Miércoles 24 de Mayo, 2017

“Sin recursos solamente hay discursos”

Publicado el 08/05/17 a las 3:42 pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Benjamín Nahoum

Por Ana Amorós

Una charla franca, totalmente espontánea, sin guardarse nada ni regatear información alguna, con nuestro entrevistado.

¿Entiende que la vivienda es un tema prioritario en nuestro país?

Sin ninguna duda, sigue siendo un tema prioritario. Lo es desde que se aprobó la ley de vivienda, hace casi 50 años y antes. A pesar de la ley y de algunos momentos que hubo impulsos fuertes, seguimos teniendo un déficit importante de viviendas. Mucha gente vive en viviendas que no merecen llamarse tales y gente que paga por ellas cantidades desproporcionadas, que afectan la satisfacción de otras necesidades básicas.

Dada la situación actual ¿Crees que puede haber soluciones a esta imperiosa necesidad humana? Porque no es otra cosa que eso.

Sí. La vivienda es una necesidad reconocida en nuestra Constitución, en la Declaración de los Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Se ha escrito una y mil veces que es un derecho, una necesidad y sobre su importancia. Pero sin saber a dónde ir a pedir para que sea efectivo ese derecho.

Hoy el tema pasa fundamentalmente por los recursos. En el período pasado se estructuró un Plan de vivienda que tenía una gran virtud: una batería de herramientas para atender un problema que es multidimensional, muy complejo, y que no se arregla con una sola bala. Se necesita un menú, y se lo armó: hoy, el Ministerio tiene una batería de programas amplia. Todavía hay cosas a abordar, pero hace mucho tiempo que no hay, si alguna vez la hubo, una batería tan importante de acciones. Algunas son a cuentagotas, porque el tema es que las políticas sociales sin recursos son voluntarismos, puro discurso. Hoy seguimos con los mismos presupuestos que teníamos en la década de los 90, que andan por el 0,5% del PBI. La vivienda deja de ser prioridad, y el presupuesto sigue siendo igual. En el primer gobierno del FA se planteó que había otros problemas urgentes que debían ser atendidos quedando la vivienda para el período siguiente. De ahí, que tuvo el mismo presupuesto del gobierno anterior. En el 2010 se crea el Plan Juntos dado que se reconocía que había una emergencia nacional en vivienda, pero volvió a ser el mismo presupuesto o menos, en estas cosas no hay que hacer las cuentas en dólares sino en ladrillos, y en ladrillos, la plata en 2010-2014 era menor que en el 2005-2009 y en el 2015-2019 (o mejor dicho en 2015-2017, porque por primera vez tenemos un presupuesto de dos años), es menor al período pasado. Tenemos herramientas, una base legal que es muy importante (todavía hay cosas para hacer, hay algunos huecos que requieren acción parlamentaria complementaria, pero hay una base muy sólida, como en pocos países), pero sin recursos no hay  soluciones concretas, la situación no cambia.

¿Cuáles son a tu entender los pasos a dar, el camino a seguir? ¿Cuáles son tus prioridades dentro de estos menús?

Hay cosas que son más importantes que otras, algunas son más difíciles, más caras, pero yo no relegaría ninguna: necesitamos construir viviendas; actuar sobre el mercado de alquileres; tener en cuenta situaciones de mucha precariedad que existen y que hay que mejorar; poner en valor el stock habitacional, parte del cual está desocupado y parte abandonado. Cualquiera de esas cosas requiere dinero, algunas más que otras.  Se están haciendo cosas que están muy buenas, pero vienen en frasco chico, casi de muestrario, necesitamos pasar sino al tamaño familiar, o por lo menos al tamaño mediano.

Tenemos algunas muy poderosas herramientas, el cooperativismo la primera de todas, sin duda, que además es una herramienta que ahorra mucha plata, porque las cooperativas hacen viviendas de similar calidad por la mitad del dinero que las empresas constructoras exoneradas de impuestos. Cada cooperativa le está ahorrando al Estado el 50% de la inversión que tiene que hacer por el camino del mercado. Pero las cooperativas ni tampoco la vivienda nueva son lo único que se necesita: hay problemas de servicios, de saneamiento, de calidad, que exigen mayor área, mejores terminaciones, aislaciones. El problema de lo que se llama el déficit cualitativo, o sea la carencia que tienen las viviendas existentes, es tan importante como el cuantitativo (las que faltan). Entonces, ¿mejoramos o construimos? Ambas cosas, porque no es una oposición; hay que hacer las dos, y para hacerlas de una manera significativa, con impacto, tenemos muy pocos recursos.

