Miércoles 24 de Mayo, 2017

Rendición de Cuentas 2017: ¿los números hacen al programa o el programa hace los números?

Publicado el 28/03/17 a las 6:30 am

Javier Miranda entregó al presidente Tabaré Vázquez una carta con «Propuestas del FA para la Rendición de Cuentas y balance de la ejecución presupuestal 2016» donde plantea como prioridades la educación, el Sistema Nacional de Cuidados y salud, vivienda y convivencia ciudadana con énfasis en la violencia de género. Agrega que el Frente Amplio es consciente que «las prioridades propuestas implican prever recursos para su sostenibilidad».

El presidente Vásquez respondió afirmando que las prioridades del FA y del Poder Ejecutivo son las mismas y que el gobierno por el momento no piensa realizar cambios tributarios, pero que aún lo tienen que analizar y de «tomar alguna medida, se buscará no recaer en trabajadores, en la clase media y en quienes lo necesitan».

La declaración del presidente Tabaré enfatiza un elemento central del debate en 2016 que algunos sectores del FA y organizaciones sociales planteábamos sobre la necesidad de no hacer caer sobre las espaldas de los trabajadores, los jubilados y pensionistas, y los más necesitados los efectos de la desaceleración económica.

Tiene relación también con el compromiso del presidente de formar una comisión integrada por las bancadas del FA y representantes del Ejecutivo que evalúe las propuestas elaboradas por diputados para la obtención de nuevos recursos para la educación en la Rendición de cuentas de 2017. Este compromiso surgió ante las diferencias de parte de la Bancada de diputados del FA frente al recorte del Ejecutivo de recursos para la educación en 2016. Necesariamente se deberá buscar la provisión de recursos para atender las prioridades comprometidas.

Un debate que recién comienza en el FA: prioridades y recursos

Esta carta entregada al presidente Vázquez por el presidente del FA , Javier Miranda, no refleja la riqueza del intercambio de la Comisión de Programa y los documentos que esta emitió.

Para el debate en la Mesa política, se solicitó a la Comisión Nacional de Programa (CNP) del FA que elaborara propuestas para la Rendición de Cuentas 2017. La CNP es uno de los pocos organismos donde participan los integrantes del Plenario nacional del FA: todos los sectores y las bases con derecho a opinar y proponer.

Iniciado el trabajo se recibieron documentos de sectores políticos y de las bases del FA, que culminó en la elaboración del Informe con los acuerdos de prioridades que Miranda incorpora en su carta: Educación, Sistema Nacional de Cuidados, Vivienda, Salud y Convivencia ciudadana con énfasis en la Violencia de género. Además el Informe contiene otras prioridades acordadas: «Empleo, sistema productivo y desarrollo sustentable» y «Priorizar la implementación de las leyes ya aprobadas». Finaliza con un quinto punto que plantea la necesidad de prever recursos: «Elementos para la sostenibilidad de las prioridades presupuestales» donde explica que «Varios grupos y delegaciones de base integrantes de la Comisión de Programa entendieron que esta no puede dejar de dar un mensaje claro respecto de la sostenibilidad financiera que estos compromisos entrañan. Para ello, entiende que debe propenderse a implementar un conjunto de medidas destinadas a reducir gastos, tales como la reforma de la Caja Militar o la revisión de las exoneraciones a las empresas. A su vez proponen realizar ajustes en el régimen tributario sosteniendo que estos deben propender a gravar no solo al que gana más sino también al que tiene más, y por ello se plantean medidas destinadas a la revisión de las tasas del impuesto al patrimonio, el IRAE, los gravámenes a la herencia, a las transacciones financieras y a los juegos de azar, entre otras posibles iniciativas contenidas y desarrolladas en los insumos que aportaron a la comisión».

Junto a las prioridades y propuestas de dónde obtener más recursos, se realizó una sistematización de cómo materializar esas políticas públicas. Estas iniciativas de los sectores y bases quedaron registradas en el «Anexo Documento de Programa» que acompaña el Informe que contiene los primeros acuerdos.

Este documento –con sus dos partes– constituye un aporte al debate en el FA, un patrimonio político de todos y todas, base para continuar la discusión con todos los actores políticos y sociales en la perspectiva de la Rendición de cuentas y hacia el futuro.

