jueves 23 de noviembre, 2017

Vale la canción buena tormenta

Publicado el 08/11/17 a las 9:01 pm

El peligro de parar el avance en la protección de derechos

Por Luca Veloz

El Partido por la Victoria del Pueblo reafirma el compromiso con los trabajadores y sus problemas. Luis Puig habla de las leyes obreras trancadas en el Parlamento. 

La denuncia de una brutal agresión sufrida por un trabajador rural, a manos de un capataz en una estancia del departamento de Salto, desató una serie de investigaciones judiciales y administrativas, y reflotó una discusión que nuestra sociedad reedita cada cierto tiempo. Una discusión sobre el papel de la justicia, la convivencia y la necesidad de una regulación clara y específica sobre las relaciones entre desiguales. Este marco regulatorio es necesario para mantener las condiciones de convivencia en paz, pero sobre todo para evitar el avasallamiento de los más débiles y fomentar un desarrollo más equitativo.

Más allá del discurso mediático y el ágora virtual donde pretendidos expertos opinadores ejercen una esgrima dialéctica que no hace otra cosa que distraer el foco de importancia. La indignación es saludable, la denuncia es imprescindible pero lo verdaderamente importante es ocuparnos del tema. En un Estado de derecho lo que garantiza una mayor justicia social es la vigilancia del cumplimiento de las leyes, que antes deben ser aprobadas.

Uruguay se ha caracterizado y es visto en el mundo como un lugar de protección laboral y social de avanzada. Esto se remonta al principio del siglo XX cuando José Batlle y Ordóñez desarrolló toda una legislación garantista de los derechos de los trabajadores. Batlle es reconocido como el padre de estas reformas de protección de los trabajadores pero lo cierto es que esas reformas, consideradas de avanzada, se concretaron gracias a las intensas movilizaciones de los trabajadores de la época. El proyecto de ley de ocho horas presentado por Batlle y Ordoñez estuvo un lustro demorado en el Parlamento y las trancas venían desde el propio Partido Colorado en acuerdo con el Partido Nacional. Cuando las ocho horas obtienen la aprobación definitiva, los principales gremios ya habían alcanzado por la vía de la movilización estos derechos.

El diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Luis Puig, dijo a la revista Compañero que “la legislación vinculada a la protección de los trabajadores no se puede desprender de la lucha provocada por los propios asalariados incidiendo en otros sectores de la sociedad para su aprobación”.

El legislador del Frente Amplio (FA) remarcó que esta es la historia de las leyes obreras en el Uruguay “también en el período de los gobiernos del FA, donde hubo una larga lista de leyes aprobadas y se reinstaló la negociación colectiva –que fue desconocida durante la década de los 90–. En esto se puede identificar una voluntad política del gobierno del FA. Pero también existe una fuerte movilización de los trabajadores por los Consejos de Salarios, la Negociación colectiva, la ley de Responsabilidad penal del empleador, todas las diferentes leyes que estuvieron plateadas”.

Sin embargo, el ex dirigente sindical advirtió que existe una fuerte presión desde las cámaras empresariales para cambiar la Ley de Negociación colectiva. “La evidencia está en la concreción de la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, dijo al tiempo que señaló que “lo que algunos analistas califican como ‘competitividad en la región’ es el avance de las políticas neoliberales, la restauración de derecha”. Restauración que llevó a Paraguay a un régimen de baja regulación: con salarios bajos y no reconocimiento de los derechos. A un Brasil que afronta una reforma laboral que significa un retroceso de décadas en derechos de protección adquiridos por los trabajadores. “Se plantea el aumento de la tasa de ganancia de los empresarios a través de la rebaja salarial, la precarización de las condiciones laborales, y el desconocimiento de las organizaciones sindicales”, ejemplificó con “Argentina donde el gobierno de Mauricio Macri en dos años ha desmantelado gran parte de la protección de los trabajadores”.

En este marco regional, en el que está inserto el país, se da el debate sobre el cuidado de la economía y las concesiones a las inversiones. Se argumenta que el país crece si es más atractivo para el empresariado, brindando seguridades jurídicas al capital y reduciendo costos sociales. “Para nosotros es fundamental que el gobierno del FA supere las resistencia de la derecha y los sectores empresariales y avance en materia de prevención social”, remarcó Puig al destacar que hoy existen un paquete de leyes de protección de los trabajadores que están a estudio del Parlamento. Con diferentes niveles todos estos proyectos están sufriendo un tratamiento lento.

Fondo de Garantía por Insolvencia Patronal

“Hay una ley que presentamos con el diputado Carlos Reutor, del MPP, que propone la creación de un Fondo de Garantía por Insolvencia Patronal. Para que cuando una empresa se declara insolvente los trabajadores no queden colgados del pincel sin cobrar licencia, salario vacacional, despido, etcétera”, recordó Puig. “Hoy nos dicen que los créditos laborales están en una situación privilegiada en la ley de concursos, pero cuando no existen recursos son los trabajadores los que quedan sin cobrar. Los ejemplos están a la vista, los trabajadores de La Spezia y Fripur. Aunque las condiciones de hoy no se pueden equiparar con la situación que vivió el país en los años 2003 y 2004, pero sí existen una gran cantidad de trabajadores que quedan sin cobrar créditos de subsistencia. Lo que les impide mantener a sus familias. Es para darle de comer al otro día, no es para inversión”, reflexionó.