¿Crees que existe la voluntad política para estos cambios, que están los recursos necesarios para emprender ese desafío? No podemos olvidar que se viene la Rendición de Cuentas.

La voluntad política tiene que existir, porque está en el programa del Frente Amplio. Siempre recuerdo que Tabaré, tanto siendo intendente como presidente, planteaba que él tenía dos Biblias: una era la Constitución y la otra el programa del FA. Una de las Biblias, dice que debe haber recursos, que es un tema muy importante. En el presupuesto actual, no está. Puede estar, redistribuyendo recursos que se usan para cosas menos prioritarias. Mantenemos un presupuesto de seguridad, que a pesar de que es por donde empiezan los informativos de televisión, uno ve que hay cosas que sí son necesarias y otras que no, sobre todo en seguridad externa: este ejército que tenemos, ¿contra quién vamos a pelear?

Por otro lado, el programa del FA se efectiviza si hay una redistribución de la riqueza del país, que sigue concentrada en pocas manos. Está demostrado por muchos trabajos, que los sectores más carentes han mejorado su condición, la brecha con los más favorecidos se ha abierto, entonces tenemos que recurrir a los segundos, aunque nos cueste en términos de votos. Eso de que el espacio fiscal no lo permite, no lo creo, porque a veces lo permite y a veces no. Cuando en las épocas de blancos y colorados, se hacían ajustes fiscales el espacio fiscal siempre lo permitía. Había que aumentar el presupuesto para pagar deuda externa, para tener ese famoso superávit primario, y se aumentaba: así nos aumentaron el IVA, nos pusieron el COFIS, y ¿por qué para hacer estas cosas que la sociedad necesita no podemos también ensanchar un poquito el espacio fiscal?

Incluso puede haber recursos genuinos, propios, desde el sector vivienda: por ejemplo, impuestos a la vivienda desocupada, impuesto al baldío, impuesto a la vivienda suntuaria. Esas cosas, por un lado generan recursos, pero por otro lado estimulan otro tipo de acciones. Si ponemos a alguien un impuesto por tener una vivienda desocupada, no va a tener ganas de tenerla así por mucho tiempo, y es probable que en corto plazo se vuelva una vivienda ocupada. Eso también es una solución. Esos instrumentos fiscales tienen doble finalidad: recaudar, pero también inducir a que el mercado haga determinadas cosas, porque acá al mercado siempre lo inducimos sacándole impuestos, nunca poniéndoselos.

¿Existe alguna forma de que tantas casas abandonadas, tapiadas, puedan dar alberge a otros que lo necesitan?

Desde 2012, tenemos un proyecto presentado por dos compañeros de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti y Mauricio Guarinoni, en la cámara de diputados, que hasta 2015 durmió en una comisión y ahora creo que está durmiendo en otra. Ese proyecto plantea una cosa muy simple: que lo que está abandonado, tiene que volver a la sociedad, tiene que declararse vacante, y lo que es vacante es del Estado. No estamos hablando de desocupado, sino de abandonado, que es una cosa distinta y mucho más grave, porque una vivienda puede estar desocupada (hay demasiadas), pero eso puede ser parte de un sistema de alquileres donde tiene que haber viviendas que estén esperando que alguien las alquile. O las compre. Una vivienda abandonada tiene problemas de deterioro, está perjudicando de muchos modos a los vecinos, y no está cumpliendo un fin social. Ahí sí, necesitamos una herramienta jurídica, para esos casos que a veces tienen detrás alguien que se murió sin testar, que se fue del país, o una S.A. que quebró. Casos que no se arreglan poniéndole impuestos, porque con eso no afectamos a nadie. Aunque no exista un propietario, se sigue defendiendo el derecho a la propiedad.

Ese proyecto está ahí, muchas organizaciones sociales han planteado su apoyo, la Defensoría del Vecino lo planteó con mucha fuerza, hay estudios que nos dicen que una cantidad importante de edificios se podrían recuperar. Aún así no pasa nada y tengo la sensación de que es por el temor a meterse con la propiedad privada.

¿Qué opinas sobre la situación actual con el precio de los alquileres?

Carísimos: hoy un alquiler cuesta más que una cuota para comprar una vivienda. Es una solución más rápida; la compra de una vivienda (construida) puede ser rápida, pero si hay que construirla como en el caso de las cooperativas, es una apuesta a mediano plazo. El propietario que tiene una vivienda para alquilar aprovecha, y puede hacerlo porque desde la dictadura estamos bajo un régimen de libre mercado absoluto, con el gran argumento que haciendo muy atractivo el mercado de arrendamientos iba a haber colas de inversionistas para hacer viviendas para alquilar. Como consecuencia se aumentaría muchísimo la oferta, y por la ley de la oferta y la demanda, los alquileres bajarían. No sé si en algún país del mundo esa ley se cumple, pero en un mercado chico como el nuestro es pura ilusión.