Pese a ello, este documento no llegó a las manos del presidente.

Estado de opinión en el FA

El Informe y los intercambios en la Comisión de Programa reflejan el estado de opinión de importantes sectores y bases del FA, que como el PVP y el Espacio 567, aspiramos a seguir avanzando en el proceso de cambio en el país. Consideramos que tenemos que apostar a la inversión del Estado en políticas sociales y públicas ante la situación de desaceleración económica y cambiar el rumbo de restricción del gasto y de ajuste. Se deben buscar caminos de promover la economía, la economía social y las pequeñas y medianas empresas, el trabajo y las empresas públicas. También seguir avanzando en políticas sociales. Conscientes de la limitaciones económicas es necesario avanzar en la justicia redistributiva y en la búsqueda de nuevos recursos, de allí las múltiples propuestas realizadas en este sentido.

Avanzar en la justicia redistributiva gravando al capital:
recursos para el plan de gobierno de los próximos tres años

La Rendición de cuentas que se votará en 2017 define las bases presupuestarias para el plan de gobierno de los próximos tres años. Son los recursos económicos que hacen posible que las políticas públicas y en particular las prioridades definidas se hagan realidad. Por eso es importante la discusión de las prioridades, la necesidad de recursos y de dónde obtener nuevos recursos.

Existe un debate con la oposición que ha tenido como centro la crítica al aumento del gasto público. Acusan de despilfarro a las diferentes políticas sociales y de promoción productiva y del trabajo que desarrolla el Frente Amplio. Reiteran el discurso neoliberal que lo que propone es que el mercado solucione los problemas de la desaceleración económica. Ponen el grito en el cielo por el déficit fiscal, repitiendo las recetas de los organismos financieros internacionales para asegurar el pago de la deuda externa, al mismo tiempo que se enfrentan cualquier iniciativa que proponga mayor carga impositiva a los que más tienen. Tratan de desacreditar a las empresas públicas para así cuestionar toda inversión e intervención del Estado en la política económica que pueda afectar los intereses económicos que ellos representan.

Por otro lado, también existe un debate al interior del Frente Amplio y en su relacionamiento con el Poder Ejecutivo que comenzó en 2015 con el cambio por parte del gobierno de las pautas salariales –que significa en la práctica una desindexación del salario–, la contracción del gasto e inversión pública a través del Presupuesto nacional bianual 2016-2017, y el año pasado con la reducción de los aumentos previstos en políticas sociales de la Rendición de cuentas.

Ante las políticas económicas nacionales dominantes, existen dos opciones que suponen una elección de rumbos políticos diferentes: 1) continuar con el camino del ajuste del gasto público que significa de hecho sacrificar o postergar recursos para las política sociales y los objetivos de cambio, o 2) generar nuevos recursos que permitan concretar nuestros objetivos y afirmar así la estrategia transformadora que implica ser consecuente con una nueva política redistributiva.

Este es el nudo central que estamos debatiendo en el FA
y que debemos trasladar a la consideración del pueblo

Para el PVP y el Espacio 567 debemos avanzar en la justicia redistributiva, gravando al capital, afirmando la orientación «que pague más el que tiene más» para poder concretar las prioridades para avanzar en el proceso de transformación en Uruguay.

Partiendo del programa del FA, del Informe de la Comisión Nacional de Programa y de propuestas de las organizaciones populares las prioridades son: el 6% del PBI para la educación, la concreción de la Universidad de la Educación, del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, avanzar en la reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud, fortalecer las políticas de vivienda, generar una canasta de alimentos y servicios accesibles para la población, generar políticas integrales para afrontar la violencia de género, afirmar una política de regularización y formalización de las distintas formas de trabajo precarizado y tercerizado, promover una política nacional de desarrollo que apoye la producción y el trabajo a través de la economía social, el cooperativismo y las micros, pequeñas y medianas empresas.

Este debate recién comenzó, el Frente Amplio debe abrirse al intercambio con el pueblo, con las organizaciones sociales y sindicales, escuchar sus demandas y propuestas.

El resultado de este proceso marcará el rumbo de la acción de gobierno en los próximos años.

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