Este proyecto está siendo tratado en la Comisión de Legislación del Trabajo, integrada por los diputados: Daniel Placeres, Gerardo Núñez y Luis Puig, por el Frente Amplio; Gerardo Amarilla y Ruben Bacigalupi, por el Partido Nacional y Fernando Amado por el Partido Colorado. Esta comisión se reúne dos veces por semana recibiendo delegaciones patronales y sindicatos.

El articulado establece la creación de un fondo de garantía que se financiará con un aporte de un 0,5% de lo que las empresas pagan al Banco de Previsión Social. Por cada $100.000 de sueldos que las empresas pagan, deberán aportar $500 al Fondo que será administrado por una Comisión tripartita de trabajadores, Estado y patronal. Este organismo estudiará cada uno de los casos definiendo si se configura la insolvencia y corresponde pagar los créditos.

“Esto no es un invento nuestro, es parte de un convenio de OIT que se está aplicando en varios países y ya forma parte de la jurisprudencia en estos lugares. Garantizando los créditos laborales en caso de cierre de las empresas”, insistió al argumentar que “hoy el FA recuperó la mayoría parlamentaria, esto debe tener prioridad en la agenda legislativa. Tenemos claro que hay sectores de la derecha que atendiendo a los intereses de las cámaras empresariales se oponen rotundamente argumentando que esto es un nuevo impuesto. El FA debe contestar a este hostigamiento con señales claras, convocando a los trabajadores a movilizarse en defensa de este fondo de garantía. Hace dos años que lo presentamos”. Algunas diferencias de interpretación del proyecto que existen entre los legisladores y el Poder Ejecutivo podrían estar ralentizando el tratamiento de esta norma que Puig definió como “imprescindible”.

Trabajadores tercerizados

El ex dirigente de los trabajadores del gas señaló su preocupación por un sector que viene creciendo en nuestro país y fundamentalmente en el Estado uruguayo: los trabajadores tercerizados. Al mirar el panorama laboral de la región encontramos una presencia de la tercerización laboral en todos los sectores de la actividad económica, industrias, servicios, incluso en las actividades primarias.

Uruguay, luego de sus campañas contra la venta de las empresas públicas, está sufriendo un proceso de privatización por vía de las tercerizaciones en distintas dependencias y empresas estatales lo que lleva a la imposición de condiciones diferenciales para trabajadores que comparten horario, espacio físico y hasta tarea dentro de un organismo público. “Hoy estamos en un proceso de desregulación de las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados, tanto en el ámbito público como privado”, dijo Puig. El legislador denunció que existe “una estrategia empresarial de tercerizaciones que provoca que en un mismo ámbito laboral los trabajadores tienen distinto salario, condiciones de trabajo, contrato. Es imperioso atacar esta problemática”, remarcó.

Ley  de inclusión laboral para personas con discapacidad y la modificación a la Ley vigente de nocturnidad

Hay otras dos leyes detenidas en el Senado y que fueron votadas por unanimidad en la Cámara de Diputados: la de Inclusión laboral para personas con discapacidad y una modificación a la ley vigente de nocturnidad. La ley N° 19.313, conocida como Ley de nocturnidad, que se aprobó para desestimular el trabajo en horario nocturno, atendiendo a las investigaciones en el área de medicina laboral y las recomendaciones de los organismos internacionales, que señalan que es un factor de deterioro de la salud de los trabajadores.

A partir de esta los trabajadores de todos los sectores de actividad, públicos y privados cuya jornada laboral se desarrolle total o parcialmente entre las 22 horas y las 6 del próximo día recibirán una compensación de un 20% del salario básico que percibe o una reducción de la carga horaria en el mismo porcentaje. Quien elige el beneficio a aplicar es el empleador, pero la norma prevé que puede mediar un acuerdo producto de la negociación colectiva.

El proyecto original presentado por Luis Puig recibió modificaciones para su aprobación en el año 2015. Y pese a ser considerada un avance muy importante ya que hasta ese momento la actividad de los nocheros –como se los conoce– solo estaba regulada para regímenes particulares; su autor señala que necesita mejorarse.

En setiembre pasado Diputados votó las modificaciones que elimina la base mínima de cinco horas que exige la ley para que las personas tengan derecho a cobrar la nocturnidad. Lo que plantea el texto que espera el tratamiento en la Cámara Alta es que ya sea una, dos o tres horas las que caigan en el horario establecido como nocturno el trabajador cobre el porcentaje que corresponde al beneficio.

El proyecto que genera una cuota de inclusión laboral para las personas con discapacidad en el ámbito privado fue presentado por el diputado Óscar Andrade del FA y para Puig “es una necesidad imperiosa como cuestión de equidad y justicia social”.

Descanso para trabajadores con turnos rotativos

En materia de salud laboral el diputado Carlos Coitiño del PVP, presentó una ley que establece un régimen de mayor descanso para los trabajadores que realizan turnos rotativos. “Estos proyectos que vienen con un respaldo de la Cámara de Representantes deben ser aprobados de inmediato”, concluyó Puig.

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