Lo que pasó fue que apenas se mandó todo al mercado libre, los alquileres subieron y no bajaron nunca más. Ahora, cuando aparece esta ley, llamada Vivienda de Interés Social, una de cuyas vertientes es el alquiler, sus defensores y promotores plantean el mismo argumento, pero ya hay bastante construido y la oferta aumentó, pero los alquileres no bajan.

Necesitamos volver a las viejas ideas de que hay cosas que pueden estar en el mercado y otras que no, y que el Estado las tiene que regular. Lamentablemente, cuando en dictadura se instauró el libre mercado se tomaron recaudos para que eso no tuviera marcha atrás. Uno ellos fue establecer un compromiso por ley, por el cual si a alguna legislatura siguiente se le ocurría cambiar el régimen, aquellos que habían construido al amparo de ese sistema de libre mercado iban a ser indemnizados por el Estado, por el lucro cesante.

¿Eso está en ley?

Efectivamente, además una ley que cuando el plazo venció, porque ya venció, se prorrogó. Entonces es casi como el crimen perfecto. Desde la Unidad de Vivienda de la Comisión de Programa del FA se había propuesto una cosa que, conviviendo con eso, permitía alguna forma de regulación: se aceptaba que el mercado libre siguiera, porque no se pretende regular todo el mercado (tampoco lo necesitamos: la vivienda suntuaria que esté en mercado libre), pero hoy se le están dando beneficios a propietarios e inquilinos para que el mercado se haga más fluido: garantías, algunos subsidios –que se ha hablado de ampliarlos, lo que con un alquiler que se fija libremente, es absurdo, es subsidiar las ganancias del propietario–. Entonces la propuesta era: hagamos dos mercados, uno libre y uno regulado, pero el apoyo del Estado (las garantías, el subsidio, préstamos blandos para refaccionar viviendas), se le da al que acepta ser regulado; con el que no acepta no pasa nada, si no quiere regulación que alquile como pueda, pero que no me pida ayuda ni subsidio.

Hay también una propuesta del compañero Gerardo Núñez, que plantea una regulación, la cual significaría volver a lo que teníamos antes de la dictadura. Si todo eso si se junta, puede constituirse un buen mecanismo, pues la única manera de que el sistema de arrendamientos funcione bien es que haya por lo menos una parte regulada.

Se habla de solucionar el problema de los asentamientos, ¿realmente es posible eso?

En el modelo de sociedad que nosotros aspiramos tiene que ser posible, porque si no tenemos que corregir el modelo. Hoy, en Uruguay, esto tampoco tiene una dimensión que haga pensar que no sea posible. Pero en esto, como en medicina, está la prevención y la cura; regularizar es la cura, pero si no prevenís vas a estar siempre regularizando. La regularización hay que hacerla, porque la gente que está viviendo ahí tiene dificultades muy grandes, pero al mismo tiempo tenemos que ir creando las condiciones para que no se formen otros asentamientos. Todo el tema por el acceso a la tierra, los créditos blandos para construir, préstamos a las cooperativas y todas las herramientas que generan una vivienda popular accesible para los sectores de menores ingresos.

¿Cuál es el papel de las cooperativas y el real alcance de las mismas?

El porcentaje de los recursos que el Estado dedica al sistema cooperativo es del 30% del presupuesto, ahora puede ser un poquito más incluso, que es un porcentaje de los más altos que ha habido. Pero los porcentajes son significativos si se calculan sobre una cantidad significativa. Le decía a un compañero que estaba en la Dirección Nacional de Vivienda y que enfatizaba que se estaba destinando el 25 o 30% a las cooperativas, que el 30% de poco es poco: si hay más recursos no me importa si es 25 en vez de 35, pero con pocos recursos el 35 no me alcanza. Hoy por hoy todo el sistema cooperativo está como contenido; ha crecido mucho, pero no crece más porque no hay espacio para que crezca más. Este año se van aprobar créditos para 1500 viviendas cooperativas, al último llamado en que se adjudicaban créditos para construir 750 viviendas, se presentaron más de dos mil, o sea que se va formando una bola de nieve que en algún momento el Ministerio la ha ido conteniendo ampliando esos cupos, pero que en definitiva hace que la gente no sienta que hay un camino claro y relativamente corto por delante. Esos cupos que se van fijando están regulando el número de cooperativas que se forman. Si hubiera más recursos y si en vez de 1500 fuera el doble, sin duda alguna habría muchas más cooperativas.

