Miércoles 24 de Mayo, 2017

Política de Drogas y relaciones internacionales.

Publicado el 03/09/13 a las 2:41 am

mrgPor Milton Romani Gerner. Embajador de Uruguay en la OEA.

El Informe de Drogas de las Américas (OEA)

Dixit

Este fenómeno de consumo, producción, distribución y suministro de sustancias naturales o sintéticas ha sido tratado desde una lógica binaria, con dosis bien altas de fundamentalismo cuasi religioso.

Es llamativo que el problema de las drogas siempre quede capturado entre la indiferencia y la alarma social. El peso enorme que tiene para toda la región en gastos de seguridad y costos humanos, no se compadece con la importancia política que se le brinda al tema ni con la seriedad de su abordaje, ni con el seguimiento de las mismas. Toco y me voy parece ser la lógica política y también la diplomática.

Parece vislumbrarse que “las drogas” tienen una implicancia desde la perspectiva de salud pública y no solo de seguridad ciudadana. Que las violencias desatadas en el continente y en nuestro país, parecen explicarse a partir de fenómenos más complejos, de los cuales poco sabemos. No solo referido a la situación de exclusión social y cultural de varias generaciones. También de los modus operandi de otros estratos sociales, de la cultura de la corrupción y de violencias sociales vinculadas a la convivencia familiar y comunitaria.

Geopolítica de las drogas

La diseminación estratégica que en algún momento adquirieron bases y equipo militares de los EEUU alrededor de la Amazonía so pretexto de luchar contra el narcotráfico fue un hecho en los 90 llamó a la consideración geopolítica. La Cumbre de Bariloche de Unasur en 2008 fue otro hito de alarma. Pero luego desaparece del debate político de relaciones internacionales. Del interés geopolítico de cada uno de los países.

El fenómeno global de estructuras empresariales de tipo criminal, organizadas como redes trasnacionales, operan en varios rubros, solo uno de ellos es el tráfico de drogas. Esto fija también un punto inexcusable de la agenda política, a condición de no simplificar nuevamente. Porque el fenómeno criminal no opera solo en el mercado ilícito. Tiene fuertes conexiones con el sistema social y político vía corrupción, y por el lavado de dinero que lo vincula fuertemente a los esquemas financieros y también de otro tipo de transacciones.

A ello debe sumársele una cultura general que podríamos denominar “la banalidad del delito”. Que opera a todos los niveles altos, como la “oportunidad de negocios”, sea cual fuere, o el compra robado que tanto da. Aquello muy visto en nuestro país “yo a los capitales no le pregunto de dónde vienen” o el dogmatismo sobre la confidencialidad y la discreción bancaria. Hemos escuchado esto reiteradamente. Y es verdad: una país en serio cuida y controla el movimiento de activos en las zonas más vulnerables. Hace al prestigio del país y a la seriedad de la plaza que no acepta inversiones chatarras, porque no quiere convertirse en un país chatarra. Esto termina operando como modelo identificatorio para otros pibes chorros. ¿Por qué no?

Un debate necesario

Durante 60 años, este fenómeno de consumo, producción, distribución y suministro de sustancias naturales o sintéticas ha sido tratado desde una lógica binaria, con dosis bien altas de fundamentalismo cuasi religioso. Hay que prohibirlas, establecer diversas listas de peligrosidad, crear una Junta Fiscalizadora y cuidar que todos los estados se porten bien y colaboren. Muerto el perro se acabó la rabia.

Década tras década, se viene anunciando y proponiendo (incluso seriamente) la erradicación total de todos los cultivos de coca, adormidera y marihuana. La pretensión absurda de “un mundo sin drogas”. Aun cuando se reconozca el valor positivo que tienen muchas de ellas (los opiáceos) y el peligro de no acceder por la prohibición.

La realidad es muy otra. Patética. No solo ha crecido todos los rubros sino que los daños ocasionados por un enfoque represivo son mayores que los que causan las drogas. Y es difícil de explicar que mientras el tabaco y el alcohol tienen una carga de mortimorbilidad del 4,2% cada uno, todas las drogas ilícitas tienen el 2,8%. Hacen daño, todas, salvo que políticamente, se decidió controlarlas de diferente manera.

Una nueva situación en las Américas

El Informe sobre Drogas en las Américas, que presentara el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza en la Asamblea General de Antigua-Guatemala y la Declaración que se emitió en ella, merece una consideración muy especial.

El viaje especial que realizó para entregarlo en propias manos al Presidente José Mujica el pasado mes de julio no es casual. Es un reconocimiento a una larga historia de Uruguay en estos temas. De la madurez y tesón presentados al interior y la defensa de algunos principios sobre política de drogas en el Hemisferio y el mundo.

Es un informe que cumple con un mandato surgido de la VI Cumbre de Jefes y Jefas de Estado celebrado en Cartagena en 2012. Pero pone las bases imprescindibles para comenzar un diálogo político que rompa con el pensamiento único y la misa continental, cuyo Santo Oficio fue durante mucho tiempo las certificaciones del Departamento de Estado. El presidente Manuel Santos trasladó la inquietud de varios mandatarios preocupados por la ineficacia y fracaso del modelo denominado guerra contra las drogas, lanzado en 1972 por el presidente Nixon.

El proceso de elaboración del Informe de Drogas en las Américas, (donde Uruguay tuvo un papel destacado) consultando a más de 178 expertos, que conjugan todas las miradas es una excelente base para, como afirmó José Miguel Insulza, comenzar un debate necesario. En la Asamblea General realizada en Antigua comenzó ese diálogo político.

Nuestro país

Uruguay ha sostenido desde que somos miembro pleno de la Comisión de Estupefacientes en el 2008, que es necesario abrir un gran debate sobre fiscalización de drogas. Impulsamos una resolución histórica abogando por “la debida integración de los instrumentos de derechos humanos al sistema de fiscalización de drogas”, Así como el derecho de la sociedad civil a participar en el diseño, ejecución y evaluación de dichas políticas.

Nuestra política exterior ha colocando el derecho internacional de los Derechos Humanos como piedra angular de la misma. Para nuestro país y su posicionamiento internacional, esto es de relevante importancia. No se trata solo de la experiencia uruguaya que incursiona en el complejo desafío de construir otro modelo de fiscalización a partir de regular el mercado de cannabis. Se trata de afirmar una estrategia integral de drogas, con seriedad institucional, equilibrada. Los objetivos que buscan nuestras políticas de drogas son idénticos a los que se proponen la Convención Única de Estupefacientes del 61, del 72 y del 88.

Estamos preocupados por los mismos fines que buscan dichas normas. Aunque reclamamos, es necesario, debatir la situación actual y el estado real de la estrategia para conseguir dichos fines. Eso es inexcusable para la comunidad internacional y ya se comienzan a dar pasos hacia la Asamblea General Extraordinaria de NNUU que en el 2016 revisará la estrategia mundial.

TOMADO DEL Suplento ideario La Republica, 1/9/13.

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