al mundo” significa la aceptación de la condición subordinada de esta esquina del “patio trasero” como una simple cuestión de sentido común.

Asaltantes con patente

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es un componente sustantivo de la malla institucional tejida por el FMI, el BM, la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Este marco jurídico privado, supranacional, instituye las reglas de juego de las redes globales del capital monopolista. La generación de conocimiento, el trabajo científico-tecnológico, también está sujeto a criterios de apropiación monopólica.

Delgado Wise ha llamado “Sistema Imperial de Innovación” a estas estrategias. Las grandes corporaciones multinacionales entienden que la propiedad intelectual merece regularse como cualquier otra mercancía según sus propios intereses. Por ello, todos los TLC bilaterales contemplan este tema. Los intereses privados se sitúan por encima de la naturaleza de bien común del conocimiento. Para ello es imprescindible la extensión y ampliación de la cobertura de las patentes y la flexibilización de los requisitos de patentamiento. 7 Este sistema es notoriamente perverso. Implica precios de monopolio, pacientes sin capacidad de pago, beneficios exorbitantes en relación a la inversión en I+D, costos de marketing exagerados, inventores estafados, duplicación de recursos y descoordinaciones entre la creación de productos sustitutivos y complementarios. Por último, preservar este lucrativo negocio requiere un ejército de abogados de élite para su resguardo jurídico y el eventual arbitraje internacional.8 Todo es una cuestión de poder.

¿Qué inserción?

El Presidente, el Ministro de Economía y el Canciller han resuelto que el país debe acercarse al Pacífico. La falta de estudios y las incertidumbres que generan los impactos negativos –nos referimos a las industrias afectadas, los puestos de trabajo, el sistema sanitario, los usuarios de la salud, etc.– demuestra no solo la ausencia de un plan de desarrollo. También evidencia la débil formación del equipo negociador frente a la experiencia chilena en la firma de estos tratados.

No sorprende que la derecha uruguaya aplauda la firma de este tratado. Tampoco que las voces de alerta surjan desde la misma fuerza política del Ejecutivo. Para muchos de nosotros se trata de una cuestión de soberanía. Este TLC es una ruta sin retorno en materia de niveles de liberalización, priorización de rebaja de aranceles e inclusión de temas como las compras públicas, los servicios financieros, el comercio electrónico y la propiedad intelectual. Este es el sentido de la inclusión de compromisos tales como las cláusulas de “trinquete”, “status quo” y “nación más favorecida”.  Esta ruta conduce de retorno hacia el TISA y el TPP pasando por la Alianza del Pacífico.

El gobierno puede negociar acuerdos de complementación y considerar fórmulas de cooperación con una mejor posición en las cadenas productivas como horizonte. El desarrollo de las capacidades productivas, tecnológicas y organizativas es el mayor desafío de nuestra época sobre todo para los países periféricos. Sin embargo, los incentivos de este tratado fueron: por un lado, la posibilidad de alguna diversificación con los miembros de la Alianza del Pacífico, vender materias primas, colocar software e ingresar al negocio del patentamiento; por otro, escapar de las notorias dificultades del Mercosur. Con una actitud pragmática se intenta una apertura hacia un mundo cada día más asimétrico sin estar bien preparados para ello, en particular con respecto a la política de innovación. De afirmarse este rumbo, el resultado será la captura corporativa del Estado uruguayo.

1 |  Integra la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (CARIFA) y el Comité Central del PVP.

2 |  Altvater, Elmar. El fin del capitalismo tal y como lo conocemos. Barcelona: El Viejo Topo, 2012.

3 | Fontes, Virgínia. O Brasil e o capital-imperialismo: teoria e história. 2. ed. Río de Janeiro: EPSJV/Editora UFRJ, 2010.

4 | González, Érika. Ponencia en Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, Montevideo: Escuela de Gobierno del Parlamento, Cámara de Representantes, 2017.

5 |Nos referimos al derecho a la información establecido en el VI Congreso del Frente Amplio “Rodney Arismendi. 100 años de Líber Seregni”. También a la Constitución de la República, Artículo 85.

6 | Burgaya, Josep. Adiós a la soberanía política. Los tratados de nueva generación (TTP, TTIP, CETA, TISA…) y qué significan para nosotros. Barcelona: Ediciones Invisibles, 2017.

7| Delgado Wise, Raúl. Claves para descifrar el sistema imperial de innovación comandado por Estados Unidos. Visitado el 11/11/17,<https://www.researchgate.net/publication/315764473_Claves_para_descifrar_el_Sistema_Imperial_de_innovacion_comandado_por_Estados_Unidos>. 

8 | Encaoua, David; Guellec, Dominique; y Martínez, Catalina. Sistemas de patentes para fomentar la innovación: Lecciones de análisis económico. En Abottes, Jaime; y Corona, Juan Manuel; coordinadores. Economía de la innovación y desarrollo. México: Siglo XXI/Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Xochimilco, 2011.

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