Hay una gráfica muy interesante de la cantidad de cooperativas que se forman por año, que muestra saltos muy importantes: por ejemplo a fines de la dictadura, cuando de una situación donde no se otorgaban personerías jurídicas, que es como decir que no hay cooperativas porque sin ella no se puede hacer nada. Los créditos estuvieron suspendidos varios años, no se creaban cooperativas porque no había expectativas. Crear una cooperativa era casi una cuestión simbólica, mostrar que te adherías al sistema, pero sin posibilidades reales de poder construir. Cuando termina la dictadura, en pocos meses se forman cien cooperativas, que eran prácticamente una tercera parte de las que había. Hay otro momento en que se produce un salto, que es cuando gana el Frente Amplio. Por eso no se puede medir la importancia en función de la demanda actual, porque está contenida porque los préstamos no salen; ahora salen mucho más rápido que antes. Hay cooperativas que estuvieron veinte años para poder construir, y ahora salen en cuatro o cinco, pero eso también es bastante para gente que está con situaciones que tiene que resolver rápidamente

¿Qué piensas de las viviendas del BPS? ¿Realmente son un paliativo?

Cuando hablaba de que hay una batería de cosas que actúa sobre diferentes partes del problema, las del BPS son una de ellas, y es muy interesante porque el papel que han tenido los grupos de jubilados sobre ese sistema ha sido muy importante, muy activa. Además se amolda bien, porque un jubilado no se va a meter en una cooperativa para hacer una vivienda en cinco años y pagarla en veinticinco. Es una buena solución, que ha tenido sus problemas pero se van solucionando: al principio las viviendas se construían pensando que los jubilados lo que precisaban era una casita de una planta y entonces se construían en lugares que estaban demasiado lejos de los servicios, de las mutualistas y los hospitales, y eso complicaba. Ahora se ha pasado al otro extremo, a las torres, pero ésas son cosas que se van ajustando y capaz que la solución pasa por el lado de también ahí ofrecer alternativas. Por ejemplo, hay una propuesta que habíamos hecho desde FUCVAM con ONAJPU, otra de esas cosas que todo el mundo te dice que es una idea bárbara, pero después no pasa nada: era hacer programas mixtos de cooperativas y jubilados, porque una de las cosas que uno ha visto, incluso en las cooperativas, es que cuando se junta gente muy homogénea, aparecen problemas porque todo el mundo tiene las mismas dificultades.

En todos los países es igual, en todas las culturas.

Sí, lo mejor es la heterogeneidad, que de alguna manera es la esencia de nuestros barrios: cosa más heterogénea que un barrio no hay, y esa característica da potencialidades. Las cooperativas cuando se constituyen y cuando construyen están integradas por gente joven, por eso, que dentro de un conjunto cooperativo pudieran tener viviendas los jubilados daba una posible sinergia bien interesante, en la que el jubilado no sólo pudiera recibir apoyo sino que pudiera darlo también, desde el punto de vista de cuidar que los chiquilines estén seguros, protegidos y cosas de ese tipo. Ésa puede ser una muy buena idea.

Una última pregunta, ¿qué franja etaria a tu parecer puede ser la más afectada?

Los extremos son los más afectados: la gente muy joven y la gente de mayor edad. Los primeros porque si bien tienen todas las potencialidades y tiempo para que la solución llegue, también tienen más dificultades para ahorrar, viven mucho más al día, requieren soluciones que no sean a demasiado largo plazo. Un muchacho de 17 o 18 años que se quiere independizar no se mete en una cooperativa. La idea de cooperativa está más asociada a la familia, a la pareja y más todavía si hay hijos, pero en determinado rango etario digamos más bien veinticinco, treinta, cuarenta años. Entonces estaría bueno que, por ejemplo, hubiera viviendas para alquiler de mono ambientes o viviendas de un dormitorio, en condiciones razonables, que las pudieran pagar, que la garantía no fuera un problema para los jóvenes; eso sería una solución muy buena, incluso para parejas jóvenes. Y en la otra punta existe la misma dificultad en los jubilados: el tema del ingreso hace muy difícil poder pagar un alquiler, entonces también hay que ir a soluciones adaptadas a ese tipo de problema y creo que las del BPS son una solución bien interesante.

 

Benjamín Nahoum, ingeniero civil e investigador y docente universitario, es asesor de FUCVAM y Coordinador de la Unidad de Vivienda de la Comisión de Programa del Frente Amplio. Ha sido Coordinador del Sector Vivienda del Centro Cooperativista Uruguayo y Asesor en Vivienda de la Intendencia de Montevideo. Es autor de numerosas publicaciones sobre vivienda social.

TOMADO DE “Compañero, La Revista”, abril/2017

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